Manuel Oliva /Bolinfo/Tarija. (elPeriódico-Marzo-14-2020) El día jueves; en calidad de ciudadano, Marco Antonio Cardozo, interpuso una acción de defensa constitucional, llamada “acción popular” dirigida a la presidente Jeanine Áñez, “como un clamor de ayuda” para que se cumpla el reglamento sanitario internacional. La Constitución Política del Estado (CPE), faculta a que cualquier ciudadano pueda tomar esta postura. Este reglamento es un acuerdo de carácter vinculante jurídicamente entre 196 países, entre los cuales se encuentra incluido el Estado Plurinacional de Bolivia. Según indicó Cardozo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su discurso de apertura, el 11 de marzo, manifestó que se encuentran “absolutamente alarmados por la gravedad de esta enfermedad” pero también por los niveles de inacción en términos de prevención por parte de los estados. “Es así que nosotros le hemos pedido cuatro aspectos a la señora presidenta, que estos, en caso de que los jueces lo determinen, tendrá que ser cumplido obligatoriamente”, manifestó Cardozo. El primero es la dotación de barbijos para toda la población, en razón de que el reglamento mencionado indica que no solamente los enfermos y el personal de salud deben utilizarlo, sino todas las personas que quieran prevenir y reducir el riesgo de adquirir esta enfermedad. También se solicita que se dote de material de bioseguridad a todos los centros médicos, para evitar lo ocurrido en Santa Cruz, donde una persona enferma intente acceder a un servicio hospitalario “y la saquen a pedradas entre los médicos y los vecinos”. Así mismo se solicitó la adquisición de hospitales móviles, similares a los campamentos de las petroleras, que pueden ser instalados en un periodo de dos a seis semanas. “Estos campamentos no están en China ni en Europa del Este, en Bolivia hay una empresa que los tiene y en Colombia también, por lo que mi persona ya pidió una cotización para presentarla en la audiencia de acción popular al juez y mostrarle cuánto costaría tener un hospital móvil por ciudad y uno por punto fronterizo, para no caer de nuevo en la improvisación de meter a la gente en coliseos, elefantes blancos, etc.”, indicó. Otra de las solicitudes dentro de la acción popular, era la suspensión de clases, lo que ya se ejecutó. Cardozo, remarcó que esta acción no tiene la intención de atacar a la presidenta ni perjudicar su gestión, sino que tiene el objetivo de que se cumpla el reglamento sanitario internacional, cuyo director general señaló que Bolivia no lo está cumpliendo. La finalidad y el alcance del Reglamento Sanitario Internacional son prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. Por otro lado, manifestó que las acciones como las cometidas en contra de la mujer enferma con coronavirus en Santa Cruz, a quien se le obstruyo el paso en centros de salud, caen en el delito de negación de auxilio, vulneran el derecho del acceso a los servicios de salud pública, el cual se encuentra tipificado en el código penal, lo que repercutirá no solamente contra los médicos, sino también con los vecinos que tuvieron estas reacciones. (eP)
