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La institución  habilitará una oficina en la Terminal de Buses de Yacuiba para la emisión de permisos a menores de edad

FINEZA MARQUEZ GARCÍA/BOLINFO/TARIJA

(elPeriodico-diciembre 1/2019) La responsable de la Mesa Defensorial Regional, María Paredes, informó que esta organización está reforzando el trabajo en las fronteras como en las terminales de buses para evitar casos de trata y tráfico de niños.

Este trabajo es centrado por ejemplo en Yacuiba, donde la institución pidió mayor control a la Policía Boliviana.

La Mesa Defensorial,  criticó la falta de control en las terminales de buses. La oficina del Defensor del Pueblo  emitió una resolución en la que instruye reforzar el trabajo de prevención contra la trata y tráfico de personas.

“Tuvimos una reunión con diferentes instancias como la Policía, la Defensoría de la Niñez, el responsable de la terminal, para que se realicen los controles de manera coordinada entre las instituciones”, declaró la delegada.

Indicó que están realizando controles “diarios” en la terminal de buses de Yacuiba, referente a documentos de identidad y permisos de viaje.

La responsable de la Mesa Defensorial, declaró que existía el compromiso de la Alcaldía para habilitar una oficina en la terminal yacuibeña, donde emitan los permisos de viaje para los menores de edad; sin embargo, hasta la fecha no se dio cumplimiento a ello, pese a que inicia la época de vacaciones.

Paredes, informó que realizó la capacitación al personal que trabaja en la terminal de buses, tanto a quienes venden pasajes como a los propietarios de las empresas de transporte, para que tengan conocimiento sobre la normativa legal vigente.

“El objetivo de este trabajo impulsado por la Defensoría del Pueblo, es de prevenir delitos como los secuestros, trata y tráfico de personas, enmarcados en la Ley 263 que tiene la finalidad de prevenir este tipo de violencia hacia los menores de edad”, explicó. (eP).

Terminal de buses de Yacuiba.

El Apunte

Ley 263

La presente ley tiene por objeto combatir la trata y tráfico de personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.