VALERIA METZELAR/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico – julio- 27- 2019) En la audiencia realizada el miércoles por la tarde, el juez cautelar segundo en lo Penal, Gustavo Taboada, emitió un arraigo nacional para el gobernador, Adrián Oliva Alcázar, en el caso de cemento asfáltico, donde el Ministerio Público señala que existiría un daño económico de Bs 700 mil, que es la suma de la compra de este material.
Con esta determinación, el gobernador Adrián Oliva, dijo que no tiene “nada que ocultar” y aclarará todas las denuncias.
“Me apena la decisión del juez, y esto afectará las gestiones que tengamos en otros países”, declaró al salir de las instalaciones del Palacio de Justicia. Oliva tiene arraigo nacional, por ende, no podrá viajar al exterior del país.
En la audiencia, Oliva respondió que están forzando el argumento de que fue realizada una contratación posterior a la entrega de la obra, pero en los hechos, utilizaron el asfalto de otros proyectos para el tramo Santa Ana – Yesera.
El concejal, Alan Echart Sosa, declaró que “en esta coyuntura electoral queda clarísimo que hay una preocupación del Gobierno Nacional que en Tarija esté primero Carlos Mesa, y atacan a Oliva que es el principal líder que le está dando su apoyo, quieren frenar su gestión”, declaró el político que forma parte de la agrupación del gobernador, “Todos”.
Echart hizo énfasis a que esta situación se agrava tras la alianza pactada entre la agrupación Todos de Oliva con Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa Gisbert a la presidencia.
El alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz García, se abstuvo de dar una opinión sobre el tema mencionando solamente que espera que el Ministerio Público realice un trabajo con los métodos de investigación correspondientes de acuerdo a lo que es “realmente justo”.
La candidata a diputada por Comunidad Ciudadana, Lily Morales, expresó su molestia ante la determinación del juez en este caso, recordando los más de 130 casos en contra del exgobernador Lino Condori Aramayo y otros exfuncionarios del oficialismo por presuntos hechos de corrupción.
“Esos son casos que hasta el momento el Ministerio Público no ha podido resolver”, criticó la candidata, quien hasta hace unas dos semanas fue parte de la Gobernación a la cabeza del Fondo de Promoción Económica Departamental.
“Por qué no han hallado las oficinas de Evo Morales, se tiene que hacer justicia con todas las autoridades públicas, esto es una persecución política”, declaró Lily Morales, acotando que “si nos vamos a medir entre autoridades, nos midamos de la mejor manera, no perjudicando la imagen de alguien que ha demostrado hacer gestión”.
El secretario de Justicia de la Gobernación, Iván Vaca Parrado, se refirió al tema manifestando su “preocupación” por la actuación de la Fiscalía y de la Justicia ordinaria, cuando no avanzaron las denuncias por corrupción en la gestión del exgobernador interino, Lino Condori, como del actual subgobernador de Bermejo, Never Vega Salinas, con daños económicos al Estado.
«Este caso es del 2017 y de manera sorprendente recién se realiza la audiencia, ya que existen apelaciones pendientes de resolución con relación a la imputación formal, por que ha sido declarada nula de manera parcial», lamentó el secretario en referencia al caso de cemento asfáltico.
“Pedimos al Ministerio Público actuar con la misma celeridad de los casos de Oliva, añadiendo que los de Condori tienen los respaldos suficientes en cuanto a pruebas y otros, pero en su mayoría han sido rechazados”, declaró.
El ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, dijo “respetar” la decisión de los órganos judiciales, indicando que debe actuarse con la “mayor transparencia posible”.
“No se trata de una persecución política”, refirió el ministro haciendo notar que también existen procesos judiciales en contra de miembros del oficialismo, unos privados de libertad. “Cuando hay hechos punibles debe intervenir el Ministerio Público”, respondió el ministro.
El caso se refiere a la compra de cemento asfáltico para el tramo caminero Santa Ana – Yesera, pese a que ya estaba asfaltado desde el año 2016, donde la Fiscalía encuentra un daño económico al Estado de Bs 700 mil.
Funcionarios de la Gobernación tarijeña y partidarios del gobernador iniciaron una campaña por las redes sociales, especialmente de Facebook con la etiqueta o hashtag “#TodosConAdrian”, para hacer público su apoyo en este proceso penal. (eP)