La desatención por parte de autoridades departamentales ha volcado el reclamo ciudadano a las calles, mientras que el Ejecutivo guarda silencio
Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-Febrero, 19/2021) La jornada de este jueves, diversos sectores que reclaman atención de sus demandas por parte de la Gobernación, realizaron mítines en el frontis de sus instalaciones bajo la advertencia de extremar medidas si es que no se resuelven sus exigencias con prontitud.
Inicialmente, comunarios de Obrajes se constituyeron en inmediaciones del casco viejo de Tarija para protestar por la dilación del proyecto de construcción de un tramo carretero que les permita acceder con mayor facilidad hasta nuestra urbe, convenio en el que intervienen no sólo la Gobernación y el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) sino también el Gobierno Municipal.
“El 11 de febrero nosotros habíamos mandado una carta al gobernador (Adrián Oliva) para que nos pueda agendar una reunión, al no ser escuchados estamos aquí para visitarlo directamente, pedimos que se inicie el proyecto de asfaltado de 6 kilómetros, que ha sido un compromiso cuando él estaba en campaña el 2015”, manifestó el secretario general de la comunidad de Obrajes, Eiver Choque.
Por el momento, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) ratificó el convenio intergubernativo para dar paso a los desembolsos pertinentes respecto a la ejecución del tramo, el Concejo Municipal hizo lo propio y la ficha ambiental está aprobada, sin embargo, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades acerca de la fecha de inicio.
“Hace dos años que está presupuestado en los planes operativos, se requieren Bs 22 millones en total pero eso se debe ir transfiriendo por fases, se nos prometió que máximo en diciembre del año pasado ya debía comenzar la primera etapa pero aún no tenemos respuesta”, agregó Choque.
ElAPUNTE
Artistas en emergencia
A su tiempo, artistas independientes que fueron incluidos en el Fondo de Protección a la Cultura y el Deporte (Foprocude), realizaron una manifestación exigiendo que se les cancele el monto unitario de Bs 3.900 por los servicios prestados durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2020.
Alrededor de 800 personas fueron contempladas para recibir este beneficio, sin embargo, hasta la fecha solo se ha cancelado a 165.