EL POLICIA Y LAS CONTROVERSIAS EN CUANTO A LA PROPORCIONALIDAD EN LA LEGÍTIMA DEFENSA Y EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

Cnl. DESP. Oscar Remberto Gutiérrez Linares.
Abogado, Maestría en Resolución y Negociación de Conflictos Sociales. Con amplia trayectoria, en unidades investigativas de la Policía Boliviana.
El funcionario público policial cuando realiza su trabajo de seguridad, se vale del uso de la fuerza constantemente, tanto para protegerse a sí mismo, como a terceros. En muchos casos el efectivo policial repele una agresión física y/o armada actual, finalizando con la vida del atacante. Nuestro código penal sobre la legítima defensa indica: Art. 11. Num. 1 (Legítima Defensa). El que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. La legítima defensa es una de las causales de justificación que se analizan dentro de la antijuricidad en la estructura de la teoría del delito.
La legítima defensa per se no exige el requisito de proporcionalidad sino más bien la utilización de un medio necesario o racional. Es decir, entre dos medios, se deberá optar por el menos lesivo. Es cierto que cuando el medio utilizado es manifiestamente desproporcional, no se podrá alegar esta causal de justificación.
Gunters Jakobs, menciona el hecho de que el funcionario policial no actúa espontáneamente al momento de recurrir a la fuerza, sino más bien responde a un entrenamiento y además en tanto funcionario policial debe sujetar su actuar a las normas estatales.
Otro autor alemán, Kurt Seelmann, también destaca el hecho de que el funcionario policial responde a una actuación reglada y a instrucciones precisas, en tanto que el derecho a la legítima defensa, está mayormente asociada a una reacción no premeditada ni ordenada.
De allí que la legítima defensa del ciudadano común no requiera de la proporcionalidad pues ante el repentino ataque, el ciudadano no tiene la oportunidad de sopesar la proporcionalidad del medio en cuestión.
Zaffaroni, realiza una distinción entre la legítima defensa ejercida por un ciudadano o por un efectivo policial. Así es como remarca que la primera corresponde al ejercicio de un derecho y la segunda al deber de un policía de defender a terceros. En este sentido, debe considerarse que se trata de un funcionario que se encuentra autorizado por la ley para portar armas de fuego. Asimismo, indica que “dada su profesionalidad, se le exige una más ajustada valoración ex ante de la necesidad de la defensa, pues se supone que dispone de los conocimientos, entrenamiento y medios técnicos para hacer una aplicación más fina y precisa de la violencia: no se trata de un ámbito menor de intervención sino de una más estricta economía de la violencia”
El código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley aprobado por la Asamblea General de la ONU en fecha 17 de diciembre de 1979, ha sido adoptado por la Policía Boliviana mediante Resolución del Comando General Nº 263/95 de fecha 6 de septiembre de 1995. En el cual destaca el Art. 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.
Claramente se advierte que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser EXCEPCIONAL; EN LA MEDIDA EN QUE SEA RAZONABLE Y PROPORCIONALMENTE NECESARIO, para la prevención de un delito, para la detención legal de delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites. Ahora bien, si bien se habla de la proporcionalidad de medios empleados para repeler la agresión injusta y actual, también debe considerarse la proporcionalidad del bien jurídico defendido que también debe considerar el policía. Algunos de estos aspectos son también recogidos en el Código de Procedimiento Penal. Art. 296.
Por lo tanto podemos concluir aseverando que la actuación de la autoridad policial, no se encontraría amparada bajo el paraguas y el permiso que otorga el derecho de la legítima defensa a los particulares. Al policía se le exige que la respuesta a una agresión, pase por la aplicación de técnicas producto de un entrenamiento intenso y específico, y que la utilización racional y proporcional de la fuerza empleada, esté enmarcada en la legislación nacional y el derecho internacional.