MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE…ESA CAJA DE PANDORA

Hugo Menchaca Alli
Hablar de Minería y Medio Ambiente en nuestro país, y también en el contexto internacional, es una verdadera Caja de Pandora, que inclusive llega a lo imaginario en que el hombre es capaz de destruir la naturaleza para obtener un mineral o metal simplemente con afanes de codicia. Pero la historia de la actividad minera tiene sus bemoles, sus diferentes rostros, sus altibajos, sus complejidades, que es menester una aproximación objetiva hacia ellos para tener una opinión que trate de acercarse a la ecuanimidad.
En el caso boliviano la situación no es ajena, a lo que pasa con los países de la región o los países donde existe explotación minera, no nos olvidemos de las minas de carbón de Europa que inciden negativamente en el cambio climático y el hábitat pero de manera alarmante con graves consecuencia sociales y ambientales.
En nuestro país tenemos la acumulación de las consecuencias de la actividad minera en el medio ambiente desde hace más de quinientos años atrás, desde el momento en que se empezó a explotar los ricos filones de plata en el Cerro Rico de Potosí, si bien los yacimientos iniciales fueron riquísimos los denominadas “piñas de plata”, sin embargo el proceso de fundición a través del método de las “wuayrachinas”, fue un grave factor de contaminación del medio ambiente por las emanaciones toxicas desprendidas del proceso de fundición, en sus mejores momentos en los alrededores del Cerro Rico de Potosí, existían miles de wuayrachinas en pleno funcionamiento. Posteriormente, cuando los yacimientos del Cerro Rico se empobrecieron, se tuvo que aplicar el método de beneficio de la plata con el mercurio, más conocido en ese entonces como el azogue, extraído desde Huancavélica (Perú), la odisea de su explotación y transporte hasta Potosí es digna de la más fértil imaginación. Estudios señalan que en el Río de la Rivera en la ciudad de Potosí se echaron más de 40.000 Toneladas de mercurio en el curso de la historia de la explotación colonial de la plata (Minería en las Tierras Bajas de Bolivia, Alicia Tejada CEDIB), bueno en ese entonces aún se estaba lejos del Convenio de Minamata (2013) que prohíbe el uso de mercurio por su alta toxicidad, y por constituirse en una sustancia venenosa para la naturaleza y hábitat, ratificado por Bolivia en el año 2015, sin embargo inaplicable aún nuestro país, pues el sector cooperativo aurífero lo utiliza sin ninguna regulación, y no existe normativa alguna que prohíba de forma expresa su uso.
Durante todo el periodo Republicano la actividad minera con todos sus altibajos, dejó herencias pesadísimas con los pasivos ambientales, ésta realidad, es un problema de grandes dimensiones aún irresuelta, que provoca verdaderos quebraderos de cabeza al momento de pretender encontrar soluciones para anular la presencia de estos cuantiosos pasivos ambientales que tiene un impacto imperdonable en contra de la naturaleza, el medio ambiente.
Bolivia a partir de la década del noventa tiene alguna tradición normativa en defensa del medio ambiente, inicialmente con la aprobación de la Ley del Medio Ambiente (1992), sus Decretos Reglamentarios (1995), la Ley Forestal (1996), la aprobación de un Código de Minería (1997) aunque sólo discursivamente hace mención a la Minera y Medio Ambiente, es importante tomar en cuenta que en anteriores instrumentos normativos mineros, ni se había mencionado el tema del medio ambiente.
Sin embargo, pese a contar con una legislación de preservación del medio ambiente ante el impacto de la actividad minera, ésta escasamente fue cumplida, es decir como en la época colonial “se la acataba, pero no cumplía”, por eso se hizo muy poco, para evitar la alta contaminación en los afluentes del Lago Uru Uru y Poopó en el departamento de Oruro, debido a la actividad minera desarrollada en el centro minero de Huanuni, más de cincuenta kilómetros de afluentes hídricos fueron contaminados con elementos mineralógicos tóxicos como el plomo, el cadmio y arsénico enemigos de toda forma de vida. Tampoco, se pudo hacer mucho con la contaminación de los afluentes del Río Pilcomayo (que atraviesa los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija), a través de la actividad minera originada en el departamento de Potosí, si bien en la ciudad de Potosí se construyó un Dique de Colas para contener los desechos mineralógicos de los ingenios mineros, pero fue insuficiente. De la misma manera los afluentes de ríos en el norte de Potosí, por la intensa actividad minera que se desarrolla en dicho territorio del departamento de Potosí, la alta contaminación hídrica no pudo evitarse. En el oriente del país, si tenemos que referirnos al Río Madre de Dios (que surca todo el departamento de Pando entre Perú y Brasil), es para manifestar nuestra honda preocupación, por la intensa actividad desarrollada por la actividad minera aurífera que en algunos casos también se llega a utilizar mercurio (mineral mortífero como se tiene indicado). Ni qué decir de los ríos del norte paceño (Ríos Mapiri, Tipuanai, Kaka entre otros) que son explotados indiscriminadamente, sin el menor cuidado del medio ambiente, con la remoción de enormes cantidades de material sólido que ha provocado que incluso que los ríos puedan tener una variación en su cause normal.
Actualmente en el contexto del Estado Plurinacional, con la vigencia de la Constitución Política del Estado y la Ley de Minería y Metalurgia (Ley No. 535), para ser honestos, la situación no ha cambiado, quizá ha empeorado con el empoderamiento del Actor Productivo Cooperativo. La Ley de Minería y Metalurgia (Ley No. 535) apenas le dedica algunos artículos referidos al Medio Ambiente (Artículos 217 al 222), que no tienen casi ninguna diferencia con el Código de Minería (Ley No. 1777), es decir no hay mayor novedad normativa que incida en generar mayor responsabilidad en el cuidado del Medio Ambiente, aunque también es menester indicar que la normativa de la década del noventa se mantiene inalterable, al parecer el problema no radica en el superávit de normativa ambiental, sino en la forma en cómo se asume con objetividad la aplicación de dicha normativa.
Por ejemplo en el caso de las Licencias Ambientales, que es el instrumento que tendría que garantizar que la actividad minera se desarrolla en el marco del ordenamiento normativo ambiental, lamentablemente no lo cuentan todos los Actores Productivos Mineros, la situación es muy caótica sobretodo en los Actores Productivos Mineros del Sector Cooperativo, que inclusive han ingresado a operar en Área Protegidas, sin las autorizaciones pertinentes. Aunque es menester reconocer que los Actores Productivos Mineros Privados (Minería Mediana), han tenido mayor cuidado en dar cumplimiento a la normativa medio ambiental en nuestro país. Del Actor Productivo Estatal podemos afirmar que la consideración jurídica normativa de aplicación de la normativa medio ambiental es bastante laxa.
Es decir, al momento de exigir el cumplimiento de la normativa medio ambiental, el tratamiento no es equitativo, para unos existe una rigurosidad extrema y para otros una laxitud que alarma.
Si bien, en un enfoque ortodoxo la minería es sinónimo de muerte de la naturaleza, esta afirmación nos tendría que conducir a conclusiones también ortodoxas y fundamentalistas, de que el Estado no tendría que fomentar el desarrollo de actividades mineras, ése es un extremo irracional, pues la minería ha existido desde la prehistoria, es más, los periodos prehistóricos se clasifican en función a los metales utilizados (la edad cobre, la edad de bronce, la edad del hierro), los minerales son necesarios para la vida y las necesidades básicas de los humanos en todos lo campos: para la industria, la medicina, la construcción, etc, etc., entonces no queda sino establecer políticas gubernamentales que contribuyan a desarrollar la actividad minera que sea amigables con el medio ambiente, para ello es imprescindible establecer una alianza de la actividad minera con la tecnología, mejor, con la alta tecnología y para ello se requiere inversiones, entonces el Estado Boliviano debe establecer alianzas con socios que respeten la soberanía del país, aliados que estén en condiciones de invertir con los más altos estándares tecnológicos que contribuyan en la preservación del medio ambiente. En el caso del sector cooperativista, que tiene bastante incidencia en la afectación del medio ambiente, el Estado en coordinación con las entidades Territoriales Autónomas, particularmente Gobiernos Departamentales, debe desplegar políticas para fortalecer la actividad cooperativista en su verdadera esencia, sin las distorsiones que actualmente se presentan, y que también la aplicación de medios tecnológicos son inevitables para que el Actor Productivo Minero Cooperativo no pueda inferir daño al medio ambiente con la incidencia actual. Con relación al Actor Productivo Minero Estatal, debe empezar a dar ejemplo sobre esa posibilidad factible de hacer minería de clase mundial amigable con el medio ambiente.
La Caja de Pandora en la que se transformado la minería en Bolivia, ya debe dejar de aflorar los estigmas más malignos que hasta ahora lo ha hecho.