Remberto Juan Molina Gareca
ECONOMISTA
De acuerdo a las estimaciones de algunos los principales organismos de desarrollo y financieros del planeta: FMI, BM, CEPAL, la economía boliviana tendrá una tasa de crecimiento de alrededor del 4,5 %, al igual que las proyecciones realizadas por el programa Fiscal Financiero para el año 2021 elaborado por el órgano ejecutivo del estado.
Este crecimiento se encuentra en tono con las proyecciones realizadas para los distintos países de la región, y luego de tasas de crecimiento negativas que han sido el resultado principal de la pandemia por el COVID 19 en todo el mundo, debido a la contracción de la demanda global de manera considerable.
No obstante, el crecimiento previsto para la presente gestión está signado por algunos indicadores de riesgo en la economía como son las reservas internacionales netas, en torno a los 4 mil millones de $US, con una disminución muy rápida; la Balanza de pagos y Balanza Comercial deficitaria, el déficit público, en torno al – 10%, la tasa de desempleo de alrededor del 10 %.
Pero los indicadores de la recuperación de la economía son alentadores, y al ser estos indicadores macroeconómicos sería importante que el impacto de los mismos sea en el ámbito microeconómico de manera más contundente.
La distribución de la riqueza en teoría, es la forma como los estados distribuyen su renta hacia todos los habitantes de un país para poder satisfacer sus necesidades, esto se materializa a través de las transferencias publico privadas, la inversión pública en diversos proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida y otras acciones directas que toman los gobiernos para atender a sectores vulnerable y a la población en su conjunto.
En el caso de la economía boliviana, la inversión pública es una de las variables de impacto para la dinamización de la economía, conjuntamente a la inversión privada.
La inversión pública en los pasado años se ha caracterizado por la ejecución de proyectos de envergadura y que en muchos de los casos no han sido culminados en su ejecución, como tampoco se avizora en escenarios de corto plazo para su funcionamiento. En muchos casos han existido una serie de cuestionamiento a la misma concepción y ejecución de estos proyectos.
Tal vez un camino a seguir en el corto plazo, por las distintas entidades del estado, en sus niveles territoriales reconocidos por la constitución política del estado sea la de cambiar el paradigma de ejecución de proyectos de envergadura con un alto costo financiero y de difícil ejecución en el tiempo, por diversos factores; para orientar los esfuerzos de la inversión pública a proyectos de menor y pequeña envergadura, de tal manera que estos recursos puedan ser de acceso a miles de pequeñas y medianas empresas y no así de unas cuantas decenas de grandes empresas.
Esta sería una de las formas de redistribución de la riqueza en su misma ejecución, con impacto en la inversión pública con su consecuente efecto multiplicador en las distintas actividades económicas.
Por qué no pensar en proyectos que permitan culminar un hospital a partir de varios contratistas (como hoy en la realidad ocurre a través de la tercerización y subcontratación de empresas por parte de una sola empresa) solo que el acuerdo contractual no la realizaría una sola empresa, sino que se haría con la firma de contratos de varias empresas, logrando de esta manera respaldar al sector de pequeños empresarios, redistribuyendo hacia los mismos y a quienes tengan relación con estos, los recursos de la inversión pública.
Es el reto de los nuevos gobernantes en el corto plazo; tal vez esta sea una de las formas de que la circulación de dinero en la economía debido al gasto público de inversión, tenga un mayor efecto en la economía y posibilite no solamente el logro de resultados macroeconómicos positivos, sino un efecto real de mejora de la vida de las personas a nivel microeconómico.
Las estrategias de aplicación de las acciones de micro inversión pública no son ajenas a la realidad actual, pudiendo ser aplicada en el corto plazo y con resultados previsibles de mejora en la distribución de la renta del país a través de los micro empresarios y consecuentemente la posibilidad de la mejora de la economía.