“SEAMOS MÁS ANIMALES”

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Por Mirna Olivia Centellas Delgado

“Seamos más animales”, se denominó la campaña contra el abuso sexual infantil promovida por la UNICEF  (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) ¡Cuánta verdad en esa frase! Son inconcebibles los casos de violencia  sexual contra menores de edad que se dan cada vez con mayor frecuencia en nuestra sociedad. Según los últimos datos nacionales conocidos, que fueron difundidos el 2014 por la Defensoría del Pueblo, en Bolivia cada día al menos 16 niños, niñas o adolescentes sufren algún tipo de agresión sexual, de los cuales tan solo el 5% se denuncia, los datos estadísticos son alarmantes por sí solos, pero se tornan más preocupantes cuando  los agresores son personas del entorno cercano de las víctimas, lo que las hace más vulnerables aun por el hecho de estar expuestas a su victimador de forma permanente.  Ni los animales o fieras salvajes son capaces de lastimar a sus crías, entonces ¿qué es lo que está pasando en la sociedad?

El 26 de julio de 2018 en el municipio de San Lorenzo, Tarija, se condenó a 30 años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su propia hija, como consecuencia de la violación la niña quedó embarazada a sus 12 años. Pese a que el delincuente debe cumplir una pena de 30 años en la cárcel de Morros Blancos, de ninguna manera se repararán los daños físicos y psicológicos causados a la víctima, quien en su inocencia no acaba de comprender lo que está viviendo y el nivel de crueldad de su progenitor.

Son varios los especialistas que coinciden que el abuso sexual y la violación son las peores formas de maltrato, por constituir uno de los traumas psicológicos más intensos con consecuencias destructivas para el desarrollo de la personalidad de los menores de edad.

En Tarija, hasta agosto de 2019 se registró 41 denuncias de violación contra niños, niñas y adolescentes, según declaraciones a la prensa del cnel. Iván Cordero, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV)

Lo que sucede en Tarija, no es un caso aislado sino un hecho que se replica en todo el país de manera incesante, esta trágica realidad revela la importancia y urgencia con la que debe ser tratado el tema.

De acuerdo a una publicación del periódico Página Siete, desde enero de 2016 hasta septiembre de 2018, en Bolivia 9.552 niñas menores de 14 años estuvieron embarazadas. (Datos recuperados del Registro de Controles Prenatales del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud.

En lo que va del año, la prensa boliviana da cuenta en sus titulares del crecimiento espantoso de la violencia sexual infantil: “Denuncian caso de violación a niña de 8 años” (05/04/2019, periódico Correo del Sur); “FELCV reporta violación grupal a una niña de 12 años en Santa Cruz” (15/07/2019, diario Página Siete); “Cochabamba registra 6 violaciones sexuales a menores por semana” (07/10/2019, diario Opinión); “Oruro: Muere adolescente víctima de violación grupal” (02/11/2019, periódico Los Tiempos); “Niño en Tarija revela a su madre que su papá lo violó en su ausencia” (22/11/2019, periódico El País) Esto solo a modo de ejemplo.

¿Cómo frenar esta ola de violencia?, ¿las leyes son lo suficientemente enérgicas y seguras para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes?

Si bien la ley establece que la pena máxima para el delito de violación de menores de edad en caso agravado es equivalente a las sanciones por asesinato y feminicidio de 30 años de prisión sin derecho a indulto, en la práctica muchos violadores no son castigados con el rigor de la ley porque simplemente la pena se extingue por falta de denuncia y lo peor de todo es que muchos de estos delincuentes son reincidentes en el mismo tipo de delito, constituyéndose en un peligro latente para la sociedad.

Los delitos contra la integridad sexual de menores de edad, por lo general suelen ocurrir dentro de la familia; es decir, que el autor es una persona conocida o incluso es un familiar tío, primo, hermano, padrastro o inclusive el mismo padre biológico, estas personas fácilmente pueden manipular a la víctima amenazándola con hacer daño a la mamá, a los hermanos o usar cualquier otro tipo de chantaje para acallar a su víctima, y ante la intimidación el menor no dice nada por el miedo que le infunde el agresor porque tiene autoridad sobre él y cuando el menor rompe el silencio pasa mucho tiempo y prefiere no denunciar.

Por tanto, la violación sexual contra menores no debe tratarse solo como delito sino también como un problema social que requiere del involucramiento de la población en su conjunto y de la atención integral  del mismo.

Una de las acciones a seguir es generar políticas públicas para intensificar las campañas informativas y de sensibilización dirigidas a los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de promover la denuncia de estos hechos criminales porque si la violación es denunciada oportunamente es muy difícil no castigar al agresor.

Endurecer las sanciones para los violadores no deja de ser una opción. Hay que abrir el debate a las propuestas en torno a este tema, tal es el caso del anteproyecto de ley sobre la castración química como sanción para los violadores de niños, niñas y adolescentes presentado en la gestión 2018 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón. Todas las propuestas merecen ser estudiadas por más polémicas que parezcan.