Eduardo Claure
Conversando con un amigo abogado y constitucionalista acerca del Golpe de Estado a Mario Adel Cossío Cortez, primer Gobernador de Tarija electo por voto popular, propiciado por la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija un amanecer de 16 de diciembre de 2010, afirmaba que no hubo “Golpe de Estado”, pues Tarija y la gestión del primer Gobernador no encarnaban un Estado como tal, por lo tanto conceptualmente aquella figura era inaplicable. Pregunté, entonces que figura socio política enmarcaría lo sucedido? Derrocamiento expresa deposición, derribo, conjura y hubo de todo aquello.
Hubo un estado de derecho conculcado; existió una maquiavélica maquinaria partidaria puesta en marcha para ejecutar un atentado a la democracia, a los derechos y garantías constitucionales vigentes precisamente en un Estado de Derecho; hubo una parafernalia orquestada desde el centralismo para actuar en función del menosprecio a la libertad, a la república, al pueblo y al gobierno departamental legítima y legalmente constituido por mandato de la ley, además departamentalmente hablando, de sucesivas elecciones en las cuales Mario Cossío se alzó victorioso frente a todas las fracciones políticas desde diciembre del 2005 hasta aquel momento del aciago amanecer del 16 de diciembre de 2010.
Desde la Asamblea Constituyente del 2007 al 2009, Bolivia vivió momentos de una seguidilla de movimientos cívicos y políticos que embanderados por el proceso autonómico, se dieron en todos los confines del país. Todos clamaban una profunda descentralización que conlleve a una autonomía de la cual Tarija y Santa Cruz vanguardizaban con una energía cívica motivada por una conciencia ciudadana que planteaba una nueva forma de organización del Estado a partir de los departamentos siguiendo el curso de lo que fue la Ley de Participación Popular, la Ley de Descentralización, la Ley del Dialogo 2000, la Ley del Dialogo Nacional Bolivia Productiva 2004, el Referéndum por el Gas 2004, la prosecución de las Marchas de Indígenas de Tierras Bajas que venían desde 1990, la “Guerra del Agua 2000”, hasta la “Guerra del Gas 2003” y otros acontecimientos como las sucesivos cambios en la conducción del Estado que proyectaban una Bolivia diferente en términos de su organización para el desarrollo como indicaban las propuestas autonómicas. Esto último planteaba un rediseño de administración en la distribución de recursos bajo un régimen competencial novedoso a partir del cual el progreso sería en efecto lo esperado por las organizaciones e instituciones convocadas para el desarrollo, la atención a las demandas sociales y económicas de los distintos sectores se atenderían bajo una nueva visión y una misión producto de consensos democráticos gestados in situ y no desde un gabinete o escritorio menos desde el gobierno central. Las perspectivas de un cambio real eran promisorias pues el centralismo adolecía de mil yerros y desde la república se arrastraba un yugo interno que explicaba el atraso nacional en su conjunto y desde las regiones con mayor razón.
Al finalizar los años 70’ y sobre todo durante la década de los 80’ se combinaron en Bolivia dos procesos de desarticulación y de rearticulación de la sociedad. El primero en función del agotamiento del sistema económico y político construido a partir de la Revolución de 1952, que parece concluir con la etapa de la UDP y el segundo en lo que se llamó las medidas del “ajuste estructural” que se dio a escala internacional y que auspició la reorganización de la economía liberal y la consiguiente adecuación de las políticas públicas casi a escala planetaria. Se quebró el Estado del 52 y a influjo de las transformaciones internacionales se presentó un escenario que posibilitaba aplicar reformas a la República de Bolivia. Este fue el escenario que cobijó los conflictos sociales, políticos y económicos de 1984 a 1987, ambos procesos de “rearticulación” signados por las movilizaciones y presiones cívico regionales que se “cerraron” a mediados de los 90’ con la promulgación de la Ley 1551. Se iniciaba un nuevo proceso “descentralizador” y “participativo”, que avizoraba en lo inmediato, también, por la génesis de la Ley 1654 y la gestación municipal a influjo de la Ley 2028.
En la CPE de 1967 se expresaba que los “gobiernos departamentales” tendrían a su cargo la “gestión política y administrativa”, según señalaban los Arts. 109 y 110 de forma contundente, sin embargo en esa Constitución no existían otros mandatos sobre su estructura y demás elementos que posicionasen a un “gobierno departamental”, como ser: forma de elegir a sus autoridades y otros aspectos que hacen a un gobierno departamental, pero lo interesante de este aspecto, es que posibilitó o facilitó la apertura para que los entes cívicos, políticos y referentes políticos regionales inicien un proceso propositivo de diseños institucionales que dio lugar a un transcurso de hechos en serio, para considerar la descentralización como se veía en la óptica “desde abajo”. A este propósito hubo aprontes desde los partidos y sus liderazgos políticos, referentes cívicos, intelectuales y académicos, incluyendo la Cooperación y una diversidad de ONG locales y Fundaciones que imprimieron una dinámica propositiva sin precedentes. Producto de esta acción política y en algunos casos estrictamente partidaria surgieron productos de investigaciones, eventos y colectivos institucionales que tocaron el tema generando un cúmulo amplio y enriquecedor de propuestas, visiones y perspectivas diversas: todos apuntaban “descentralización ya”.
Según la CPE de 1967 los Gobiernos departamentales se limitaban a señalar que se desenvolverían de acuerdo a “…un régimen de descentralización administrativa establecido por ley….”. Bolivia, fruto de la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado en 2009, se definió como plurinacional, comunitaria y autonómica, adoptando una nueva estructura organizacional como modelo territorial, es decir descentralizado y con autonomías. Este diseño estatal define una ordenación institucional por varias vías para asumir la construcción autonómica en los ahora diferentes niveles territoriales, asumidos como tal para su futuro desarrollo.
Esta renovada definición en su diseño luego de los ensayos evidentes de las Leyes 1551 y 1654, pasando por las normativas de las leyes No. 2028 y del Diálogo 2000, hasta llegar a la Ley Marco de Autonomía y Descentralización No. 031, contiene similares retos y fines, desbordados por las complejidades y particularidades del diseño de desarrollo que desde la recuperación de la democracia se ha intentado en propuestas de gobiernos sucesivos, que, finalmente pareció decantarse con lo que fue la propuesta de la LPP de 20 de abril de 1994: aproximar el Estado al pueblo, prestar mejores servicios, disponer de mejor forma los bienes, mejorar la calidad de vida con la aplicación de políticas públicas eficientes y de calidad, donde la participación ciudadana y la transparencia, junto a la equidad social y especialmente la distribución económica y la incorporación política en los niveles territoriales más alejados o dispersos construyendo democracia, fuesen una realidad.
Para aplicar esta nueva visión de país, la propuesta autonómica debía encontrar un asidero fuerte y consecuente del cual Mario Cossío era su líder nato. En su gestión desde inicios del 2006 hasta su salida, impuso un sistema de planificación distinto que trabajaba en base a Rutas del Desarrollo donde las inversiones eran eso y no gastos. Sus principales logros de gestión fueron: i) Políticas prefecturales para resolver problemas estructurales del desarrollo tarijeño; ii) Descentralización radical de competencias; iii) Relaciones intergubernamentales óptimas con los Gobiernos Municipales y Corregimientos Mayores a través de transferencias concurrentes; iv) Creación de espacios y mecanismos de participación ciudadana y control social a las autoridades prefecturales; v) Transformación interna prefectural; vi) Acercamiento del Gabinete al territorio.
La aplicación del modelo cambió radicalmente la forma de administrar la prefectura para encaminarla hacia una forma de gobierno departamental en gestación propiamente autonómica. Estos hechos contundentes fueron plasmados en Informes memoria de Gestión de cada uno de los años del 2007 al 2019, tres años de información veraz, pública, accesible y verificable. La única vez que Tarija dispuso esa información que fue difundida cada año al inicio de una nueva gestión en miles de ejemplares, testimonian aquel intento por transformar Tarija. Lo que vino después de aquel tenebroso amanecer del 16 de diciembre de 2010, quedará inscrito en las crónicas de la historia departamental como la escalada de la incapacidad, la mediocridad, el fracaso y una gestión de perdedores. En el periodo 2011 al 2015, el departamento recibió la mayor cantidad de recursos producto de las regalías y el IDH que en toda su historia republicana, moderna y del proceso de cambio, sin embargo por más que se señalen cuantiosas inversiones la capital y sus municipios adolecen de las elementales fortalezas para el desarrollo no construidas ni desarrolladas, las vocaciones y potencialidades no trabajadas, la vertebración caminera como hace un siglo, el recurso agua con severas deficiencias en acceso y calidad, sus sistemas hidrológicos sin gestión y definitivamente sin un sistema de planificación formal e institucionalizado. Las responsabilidades de estos últimos seis años, personalizadas..?, no, bien gracias.
Estas cualidades de gestión política por el desarrollo, una figura de referencia política no solo departamental sino nacional, fueron las razones para que el MAS destine todos sus esfuerzos, aparataje nacional y operadores locales para propiciar el Golpe de Estado a una gestión política que ponía en rumbo al departamento hacia un futuro que de autonomía sabia bien. El sainete orquestado contra Mario Cossío fue demostrado como tal en apego a la Ley. Hoy la CIDH, ha asumido su caso y quedará demostrado, seguramente, que la justicia tarda, pero llega. Dios bendiga a Tarija..!!