Coca, cocaína y poder político

Eduardo Claure

La incorporación de la temática del control geopolítico de la producción de coca en esta parte del hemisferio, se inserta en el escenario mundial muy particular y complejo que estaba marcado, básicamente por la crisis y cambio del orden económico y político mundial de los 80’ y principios de los 90’. Los factores sobresalientes de esa crisis eran: 1. La recesión de la economía; 2. La enorme deuda externa de los países del tercer mundo; 3. El giro económico y político tomado por los países comunistas. Los efectos más notorios de esa crisis eran: a) El cuestionamiento de las relaciones de dominación-dependencia a raíz de la recesión y la deuda, que en el caso de Latinoamérica se puede entender como una ruptura de la “armonía americana”, pues deja sin bases económicas dichas relaciones; b) El bloqueo financiero; c) El aumento de la pobreza en los países dependientes; d) El agotamiento de los discursos de ese período.

En este contexto, se inserta la producción y comercialización de drogas, como una actividad económica que proporciona niveles de rentabilidad importante, mostrándose, en determinado momento como una actividad -por lo menos en el continente- que brindaba salida a la crisis: desbloqueaba la actividad financiera, generaba empleo, proporcionaba ingresos, activó el comercio, la construcción y la industria; en definitiva, se mostraba como una actividad con posibilidades de articular la economía del continente. Pero al mismo tiempo, este fenómeno, generaba tensiones en las relaciones Norte-Sud, puesto que lo importante no era la acumulación sino el destino de la acumulación y su transformación en poder político, cuyo mejor exponente era el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. En consecuencia, los grupos organizados en torno a la producción y comercialización de drogas se insertaban, al mismo tiempo, como un factor positivo en cuanto a la resolución de la crisis y como un actor negativo, se “desequilibró” en cuanto a las relaciones de poder existentes, pues tendía a crear nuevas hegemonías. A esto se debe añadir la distensión en el plano de las relaciones Este-Oeste que, por una parte, alteraban las relaciones de poder al interior de EE.UU., sobre todo la pérdida del poder de las fuerzas armadas, y por otra, daba paso al agotamiento de los discursos, entorno a los cuales se construía una nueva relación de poder, procuraba una apertura y un vacío de interpretación que daba origen a un cierto “pragmatismo”, y con esto, una tendencia a la legitimación ideológica de la producción, comercialización y consumo de drogas, y específicamente de cocaína, que se traducía en lo que se llamó la “penetración” del narcotráfico en el Estado.

Si bien el fenómeno era de manera global único, su manifestación en cada país involucrado era diferente si se consideran variables de orden político y social. Existe, en efecto, una suerte de división internacional del trabajo, donde Colombia por la presencia de los “carteles”, monopolizaba la producción y comercialización de cocaína, quedando Perú y Bolivia especializados en la producción de pasta básica y coca. De igual manera la existencia de factores políticos marcaban diferencias sustanciales. En Colombia la acumulación de poder político por parte de los “cárteles” y en Perú la presencia de la guerrilla de Sendero Luminoso a la cabeza de Abimael Guzmán, que prácticamente controlaba la producción de pasta básica, configuraban en ambos países un cuadro de violencia explícita; en tanto que en Bolivia estaba como actor el campesino chapareño -especialmente- que controlaba la producción de hoja de coca e incursionaba en la técnica química artesanal -pisado de hojas de coca y la maceración- de la hoja de coca no apta para el acullico.

Todo este panorama en esas décadas, culminó con las acciones de militarización de la lucha contra la producción y comercialización de cocaína en Bolivia. El conflicto fue planteado por EE.UU. en 1924 con la penalización de la producción, comercialización y consumo de cocaína, a partir de conclusiones de la I Conferencia Internacional sobre el Opio realizado en Ginebra en 1924. Inicialmente, fueron argumentos de orden “moral”, los que dieron origen a la prohibición, para dar paso a un tratamiento jurídico y policial -estrictamente represivo- del fenómeno. Dada la prevalencia del consumo por parte de la población norteamericana -pese a su prohibición-, se incorporó el tratamiento del fenómeno “consumo” como una cuestión de salud pública, incorporando los conceptos de prevención y rehabilitación, diferenciándolo de la producción y comercialización y considerando al consumidor como un enfermo. Este fue el inicio de la penalización -aunque no la eliminación de la represión- del consumo.

A partir de 1975, año en que se produjo un cambio cuantitativo en el consumo de drogas en EE.UU. y Europa, dada la aparición del gran mercado de drogas, se producen también cambios en la estructura de producción y comercialización, particularmente de cocaína, con la incorporación de nuevos grupos que fuera de las fronteras de EE.UU., tienen la capacidad de realizar el negocio y acumular gran cantidad de capital, tal el caso de los “cárteles” colombianos, los mexicanos en formación y gravitación, la “mafia” boliviana y otros grupos de Centro América. A esto se debe añadir el surgimiento del movimiento guerrillero en el Perú que tenía como una de sus bases de acción las zonas productoras de coca. Estos últimos fenómenos, configuraron un cuadro de tensión en el continente que condujeron a EE.UU. a plantearse el problema, como una cuestión de seguridad interna, dando lugar al desarrollo de una estrategia de control geopolítico -militar- del continente, tomando como argumento la lucha contra la producción y comercialización de drogas y haciendo de las zonas de producción de coca su principal teatro de operaciones.

En este contexto, en Bolivia, el tema de la producción y comercialización de cocaína, comienza a ser un problema para las relaciones EE.UU. y Bolivia a partir de 1980. Si bien el incremento de la producción de coca se produce a partir de 1975, antes del año 80 el tema no era de vital importancia para dichas relaciones. Es el golpe de Estado de García Meza y Arce Gómez, militares ligados directamente a la producción y comercialización de cocaína que los coloca en el tema como punto fundamental de las relaciones EE.UU. y Bolivia. Esta violenta inserción de Bolivia en la economía de la cocaína se da en un contexto de crisis económica y política. La crisis tenía una doble afluencia, en primer lugar, estaba la crisis del Estado manifestada en la economía de la recesión, la inflación, la deuda externa, y en lo social y político, por la desestructuración de los componentes clasistas tradicionales y de sus organizaciones, dando paso al surgimiento de nuevos actores como el llamado “sector informal”, en segundo lugar, está la crisis campesina caracterizada por una permanente pérdida del valor de los productos agrícolas, la escasez de tierra y la ausencia de atención del Estado en la solución de problemas elementales como el riego que impiden la reproducción campesina. La ampliación de los cultivos de coca, al precio que demanda su transformación, representaba para los campesinos la posibilidad de acceder a un ingreso económico que les permita su reproducción, y al mismo tiempo, solucionar el álgido problema de tenencia de tierras en Altiplano y Valles para aproximadamente 50.000 familias.

En este contexto, la propuesta inicial de EE.UU. de proceder a la erradicación forzosa de los cultivos de coca en un plazo breve, haciendo abstracción de las implicaciones sociales, económicas y políticas, lejos de contribuir a la solución del problema, tendía a crear un foco de tensión, cuya resolución era planteada por la violencia. Desde otra posición, los campesinos productores de coca, organizados en federaciones, procedieron en primera instancia a reivindicar la coca como patrimonio cultural, en segundo lugar, a plantear como alternativa de solución la formulación y ejecución de un Plan Integral de Desarrollo y Sustitución de cultivos de coca. Entre EE.UU. y los campesinos, estaba el Estado boliviano que aparecía sin la definición de una política clara, en primera instancia como ejecutor de la política represiva y, en segunda instancia, como atenuador de la movilización campesina, aceptando sus reivindicaciones culturales y de desarrollo. A partir de ese conflicto, el Estado trató de formular una política “boliviana” que trató de conjugar la interdicción y el desarrollo. Hoy sabemos que esa intención pública no dio resultado, pues la mayoría de los beneficiarios a pesar de recibir el soporte económico y técnico, continuaron con la expansión de los cocales y se dio la proliferación de pozas de maceración y elaboración de pasta base de cocaína.

Sobre esta base, se incorporaron un conjunto de políticas que abarcaron fundamentalmente: a) la interdicción; b) el desarrollo; c) la militarización y, secundariamente, d) la prevención y rehabilitación. El conjunto de estas políticas se plasmaron primero, en la vigencia de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, segundo, en los acuerdos bilaterales firmados entre el gobierno de EE.UU. y Bolivia, conocido como el “Acuerdo de Cartagena” que involucró la firma de tres anexos: Anexo I: Sobre la Interdicción, Prevención y Rehabilitación; Anexo II: Sobre el Desarrollo Alternativo y Anexo III: Sobre la Participación de las FF.AA. en la Lucha contra el Narcotráfico y tercero, en la organización del Estado un Concejo Nacional de Lucha Contra el Uso Indebido de Drogas que tenía a su cargo las áreas de Interdicción, Prevención y Rehabilitación y Desarrollo Alternativo y en una organización especial -no muy explícita- para la intervención de las FF.AA. De este conjunto de políticas acordadas, sólo la de interdicción fue desarrollada con cierta eficacia. Los objetivos fijados para las tareas de interdicción fueron: a) Reducir el precio de la hoja de coca; b) Reducir los cultivos de coca y, c) Interrumpir la producción y comercialización de cocaína. Siendo la producción de coca el elemento fundamental en torno al cual giraba la problemática boliviana, cuyo carácter fundamentalmente socio económico, lo esperado es que se desarrolle una política que mantenga el equilibrio entre las acciones de interdicción y las de desarrollo. La ejecución privilegiada del aspecto represivo, pues al bajar el precio de la hoja de coca y consecuentemente provocar su erradicación, sólo se estaba contribuyendo al aumento de la pobreza y a una mayor crisis económica y social de imprevisibles consecuencia, que en los últimos treinta años ha creado un poder económico, organizacional y político, que sumieron al país en una tiranía cocalera que tal como la revista brasileña Veia, bautizó a Bolivia como el “País de la Cocaína”.

Los antecedentes de la política de militarización se encontraban en el documento Santa Fe II y en las conclusiones de la reunión de militares de EE.UU. y América Latina realizada en Argentina en 1990. La conceptualización que se hizo fue la de caracterizar a los países involucrados en la producción y comercialización de cocaína como una región en la cual se desarrollaba una guerra de baja intensidad. Había manifiesta desconfianza respecto de la posición de la ex URSS y se preveía un ascenso del comunismo en América Latina ligado a la producción y comercialización de cocaína, esto fue catalogado como la “narco subversión” con sus derivaciones de la “narco guerrilla” y el “narco terrorismo”. En la jerga militar la narco-subversión era el objetivo y este estaba instalado en las zonas productoras de coca. Es bajo este argumento que se procede a la firma del Anexo III, en el cual se contemplaba la asistencia militar de $us 33 millones para el año 90 y un incremento gradual hasta alcanzar la suma de 60 millones en cinco años. Esta asistencia militar era cuatro veces mayor que el total de la asistencia militar desde 1977 a 1985 (14,4 millones) y también del acumulado de la asistencia militar en materia de narcóticos en el periodo 1962-1983.

Por datos extraoficiales trascendió que las operaciones militares en Bolivia implicaría la instalación de una base militar con aproximadamente 600 oficiales norteamericanos; sería la base militar más grande en América Latina, incluyendo la de Honduras. Las acciones previstas eran: Aprovisionamiento de material y armamento; Acción Cívica; Organización de un departamento de Operaciones Sicológicas; Ejercicios militares conjuntos; Acciones en el teatro de operaciones en el Trópico de Cochabamba. En el año 90 se vivió con la incertidumbre de la militarización y, de hecho, el calendario preveía para fines de los 90 como el inicio de acciones. Sin embargo, dichas acciones nunca se ejecutaron, debido posiblemente a: i) La manera como se había definido el acuerdo bilateral y por la institucionalidad castrense, era el Presidente de la República el que debía dar la orden de inicio de acciones; ii) Problemas en definir el mando, que debía ser conjunto y, no estaba claro quién sería el “jefe”; iii) Ausencia de violencia que justificasen acciones. No había consenso interno; iv) Presión internacional de Europa y países vecinos en desacuerdo con la instalación de una base militar “gringa” o “yanqui” en la región; v) Problema de corrupción o corruptibilidad potencial en las fuerzas que operen. Estos elementos y otras indefiniciones parece que no permitieron ejecutar nunca esa política combinada, que posiblemente pudo desencadenar una espiral de violencia nacional y regional.

Algo pasaba en Bolivia, pues había un ambiente “favorable” de algún sector de las FF.AA.: 1. La crisis nacional había provocado una contracción de sueldos y por otra había una disminución en la capacidad de provisión de material y armamento; 2. Existía excedente de oficiales sin posibilidad de acceder a puestos de mando de tropa lo que provocaría una burocratización; 3. Extrema politización en los ascensos y destinos; 4. La Policía fue potenciada en su participación de la “Lucha contra el Narcotráfico”; 5. El narcotráfico era una problema de soberanía, por consiguiente y según la CPE a las FF.AA. le correspondía el control del problema. El ambiente en lo civil, había un rechazo a una posible política de militarización, básicamente porque en el país no se daban condiciones de violencia como en Colombia o Perú. Los campesinos productores de coca durante los 90’, desarrollaron acciones intuitivas tendientes al desarrollo alternativo que duró un periodo considerable y con actitudes no muy cerradas a la consigna de “defensa intransigente de los cultivos de coca”. Además se desató una fuerte “Campaña contra la Militarización” con la participación de la Iglesia Católica, organizaciones sindicales obreras y campesinas y algunas ONG´s, especialmente de Cochabamba y otras asentadas en el Trópico cochabambino.

En contexto de este escenario era qué: La militarización se entendía como una política de EE.UU., cuyo objetivo era control global -político y militar- de la región, la parte norte del subcontinente. En esta medida, las acciones de interdicción, de desarrollo y de ayuda económica, aparecían subordinadas a: 1) La interdicción jugaba un papel de crear las condiciones de violencia necesaria para las acciones militares; El desarrollo como una temática inevitable planteada por los campesinos, con el objetico del control político de las organizaciones campesinas; La ayuda económica como factor de “chantaje” de presión al Estado boliviano de aceptar las condiciones de EE.UU. 2) Se pretendía construir un discurso justificatorio de la intervención militar, reemplazando el concepto del anticomunismo por el de la lucha contra la narco-subversión. 3) El problema de la definición del mando, mostraba que las acciones militares no estarían bajo el Alto Mando Militar. Esto era peligroso, porque nacionalmente no se tendría control del proceso que se abriría con las acciones. 4) Un problema económico contradictorio entre FF.AA y Policía. 5) EE.UU. tenía el control económico y las FF.AA, no podían estar sometidas al Pentágono. 6) De ejecutarse esta política según diseño inicial, se pasaba del discurso de manipulación del problema económico y las contradicciones con la policía, a otro ideológicamente más consistente, como ya sucedía al considerar su participación como un problema de “soberanía” y de mandato de la CPE. 7) Se planteaba un control global, es decir, las acciones militares tenían que plantearse control de la producción de hoja de coca, la producción de pasta base, y el tráfico; es decir, no solo el control de zonas productoras de coca, sino de todo el país, de su población y de sus organizaciones sociales y políticas. 8) Bajo este sistema, no solamente se planteaba una política de violación de la soberanía nacional, el control y represión, creando un cuadro de violencia generalizada. No otra cosa significaba el concepto de “guerra de baja intensidad”, que las FF.AA., no aceptarían, y, en los hechos, no aceptaron y esa política no se ejecutó.

Sin embargo de todo este cuadro de situación y el hecho que no se permitió la militarización del Trópico de Cochabamba en los 90’, las fuerzas oscuras del narcotráfico y el submundo narco aprovecharon para ejecutar un proceso de rearticulación de las organizaciones campesinas que logren unidad. Convocaron al 1er. Encuentro Regional de Campesinos del Trópico de Cochabamba, que terminaron de constituir un Comité de Coordinación de las primeras 5 federaciones campesinas, y hoy son las famosas 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba; luego realizaron el VII Encuentro Nacional de Productores de Coca el 8 y 9 de marzo de 1990 en la ciudad de La Paz y finalmente realizaron el 1er. Encuentro Andino de Productores de Coca, con delegaciones de Colombia y Perú, del 28 al 31 de marzo de 1990. Luego de estos eventos y sucesos, la historia política de Bolivia ha cambiado con la construcción y activismo dinámico del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos del MAS-IPSP, que concluyeron implantando un partido político nacional que del 2006 al 2019, subordinó la democracia y la institucionalidad democrática a una ideología ligada al chavismo que sometió a Venezuela bajo el Socialismo del Siglo XXI, según las directrices del Foro de San Paulo y del Foro de Puebla de México, con todo el soporte de la inteligencia cubana y los socios del ALBA, que bajo este influjo ideológico de guerra al “imperio” norteamericano, se propició la elaboración de los Protocolos de Orinoca, o llamado también el Documento Secreto del MAS, del 2007, que dictó las directrices para implantar las acciones de destrucción de la República de Bolivia e implantar un modelo castro-chavista del Socialismo del Siglo XXI, como lo pregonaban, de un contenido marxista leninista socialista comunista de economía plural y comunitaria, pero soportada por la economía subterránea y espuria del submundo narco, siguiendo el ejemplo y sueños del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.

Ahora bien, en este contexto, veamos lo que resultó de este proceso y transcurso de la “defensa de la milenaria sagrada hoja de coca”, un proceso perverso, que ahora tiene en vilo a los países de la región en tanto y en cuanto en estos recientes 30 años desde ese plan de control de los 90’, que no fue implementado, es decir, en qué está el tema coca cocaína, según la UNDOC, como expresa su informe recientemente presentado. El Informe Monitoreo que presentó la UNODC señala que a 2019 se registran 25.500 hectáreas de coca, 10 % más que en 2018. Un 40 % de la superficie permitida corresponde a una coca excedentaria y no al consumo nacional. Según el informe, se detectó la presencia de cultivos de coca en 6 de las 22 Áreas Protegidas a nivel nacional. En estas áreas, se identificó una superficie de 315 ha de cultivos de coca, las cuales se encuentran dentro de las tres regiones productoras. El Parque Nacional más afectado por el cultivo de la coca es el Madidi, seguido por el Amboró, Apolobamba, Cotapata y Carrasco. Dentro de las áreas destinadas a regularizar el derecho de propiedad agraria para evitar nuevos asentamientos (áreas saneadas) al interior de los Parques Nacionales de Isiboro Sécure (Polígono 7) y Carrasco (al interior de la línea roja) se identificaron 1.843 has de cultivos de coca. Por otro lado, el SERNAP y la ABT exigieron al Ministerio Público ordenar la intervención militar y policial en el Parque Nacional Carrasco, para frenar el avasallamiento y la siembra ilegal de coca en esa área protegida. El SERNAP, informó que unos 200 avasalladores fueron incursionando en oleadas sucesivas en el Parque Nacional Carrasco, el 7 y el 24 de marzo, el 17 de junio y el 21 de julio del presente año, 2020. Y, no olvidemos lo que sucede en la Chiquitanía.

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Thierry Rostan, sostuvo que se debe reactualizar el estudio del consumo de coca y revisar la Ley General de la Coca No. 906 de Bolivia, puesto que considera que se ha “inflado” esa norma que permite 22 mil hectáreas de cultivos de coca en Bolivia, a pesar de que el estudio realizado para medir el consumo tradicional de la hoja señaló que se requería 14.700 hectáreas. Además, añadió que por lo mínimo un 40 % de la superficie permitida corresponde a coca excedentaria y no al consumo nacional, lo cual señaló que “es muy preocupante”. El informe atribuye el incremento de cultivos a factores como los conflictos de octubre y noviembre de 2019, la reducción en la racionalización de cultivos, además de la pérdida de relevancia del “autocontrol de las organizaciones de productores de coca”; asimismo, alerta que desde los conflictos del 2019 e incluso durante la pandemia se están adecuando lotes en varias regiones del país para el sembrado de coca. Entonces, concluyamos que eso del “control social comunitario” propio de la “cultura campesina” de los productores es una falacia perversa e inexistente, y que además, seguramente, oficia de “policía sindical”, vigilante y protectora, antes que “fiscalizadora”.

Adicionalmente se conoce que con el apoyo de la Unión Europea, se están realizando dos estudios muy importantes: 1) El estudio de rendimiento de la hoja de coca por zonas de producción, y, 2) El estudio sobre el factor de conversión coca-cocaína, que se esperan tener listos antes de fin de año; material que proporcionará, sin duda, más luces para encarar este flagelo. Por otro lado, y en este contexto, el 2018, según el INE, la población boliviana consumidora de cocaína y pasta base, entre 15 y 64 años era de 6.963.183 personas de una población nacional de 11.307.314, el 0,6% del informe, equivale a 41.779 bolivianos consumidores de cocaína. En el caso de consumidores de pasta base, el 0,2 % de la población entre 15 y 64 años es decir 13.926, según el informe mundial de drogas de la UNODC de 2020, publicado el 26 de junio de 2020.

Pero cómo vamos en decomisos de “la diosa blanca”?. Del total de fábricas de cocaína halladas en 2019 en Bolivia, el 76% estaban en el chapare cochabambino. Según la FELCN se destruyó 841 fabricas de droga. De ellas 640 estaban en el trópico de Cochabamba, el saldo fueron encontradas en Santa Cruz, 152; La Paz, 45 y Tarija 4. Asimismo se destruyó 50 laboratorios de cristalización, 27 en Santa Cruz, 54% y 19 en Cochabamba, 38% y en el Beni 4 laboratorios. En 2019 la droga incautada fueron 9.153 kilos, de pasta base, 6.404 kilos de clorhidrato de cocaína y 6.200 kilos de marihuana. Fueron destruidas el 100% de pasta base, 9.153 kilos, 63% del clorhidrato de cocaína, 4.034 kilos y el 84% de marihuana 5.229 kilos, según lo verificado por la UNODC. Además el informe destaca que en los primeros meses de este 2020, se destruyo 20 fábricas de droga en el trópico de Cochabamba, de las cuales 18 estaban activas. Añadiéndose según la FELCN que, entre el 1 de enero al 2 de febrero 2020, se destruyo 52 fábricas de droga, 99% de estas en el Chapare y una en Yungas de La Paz. Lo propio, en los últimos 15 años, se ha registrado en Bolivia el ingreso de emisarios y un jefe de al menos ocho Carteles de Narcotráfico de cuatro países. La policía boliviana -según informes públicos- señala que estos son: el Primer Comando Capital PCC, el Comando Vermelho del Brasil, el Cartel de Medellín y del norte del Valle, y se ha detectado la presencia de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación CJNG, el de Tijuana y la Ndrangheta calabresa de Italia. Según informes del Régimen Penitenciario, de casi 9.000 detenidos en cárceles bolivianas al 2019, el 45% están relacionadas con la Ley 1008, y entre paréntesis, en los tres últimos años han fallecido 27 “tragones” y se han registrado varios asesinatos por este modo de transporte de drogas y otras de “ajuste de cuentas”.

En este contexto, el submundo narco en la región, provoca la implantación de regímenes totalitarios, el desequilibrio de la democracia, la des institucionalización de los órganos del Estado y todo el aparato público, la violación de los derechos humanos, civiles y políticos, el cooptado de las organizaciones sociales y políticas, el control absoluto de la economía sin planificación, la persecución a disidentes y “enemigos políticos” y otros males que ya se han visto en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, y principalmente en Bolivia en los 14 años del “proceso de cambio”.

Colofón: De haberse ejecutado aquella política diseñada por el Pentágono en los 90, bajo sus condiciones, se hubiese pasado del discurso de manipulación del problema económico y las contradicciones con la policía, a otro ideológicamente más consistente, al considerar la participación de las FF.AA. como un problema de “soberanía” y de mandato de la CPE. Sumados, el discurso y el “mando especial”, se hubiese abierto un proceso que, sobre la base del estigma del “narcotráfico”, se ampliase las funciones del control estatal de la población, y se constituyan una FF.AA. con derecho “a veto”, que bajo el argumento de la lucha contra la “narco-subversión”, se hubiese podido interrumpir procesos democráticos incipientes (bajo sospecha), ese su peligro y tentación. Esa medida en la lógica de EE.UU. planteaba un control global con acciones militares que controlasen la producción de hoja de coca, de pasta base y el tráfico, es decir, el control no solo de las zonas productoras, sino del país, de la población en general y sus organizaciones sociales, políticas y cuanta existiese. De haberse aplicado esa política, otra cosa sería la historia boliviana y de la región. Nunca hubiese surgido un MAS-IPSP, ni un Socialismo del Siglo XXI. Pero, primó la conciencia civil boliviana de SOBERANÍA, (pues, hoy, para impedir el retorno del submundo narco al poder político), sustentémosla con acciones civiles y políticas. Restauremos el legado de Bolívar y Sucre: La República de Bolivia. Debe trabajarse por la democracia, el respeto a la Ley, los Derechos Humanos, civiles, políticos y una nueva CPE.