Manuel Oliva/Bolinfo/Tarija.
(elPeriódico-Febrero-28-2020) El 5 de febrero de este año se presentó en plataforma del Palacio de Justicia de Tarija una acción de defensa constitucional donde los accionados son la presidenta, Jeanine Áñez, y el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. La causa fue asignada a la Sala Constitucional 2, luego de subsanar observaciones realizadas se admitió la demanda, lo que significa que, una vez realizadas las notificaciones correspondientes, 48 horas después, las dos autoridades deberán un informe en audiencia a realizarse en el departamento de Tarija.
Exigen la consulta previa para el ingreso a la reserva para actividades de exploración y explotación hidrocarburífera.
“Demandamos a la presidenta Áñez, porque tenemos que seguir los pasos correspondientes para llegar con nuestra demanda a todas las instancias. La demandamos a ella porque el presidente Evo Morales no llegó a contestarnos y ahora a ella como presidenta transitoria le corresponde darnos respuesta”, manifestó Paola Gareca, ejecutiva de la subcentral de Tariquía.
Los accionantes que son dirigentes de la subcentral de Tariquía y representan a las comunidades que viven dentro de la reserva, interpusieron esta acción legal debido a que aún no fueron consultados por el Estado boliviano, respecto al Decreto Supremo 2366 emitido el 20 de mayo de 2015.
El decreto es observado por organizaciones de pueblos indígenas originarios campesinos que tienen territorios sobrepuestos con áreas protegidas y exigen la realización de la consulta ya que sus tierras serán afectadas por los impactos ambientales de la actividad extractiva de hidrocarburos.
Previo a la demanda, en julio y septiembre del año pasado la subcentral de Tariquía envió dos cartas al expresidente Morales, pidiéndole concertar mediante el diálogo los procedimientos pero al no recibir respuesta activaron los mecanismos de defensa constitucional.
“Queremos el respeto a Tariquía y que se haga la consulta. También queremos hacer conocer que los comunarios de Tariquía no tenemos portavoces, todo lo que queremos hacer lo damos a conocer nosotros mismos ante la prensa. Otras personas de Bermejo y Padcaya están hablando a nombre de Tariquía sin coordinar nada con nosotros. Pedimos que nos respeten”, indicó.
La subcentral de Tariquía expresa que de no lograr la efectivización del derecho a la consulta se le abre las puertas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para emplazar una demanda internacional en el plazo de seis meses. Gareca señaló que, si bien el gobierno planteó realizar los trabajos fuera de la reserva, esto es imposible de darse sin afectar a quienes viven dentro de la reserva de flora y fauna Tariquía, además de resaltar que no se trata de evadir las responsabilidades del Estado para con la población.
“Nosotros nos mantenemos en nuestra posición, estamos de pie desde el 2015 y estamos trabajando, aunque no se vea mucho el avance, estamos trabajando lentamente, pero lo estamos haciendo las acciones correspondientes. Estamos revisando el nuevo plan de manejo para dar paso al extractivismo, a Astilleros justamente, estamos haciendo el seguimiento y daremos a conocer los resultados en su debido momento”, apuntó. (eP)
El apunte
La consulta previa un derecho exigido por comunidades
El derecho a la consulta es un derecho fundamental de los pueblos indígenas originarios campesinos, y así mismo un derecho político de los mismos.
Durante el gobierno de Evo Morales, la consulta fue un derecho que causó movilizaciones y conflictos por el Tipnis y también por las áreas protegidas. Es por esto que la subcentral de Tariquía espera que Áñes, considere la demanda y se reúna con los pueblos.
