Es preocupante el accionar equívoco de la cancillería mexicana que trata de soliviantar escenarios complicados a Bolivia en el campo internacional, sumados a la escalada de entredichos y desencuentros diplomáticos, a raíz del resguardo en sus instalaciones de nueve ex autoridades del MAS, sobre quienes pesan acusaciones por sedición, instigación a delinquir, terrorismo, fraude electoral y uso indebido de influencias.
Las infructuosas solicitudes del gobierno nacional a la embajada azteca, de hacer efectiva las órdenes de aprehensión contra los ex ministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, el ex gobernador de Oruro, Víctor Vásquez y el ex director de AGETIC, Nicolás Laguna; así como las recientes acusaciones de hostigamiento, asedio e incluso amenazas de denuncias ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de Naciones Unidas, por supuestas violaciones a obligaciones diplomáticas, definitivamente no contribuyen a la salud de la relaciones diplomáticas.
A ellos se agrega el reciente suceso registrado el pasado viernes, donde cuatro personas encapuchadas y armadas, que viajaban en dos vehículos pertenecientes a la embajada de España, intentaron ingresar a la sede diplomática de México, presumiblemente con la intención de coadyuvar a la salida de las personas requeridas por la justicia boliviana.
México no actuó con reciprocidad e imparcialidad diplomática, ante los reclamos de la cancillería boliviana por la violación a principios del derecho de asilo y refugio de Evo Morales, permitiéndole realizar declaraciones políticas, mensajes por redes sociales y llamadas telefónicas, para instruir acciones subversivas desestabilizadores y cerco a ciudades del país. Asimismo, demostró un accionar desatinado e inamistoso, por cuanto tergiverso la realidad sobre la lucha del pueblo boliviano, alentando convenientemente la tesis de golpe de Estado para justificar el asilo –por demás forzado- y, eventualmente, lavar la imagen autoritaria, antidemocrática y terrorista de Morales.
Lejos de cumplir las convenciones internacionales sobre asilo y refugio político –como el de Montevideo de 1939-, viola su propia “Doctrina Estrada” que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la No intervención e injerencia en asuntos internos de un otro Estado; además de distorsionar la verdad respecto a las medidas de seguridad en su legación diplomática, dado que su embajadora, María Teresa Mercado, la solicitó en al menos cinco oportunidades.
En dos ocasiones, cursó notas escritas en fechas 19 y 29 de noviembre y en tres mediante petitorios verbales de refuerzo a la seguridad policial, ante el asedio de movimientos sociales que protestaban al frente de sus instalaciones, demandando al Estado garantizar la seguridad, afín de preservar la integridad del personal de esa Representación.
Por último, resulta ampliamente reprochable su falta de reciprocidad que desafía a la jurisdicción boliviana, al resguardar en sus instalaciones a proscritos buscados por la justicia, a pesar de la negativa del gobierno de otorgarles salvoconductos para que abandonen el país. Ello hace entrever que la diplomacia mexicana, incumple dolosamente las convenciones internacionales.
Bolivia es respetuosa de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, por lo que jamás violaría la inmunidad de los recintos diplomáticos ni la investidura de sus representantes acreditados en el país; con quienes mantiene relaciones amistosas enmarcadas en el dialogo fraterno, de respeto mutuo a las normas jurídicas nacionales e internacionales y de no injerencia en asuntos internos de los Estados, pues constituyen acciones que expresan plenamente el ejercicio de su autodeterminación y soberanía. Elementos que, al parecer, no son debidamente valorados por la cancillería mexicana.