Manuel Oliva /Bolinfo/Tarija.
(elPeriódico-Marzo-15-2020) Durante los últimos años, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), instó en diversas oportunidades al gobernador, Adrián Oliva, para que presente su informe oral y esto no ocurrió por diferentes motivos por los que no fue presentado en los tiempos establecidos. Según lo establecido en la normativa, el Gobernador debe presentar su informe en el primer mes del año, el último informe escrito presentado fue calificado de “mamarracho” además de recibir críticas por no dar información a detalle de la ejecución presupuestaria por parte del ejecutivo departamental.
“Es algo importante el reglamento dice que debe presentar su informe en enero de cada año, el primer mes ya ha pasado y ahora estamos en marzo, solo hizo llegar un documento impreso y no se presentó a dar el informe oral, es la observación que podemos hacer, pero sin embargo el presidente de la ALDT es quien debe asumir la responsabilidad de tomar acciones por incumplimiento de deberes o convocarlo nuevamente para que dé el informe oral”, manifestó Basilio Ramos, asambleísta departamental.
Señaló que independientemente de las observaciones que se pueden hacer al documento escrito presentado por la Gobernación, después de la presentación de informes de los subgobernadores se pudo observar la “ineficiencia” por parte de la Gobernación ya que no se habría dado respuesta a las necesidades de las provincias, dedicando más atención al gasto administrativo.
El asambleísta Ramos, considera que “es un capricho del gobernador” que la población no se informe por medio de su persona como máxima autoridad departamental de las gestiones de la Gobernación.
“Solo lo hizo con varias solicitudes, notas, como pidiendo favores y esto no es así. El presidente de la ALDT es el responsable de emitir acciones contra el Gobernador por incumplimiento a su deber, porque no es obligación del presidente de la ALDT hacerle recuerdo cada año, es su obligación presentar cada año su informe sobre los avances físicos y económicos, son dos cosas importantes que hacen a una gestión”, indicó.
Resaltó que no se debe olvidar que todos los asambleístas tienen una responsabilidad que es la de hacer seguimiento y fiscalización a todas las legislaciones que se hicieron, como proyectos de ley, seguimiento a obras paralizadas, seguimiento al incumplimiento de compromisos que se asumieron con los subgobernadores y los gobiernos municipales. Calificó al último año como el más deficiente de los casi cinco de gestión.
Por otra parte, Ramos informó que como asambleísta está realizando el seguimiento a los proyectos de ley sancionadas para obras que ahora se encuentran paralizadas, pese a que se emitieron créditos para beneficiar a proyectos y no se realizaron las cancelaciones correspondientes.
También informó que se encuentra haciendo la fiscalización en cuanto al cumplimiento de la Ley del uno por ciento y los compromisos que realizó el Gobernador con gobiernos municipales.
“Más allá de que el Gobernador ha comprometido más de 400 millones de bolivianos, sin embargo no ha garantizado más de 67 millones de bolivianos y ni eso ha podido ejecutar en esta gestión, ni ese recurso que se ha garantizado en el 2019”, expresó.
Apuntó que el Gobernador debe acordarse de las provincias que también forman parte del departamento y no centrarse solamente en la ciudad. (eP)