Eduardo Claure
A casi cuarenta años de recuperada la democracia pareciese aún no comprenderse lo que es Democracia, institucionalidad y transparencia. Se creía que la guerra por implantar hegemonías y sus respectivas ideologías se había superado, dejado de lado o postergado, actualmente, hasta reencauzar el proceso democrático electoral pendiente a raíz de la pandemia, cuando menos. Se ha salido de un poder político y del accionar de bandas corrompidas que habían encapsulado a la democracia, territorialmente y, que atentaban contra todos los principios de la democracia. Se entiende que se ha superado –es la esperanza- de la lucha de la ideología que se expandió hacia la “toma territorial”, bajo las acciones violentas y los mecanismos derivados que utiliza el poder transnacional del narcotráfico.
La actual coyuntura, pareciese recordar, al ex Presidente de la República, Dr. Hernán Siles Suazo, el que, en su oportunidad pidió cien días para solucionar la crisis boliviana, pero, a cambio, terminó su gobierno en un completo desastre, con todas las connotaciones conocidas como el descalabro de la UDP. Si bien la comparación no es precisamente de elementos similares, pues aquel fue económico y este de una pandemia política qué, como corolario de una fallida elección nacional producto de un mayúsculo fraude, obligó constitucionalmente a un proceso de transición, que se ha visto entorpecido e inconcluso y, que tiene aristas políticas que de no administrarse con sumo cuidado, podría provocar una tragedia de peculiaridades udepistas. Es decir, que políticamente, el mal menor, en etapa de transición, y por errores de estrategia y administración política, permita el retorno del caos y del mal mayor que asoló a la política boliviana.
Desde la década de los años 80, se trató de comprender que la democracia tenía su cimiento en el pueblo y que era éste el soberano, por cuanto, a través de las elecciones, solamente delegaba a sus representantes para que administren los bienes de la Patria y exigiendo en retribución a esa confianza, entre otras cosas, la buena y transparente administración en beneficio de las mayorías nacionales. A esta altura de los hechos, los políticos muestran que no lo entienden así, sino, más bien, se concretaron a tomar el Estado como un trofeo político, que puede ser usufructuado sin reparos en aplicación de los más mínimos elementos de una gestión con transparencia e institucionalidad. Se siente todavía la presencia de una pequeña mega coalición con rostro de “garantes de la gobernabilidad”, que los medios reflejan la opinión pública que trasciende cada día y desde todos los puntos cardinales de nuestra geografía, qué, algo poco o nada institucional viene sucediendo (Intervención de varios SEDES por inconductas institucionales y acciones políticas por no atender adecuadamente la pandemia, incapacidad administrativa, carencia de insumos y reactivos para testear el virus y otros; Informes solicitados por la ALP respecto donaciones y recursos extraordinarios para atender la pandemia, sin respuesta oficial; Actitud política de gobiernos subnacionales que no acatan normas especificas para atender la pandemia; Nombramiento de un Comité Científico Nacional de expertos asesores por encima de las Sociedades Científicas de Bolivia que venían trabajando con el ministerio de salud actual; Quejas de adquisición de equipos e insumos sin entregarse en hospitales de municipios y departamentos, a pesar que se dicen que ya llegaron; Confirmación de donaciones de organismos internacionales, pero que no se conocen de compras que se hubiesen realizado y otros), temas que se hallan en la mesa del debate y son de preocupación de la opinión pública, y, que sobre los cuales hasta ahora, no existe una explicación coherente. Por otro lado, Informes internacionales indican que de cada 100 infectados, 75 son asintomáticos. Sin embargo de ello, el actual ministro de salud indica que sólo se harán pruebas a quienes presentan síntomas específicos graves. Es esto posible en una situación de emergencia? Es posible que solo existan tres laboratorios capacitados para realizar exámenes en el país: INLASA La Paz, CENETROP Santa Cruz y SEDES Cochabamba, y no se previó tomar servicios particulares? Entonces, las pocas pruebas tomadas, no garantizan los indicadores de contagio que se muestran cada noche. Por consiguiente, el avance epidemiológico sobre bases inexactas, induce a una falsa calma, engañosa y muy peligrosa, y no se podrá hablar muy sueltos de cuerpo de un control epidemiológico efectivo y que ofrezca certidumbre, definitivamente (Oruro, Beni), Sucre y Tarija, que reportan un “estancamiento” del virus, evidente?). Por todo esto, la flexibilización de la cuarentena y otras medidas, no parecen lo más aconsejable; además de pensar en elecciones que consumen ingentes cantidades de recursos que debieran ir a cubrir gastos para atender la pandemia, así como el pago de millonarias dietas a asambleístas conspiradores e inservibles en la situación actual, son elementos que hacen pensar que tampoco hoy, se está “gobernando escuchando al pueblo”.
La historia nos muestra qué, la democracia se convirtió en un «buen negocio», jugoso y rentable, con ganancias capaces de asegurar la vida de políticos y descendientes -por varias generaciones-, mostrando los «nuevos ricos», el éxito obtenido. Hoy, cuando el pueblo asume confianza y esperanza respecto a quienes están en el poder circunstancial y en transición, observa críticamente que los dirigentes de los partidos políticos en función de gobierno, parece tampoco comprenden lo que es democracia y que ellos son simples administradores del Estado, por cuanto, tal como se lo hizo en el pasado reciente con una corriente política e ideológica cuasi criminal, y, los que llegando ocasionalmente a la meta de sus aspiraciones que la actual coyuntura les permite, tratan de imponerse aún a costa de los derechos de los demás imponiendo acciones poco democráticas, donde el dialogo y un consenso mínimo no suceden incluso ante las circunstancias de una pandemia que si bien obliga a tomar decisiones y acciones urgentes, no menos importante y administrativamente, estas debieran ejecutarse luego de un tratamiento entre todos los involucrados, al caso, moros y cristianos, dada la envergadura del conflicto que obliga a todo el mundo a conciliar. Países con capacidades instaladas disponibles mil veces más de lo que dispone Bolivia, han asumido políticas de emergencia absolutamente transversales en toda su arquitectura institucional y lo vertical se ha resumido como un concepto que aceptar y accionar por necesidad y utilidad pública por encima de distingos político ideológicos, y más allá del oportunismo que la coyuntura pueda ofrecer.
Sabemos que los frustrados, nunca aceptarán esa condición y proseguirán su lucha por recuperar “su hacienda» o “su cato”, que era el Estado (Plurinacional) bajo su dominio y en sus zarpas y, esta figura no debiera llevar a los nuevos administradores del Estado a actuar de la misma manera, sino a rectificar errores del pasado y profundizar la democracia, sistema en el que todos somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones, en el que funcionan tres Poderes del Estado, con total coordinación, pero con una sabia independencia que en este cuadro situacional del momento podría ser una plataforma de interacciones que revierta el engorroso drama del servicio de salud heredado -que de sistema propiamente de salud, no tiene nada-, amén de lo administrativo y donde debiera primar el cumplimiento de la media docena de decretos en vigencia emitidos bajo apuros y complementados a la carrera hasta que adquirieron consistencia normativa formal.
Las izquierdas o derechas, principalmente los extremismos, no han sido los ejemplos en el progreso de la humanidad, lo dice la historia. Por el contrario la unidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, es la fortaleza de nuestra Patria, por lo que debiera tenderse a ella en dos ámbitos: el atender con propiedad la pandemia y el otro, el tema electoral. El primero que tiene que ver con la salud y todo lo que está en marcha, lo educativo con su continuidad modificada y lo económico en su reactivación y puesta en marcha de acciones que se acomoden al contexto mundial que obligará a cambios significativos en toda su estructura. En lo segundo, no existe prisa por ir a votar, lo percibe la gente, primero está la vida antes que elecciones nacionales. Debe entenderse como corolario que el pueblo está aún con el trauma de octubre y noviembre de 2019, y qué, el mayúsculo fraude electoral del 20 de octubre, nos ubica en el peor lugar en desarrollo democrático y las actuales autoridades nacionales no toman en cuenta esta percepción nacional e internacional, quienes por preservar el poder transitorio frente a la oposición, están dejando que algunas situaciones se agraven con consecuencias hacia toda la población, por colaboradores próximos a la presidencia, improvisados en administración pública, mientras las exigencias sociales y otros temas son politizados, postergando la solución de los mismos. La presión por levantar la cuarentena en una población “no creyente” en la autoridad, en su voz y menos en la ley, fruto de los 14 años de la época más oscura de la historia boliviana donde se diluyó el respeto a la ley, a la autoridad, a la formalidad institucional y se manejó bajo la sombra criminosa de la economía subterránea del narcotráfico, es la heredad más perversa que se tiene y combatirla, generando las correcciones formales e institucionales, debiera ser de parte del gobierno circunstancial, una de las tareas más importantes que ejecutarse políticamente, para dar certidumbre del futuro de los bolivianos.
La democracia seguirá sirviendo como marco de gobierno y de convivencia, pero habrá que desligarla de las ideologías, ultra liberal descarnada, del perverso populismo y de las creencias telúricas exacerbadas, como lo fue el reciente sistema populista y totalitario derrotado por el pueblo organizado y no precisamente por la clase política. En este contexto, el objetivo de la democracia no es desembocar en un modelo único de sociedad sino el de permitir la coexistencia de antagonismos y rivalidades en un marco pacífico y de entendimiento. Debemos orientarnos, hacia una democracia real, afirmada en la sociedad civil y que nos permita ser coherentes con nuestras señas de identidad respectivas. Que respete nuestras culturas y creencias para facilitar la enriquecedora convivencia. De ahí la necesidad de identificar, fomentar y desarrollar en cada cultura los principios que coincidan con los valores universalmente reconocidos como democráticos, para que el comportamiento democrático sea un aprendizaje natural y permanente, empezando por el respeto al otro como base de todo sistema sociopolítico que garantice los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la solidaridad. Solidaridad que la pandemia ha desnudado y mostrado que es, casi inexistente, por efecto del totalitarismo que gobernó 14 años a Bolivia, bajo el lema de la descolonización.
La democracia no necesita de fórmulas abstractas para conseguir la buena gobernabilidad, basta con el sentido común, la libertad del voto y el consenso en los temas fundamentales que necesitamos los bolivianos, sin que esta sea “la receta”, necesariamente: Nueva Constitución Política del Estado; Pacto Fiscal y Pacto Social; Diseño Económico basado en una Economía Verde; nuevo Sistema de Salud; nuevo Sistema Educativo; Aplicar un rígido Sistema de Regulación de los Recursos Naturales Renovables –Suelo y Agua en armonía con la Flora, Fauna y Bosques-; Respeto a los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas; Cumplir con los Objetivos de la Agenda 20-30 de NN.UU.; Medidas drásticas contra el Cambio Climático; Acciones por la Seguridad Alimentaria sin Transgénicos; Rediseño de una Política Agraria, Tributaria y de Fomento Productivo; Proceso de Innovación Tecnológica; Innovación en el Transporte, la Comunicación y diseño de Intervención Geopolítica para el Acceso a la nueva estrategia mundial de la economía globalizada, entre otros. El gobierno transitorio y el que emerja, debe escuchar a la sociedad civil organizada, a las plataformas, las ONG´s, Fundaciones, la cooperación y a la Iglesia.
Nuestra democracia peca por defecto. Se ha hecho cada vez más rígida y formal, a través de un sistema partidista que monopoliza, paradójicamente, el diálogo y la confrontación. Se ha marginado a los otros componentes de la sociedad y se ha enjaulado a la democracia en un laberinto de procedimientos y tecnicismos que le substraen toda sustancia y nos plantea el poder de pocos sobre la mayoría, esto debe cambiar, definitivamente. No todos los políticos ignoran esta realidad, pero muchos son los que se aprovechan de un efímero mandato circunstancial para sacar pecho, lucir corbata nueva y arengar, -si puede con amenazas-, lo que expresa la mediocridad del oportunismo y el vicio de la corrupción solapada y artera que subyace en la falta de ética y moral política. Para estos personajes, la impunidad parlamentaria o ministerial, las relaciones de alto nivel y las amistades empresariales se transforman en abuso de poder, sea ganado en procesos electorales “limpios” o bajo circunstancias especiales y transitorias como la actual.
Por todo esto, tendremos que reinventar las reglas del mandato para que nunca más un acto democrático y voluntario se transforme en un secuestro a plazos de la voluntad popular. Una señal posible sería la implantación de las causas de destitución a cargos electos y de designación, el ejercicio del referéndum e iniciativa popular, así como el control del desmedido poder de los partidos políticos y sus dueños o jefes, es decir sustanciar la Ley de Organización de Partidos Políticos y la Ley Electoral. La segunda opción atañe a la incomprensible disciplina de los grupos políticos en las instituciones representativas, que contradice el principio constitucional de que el voto parlamentario es un deber y un derecho personal indelegables, es decir, la acción de todos los asambleístas –nacional o local- debiera ser en función del mandato delegado por el voto del soberano en su circunscripción y no de la orden partidaria, política o ideológica para levantar la mano parlamentaria para favorecer una determinada ley, que incluso a veces, va en contra de su propuesta o plan de gobierno que sustentó su campaña. Alguno de los actuales políticos con Cartera de Estado, en curules de la ALP y los otros en lista, será que tienen alguna propuesta planteada como meta de desarrollo sostenible en su gestión? Cómo elevar el Índice de Desarrollo Humano, IDH? Alguna propuesta para el cumplimiento de los nuevos Objetivos del Milenio propuesto por NN.UU. de la Agenda 20-30? Realmente, en este estado de situación política, es muy difícil encontrar alguna propuesta de lucha contra la ignorancia, que a estas alturas y después del frustrante proceso de cambio, es peor que luchar contra el coronavirus.
Una solución de contexto: la actual CPE nunca tuvo futuro y fue condenada al fracaso porque proyectó una comunidad de reglamento en lugar de una comunidad de principios. Siguiendo las categorías del filósofo del derecho, Ronald Dworkin, existen tres modelos de comunidades o Estados: i) el de accidente o de facto; ii) el de reglamento o convencionalismos; y iii) el de integridad o principios.
I) En la comunidad de accidente no existe un compromiso entre sus miembros para proyectar el futuro en común; un accidente histórico los vincula dentro de un espacio geográfico en un marco de convivencia dentro del cual unos quieren aprovecharse de los otros para alcanzar sus fines y objetivos.
II) En la comunidad de reglamento, la convivencia se organiza bajo la aceptación convencional de determinadas reglas de juego bajo las cuales se desenvuelve una cruenta competencia entre actores y grupos rivales cuya única finalidad no es la construcción y desarrollo de un proyecto en común, sino la de ganar la competencia y conseguir el mejor resultado a cualquier costo, destruyendo o aniquilando al adversario. Este compromiso superficial se expresa en reglamentos diferenciados que corresponden a los intereses de cada uno de los contendientes enfrentados. Esto es lo que sucede con la vigente Constitución que contiene dos reglamentos o constituciones dentro de la apariencia de una sola; establece unas instituciones para los indígenas y otras para los no indígenas. En la dinámica del régimen constitucional, bajo estos reglamentos diferenciados, se desarrolló una encarnizada competencia entre los dos segmentos: masistas y la oposición; cada uno de ellos tratando de ganar el mayor espacio y terreno posible a costa del otro. La justicia indígena a costa de la republicana y viceversa, la autonomía indígena a costa de la departamental o municipal y viceversa. Este es el germen de la autodestrucción de la Constitución que impulsó el MAS.
III) En la comunidad de principio, la convivencia se organiza bajo el presupuesto de un compromiso auténtico y profundo de todos los ciudadanos con el principio de integridad o coherencia en los ámbitos de la equidad, justicia y debido proceso, que obliga éticamente a la comunidad o Estado, por encima de las diferencias y particularidades que caracterizan a cada grupo o sector. Cada una de estas parcialidades tiene y defiende legítimamente sus propios intereses y proyectos, pero por encima de ellos se impone como deber de la comunidad o Estado un trato coherente y razonable, igualitario, para todos sus ciudadanos.
Como modelo alternativo de país, a la comunidad de reglamento que aplicó el MAS, tenemos que plantear una comunidad de integridad y principios, para todos los bolivianos, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Este es el cambio que necesita Bolivia y, para lo cual la “clase política democrática”, debe entender el concepto de democracia en términos de realidad y su proyección como futuro de una gran colectividad diversa, pluri, multi, llamado Pueblo, País, Nación, República.