El contralor general del Estado, Henry Ara, anunció este miércoles que el informe de las auditorías realizadas a los procesos de contratación de los respiradores y de agentes químicos durante el gobierno de Jeanine Áñez fueron completamente ilegales.
En el caso de los respiradores, Ara dijo que la denuncia fue remitida al Ministerio de Salud, para que, en el marco de lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 004, presente una querella adhiriéndose a la denuncia presentada por la Contraloría.
“Se ha encontrado principalmente irregularidades en el proceso de contratación, hay incumplimiento de deberes y principalmente hemos visto los procesos de contratación que han sido procesos ilegales con muchos problemas y en base a eso se ha generado las responsabilidades necesarias y se ha emitido la denuncia con un informe”, detalló.
Explicó que el informe establece responsabilidades de altas autoridades de la gestión de facto y también de privados que participaron en la compra irregular de los respiradores.
“Son varias personas, los informes están en la Contraloría, hay responsabilidades desde altas autoridades hasta todos aquellos que han sido parte del proceso de contratación, hay muchos delitos como incumplimiento de deberes, incluso también en la parte privada, porque se ha visto que hay asociaciones delincuenciales en estos actos”, manifestó Ara.
En el caso de la adquisición de agentes químicos, dijo que la figura es similar y que la denuncia ya fue derivada a los ministerios de Gobierno y de Defensa para que formen parte del proceso.
“Hay varios delitos, pero principalmente está el incumplimiento de deberes, está el tema de asociación delincuencial, porque ustedes saben que ha habido asociaciones con privados, hay problemas con el tema de avalúos, además algunas resoluciones contrarias que se han emitido para darle forma a estas compras”, complementó el Contralor.
En abril de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, el gobierno de Áñez procedió a la compra de 170 ventiladores y 324 respiradores chinos, por $us 16,3 millones. La falta de transparencia e irregularidades en su adquisición derivaron en procesos contra exautoridades del gobierno de facto.