Informe de la Asamblea arroja indicios de “abuso de poder” de Oliva

Posesión del exdirectorio de Setar / Foto referencial

Una Comisión Especial del Legislativo elaboró un informe para esclarecer la destitución del directorio de Setar, efectuada mediante un proceso administrativo

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Noviembre, 19/2020)

La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) encargada de elaborar un informe para esclarecer la destitución del directorio de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), ya ha finalizado el proceso investigativo y de interpelaciones para remitir un documento final al pleno, según informó el legislador, César Mentasti Padilla.

“Ya tenemos el informe listo en la Comisión Especial para ponerlo a consideración del pleno que es la máxima instancia de toma de decisiones en la Asamblea, en líneas generales este informe dice que tenemos serios indicios de que haya abuso de autoridad porque se ha dado una suspensión (del directorio) con normas caducas”, argumentó el asambleísta.

Haciendo énfasis en el trabajo de la comisión, Mentasti explicó que se ha reunido con una juez sumariante encargada del proceso, con el gerente de Setar, Alfredo Becerra Serpa además de los miembros del directorio que fueron cesados de sus funciones.

“A través de una ruta crítica se ha podido evaluar que no correspondía esta suspensión, de la manera que se ha planteado, se ha dejado una empresa sin fiscalización”, agregó el legislador, mientras relató que después de la temporada de cuarentena rígida se ha incrementado el número de casos de “sobrelectura” entre usuarios de Setar.

El gobernador del departamento, Adrián Oliva Alcázar, siguió un proceso administrativo al directorio de Setar que terminó en la destitución de sus miembros, quienes tienen la tarea de fiscalizar y transparentar el accionar de la empresa.

El asambleísta, César Mentasti Padilla

ElAPUNTE

Opiniones

El asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza Peláez, observó que el gobernador está manejando “discrecionalmente” la empresa responsable de la administración del servicio eléctrico, al haber “descabezado” a la institución.

Para el legislador, la Gobernación debió identificar responsabilidades civiles y buscar la restitución del monto en caso de encontrarse “daño económico al Estado”, como lo ha planteado el proceso administrativo seguido por la Gobernación.