La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la conminatoria judicial emitida para que 13 medios de comunicación hagan conocer nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados al caso de Jhasmani Torrico, por lo que exhortó a los jueces a revisar las normas que protegen la labor de la prensa.
“Este tipo de actos se constituyen en medios de amedrentamiento para este sector fundamental de la sociedad boliviana y, por lo tanto, en un medio indirecto de limitación a la libertad de expresión”, afirmó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz a través de una nota de prensa difundida este viernes.
Recuerda a las autoridades del Órgano Judicial que todas las peticiones realizadas dentro de procesos penales en las que se encuentren inmersos trabajadores de la prensa por hechos o actos desarrollados durante su labor periodística, deben enmarcarse en los estándares internacionales de la libertad de expresión y de prensa previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como también en las previsiones contenidas en la Constitución Política del Estado referentes a la comunicación social e información.
Exhorta a las autoridades penales a realizar un análisis pormenorizado de los estándares de protección a los trabajadores de la prensa y al trabajo de los medios de comunicación antes de emitir conminatorias sobre otorgación de información.
Indica que el artículo 107.II de la CPE señala, expresamente, que la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad.
Sin embargo, cuando se trata de casos de transgresión de estos principios por parte de los medios, la instancia para su verificación se concentra en las propias organizaciones de periodistas y medios de comunicación que verificarán el cumplimiento de los principios mediante normas de ética y autorregulación.
Cita también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el Principio N° 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece la prohibición de intimidación o amenaza en contra de todo comunicador social.
Fuente: Erbol