PABLO ZENTENO/e&e/BOLINFO
Tres departamentos del país, Tarija, La Paz y Santa Cruz, tienen un gran avance en cuanto a consensos de lo que será el tratamiento del Pacto Fiscal, principalmente en dos temas fundamentales, que pasan por pedir un 50% de coparticipación tributaria entre el Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA´s), y de que, para consolidar este proceso, no se aperture la Constitución Política del Estado.
El anuncio lo efectuó, en las pasadas horas, el Secretario de Gestión Institucional de la Gobernación del Departamento de Tarija, Rubén Ardaya Salinas, en el marco del Encuentro de la Tercera Etapa para el Pacto Fiscal sobre la Priorización de Agendas, que se desarrolló en nuestra ciudad y en la cual se contó con la participación de autoridades departamentales, municipales y también del Gobierno Nacional, representado por el Viceministro de Planificación, Roberto Salvatierra.
“Nuestra posición ante el Consejo Nacional de Autonomías para el Pacto Fiscal, es plantear una redistribución de la coparticipación tributaria con el Gobierno Nacional, 50% para éste y el otro 50% para las ETA´s, de manera tal que a las Gobernaciones nos quede por lo menos un 15% de esos recursos económicos, lo cual nos permitiría estabilizar nuestros presupuestos”, explicó Ardaya Salinas, a tiempo de recordar que, en la actualidad, los recursos de coparticipación tributaria se distribuyen en 75% para el Gobierno Nacional, 20% para los Municipios y el restante 5%, para las Universidades Públicas.
En este sentido, adelantó que la propuesta de las tres Gobernaciones indicadas, es que del 50% de la coparticipación que quede para las ETA´s, el 28% se destine a los Municipios, el 7% a las Universidades Públicas y el 15% restante a las Gobernaciones, por lo que se espera que haya predisposición del Gobierno, tomando en cuenta que se trata de una negociación política muy importante que definirá el futuro presupuestario de las ETA’s por lo menos para los próximos 20 años.
“También estamos trabajando una propuesta con las regiones productoras de hidrocarburos, para demandar el 11% de las regalías de los proyectos de industrialización del gas y de energía que se desarrollan en el país, pero a precio de exportación, no a precio del gas de mercado interno”, aclaró Ardaya al recordar que el precio actual del gas que se exporta a Argentina es de 3,8 dólares por mpcc de gas y no de poco más de 1 dólar, que es como se vende al mercado interno, por ser un producto subvencionado.
Finalmente, la autoridad departamental recordó que también se avanzó en un pre acuerdo entre La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, de no aperturar la Constitución Política del Estado con el pretexto de lograr un acuerdo en el Pacto Fiscal, porque se corre el serio riesgo de aprovechar esta situación por parte del Gobierno para modificar las regalías hidrocarburíferas y, por otra parte, propiciar la re re elección del Presidente del Estado Plurinacional.
PACTO FISCAL DEBE TENER ENFOQUE PRODUCTIVO SOCIAL
Por su parte, el Viceministro de Planificación, Roberto Salvatierra Zapata, indicó que la intención del gobierno nacional es lograr un pacto fiscal con enfoque productivo y social, en el marco de la Agenda Patriótica 2025, los Planes de Desarrollo Económico y Social del 2020 y los Planes territoriales referenciales al 2020, para lo cual no cejarán en el esfuerzo de llegar a concertaciones a través del diálogo sano, y la integración del país con enfoque productivo y social.
“Nosotros pretendemos mayor atención a la salud, educación y medio ambiente, hay problemas por el agua, sin embargo, tienen que verse los temas productivos a corto y mediano plazo, el gobierno quiere un acuerdo nacional de hermandad y viendo las prioridades”, acotó la autoridad nacional, a tiempo de enfatizar que es el momento de que Tarija diga, qué quiere y logre un acuerdo político y técnico entre sus autoridades.
Es importante recordar que una vez concluida esta tercera etapa, de priorización de la agenda que se proyectará en la discusión del Pacto Fiscal, viene una fase de análisis de la administración, la mejora del gasto y la inversión entre todos los involucrados, llegando posteriormente a la quinta etapa, de análisis de las fuentes de los recursos y asignación de competencias, proceso que se prevé concluir hasta agosto del presente año.