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Fuente: Página Siete

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, informó que Amnistía Internacional reconoció los hechos de violencia ocurridos durante los conflictos postelectorales.

La autoridad agregó que el documento de la organización internacional cuenta con fuentes testimoniales de exautoridades e incluso del propio expresidente Evo Morales, en los cuales ordena “cercar ciudades”.

“En este informe se establece de forma clara y precisa que por declaraciones de exautoridades y del mismo Evo Morales, incitaba a hacer acciones violentas y cercar ciudades si los paros aún continuaban. Este es de los pocos informes responsables que hacen referencia a la violación de derechos humanos que ejecutó Evo Morales después de la crisis de las elecciones del 20 de octubre del año pasado”, agregó el Viceministro.

Da a conocer además su condena ante las amenazas, ataques y hostigamiento contra defensores de los derechos humanos como Waldo Albarracín, y contra periodistas como Casimira Lema y Ximena Galarza.

“En diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”; detalla el informe.

El informe no deja de lado al Gobierno transitorio

No obstante, el informe no deja de lado al Gobierno de Jeanine Añez. “Por su parte, el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’. Además, se han hecho acusaciones a personas por participar en ‘movimientos de desestabilización y de desinformación’ y de hacer ‘guerra virtual’ contra el gobierno”, concluye el documento.

Amnistía Internacional detalla que hubo “represión de manifestaciones y uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”.

Al menos 35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de protestas desde las elecciones del 20 de octubre del 2019, según información recabada en el informe Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia.

Senkata y Sacaba

La organización internacional entrevistó a más de 60 personas, entre ellas familiares de las víctimas de violaciones de derecho humanos cometidas en el contexto de las protestas de Sacaba y el bloqueo de YPBF Senkata, personas que presenciaron los hechos – quienes en su mayoría solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias – y periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

“Los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, donde al menos 18 personas murieron por disparos de arma de fuego, son emblemáticos de la crisis. Los testimonios y la evidencia recabados arrojan fuertes indicios del uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero las autoridades competentes no han esclarecido los hechos. La organización urge a las personas candidatas presidenciales a adoptar medidas para asegurar investigaciones independientes, imparciales y urgentes para evitar que permanezcan en la impunidad”.

Los conflictos

Los conflictos poselectorales ocurrieron desde el 21 de octubre de 2019, tras llevarse a cabo aquellos comicios presidenciales.

Los resultados tras el conteo rápido en boca de urna reflejaban una segunda vuelta entre Morales, excandidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), y su contrincante por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Sin embargo, una interrupción al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de casi 20 horas generó susceptibilidad en el electorado disidente al ex partido de Gobierno, levantando la sospecha de un posible fraude electoral, 

Tras reactivarse el TREP, los resultados de los comicios descartaban un eventual balotaje entre ambos candidatos, siendo éstos favorables al exmandatario y candidato del MAS. Producto de ello, miles de personas salieron en rechazo de los resultados.

A partir de entonces se produjeron enfrentamientos en diferentes regiones del país. Las movilizaciones se extendieron por 21 días hasta la renuncia del Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia respectivamente.