Eduardo Claure
El mes de diciembre de 2010, quedará en la historia política de Bolivia, como el intervalo en el cual recrudeció la cacería judicial más sañuda a opositores autonomistas y la más cruda expresión de la intolerancia y autoritarismo que los militantes y funcionarios públicos del MAS ejercieron poderío judicial y político amparados en la reciente Constitución Política del Estado Plurinacional y la anticonstitucional Ley 031 Marco de Autonomía y Descentralización “Andrés Ibáñez”, contra ciudadanos bolivianos en ejercicio de cargos públicos electos. El aciago amanecer del 16 de diciembre de 2010 la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija suspendió al primer Gobernador electo por voto popular Mario Cossío Cortez, para que asuma su defensa en varios procesos judiciales abiertos en su contra. Al mismo tiempo en La Paz, el alcalde Luis Revilla era imputado formalmente por la comisión de varios delitos. En ese periodo al menos siete alcaldes fueron suspendidos hasta ese momento, y era probable que otros dos ex Prefectos, ya Gobernadores, corrieran igual suerte, al igual que casi todas las autoridades afectadas que pertenecían a partidos políticos de la oposición autonomista. Los gestores del proceso autonomista sufrían una judicialización política para soterrar liderazgos regionales y embargar las autonomías.
Hasta ese entonces y desde las elecciones municipales de abril de 2010, fueron removidos de sus cargos los alcaldes Héctor Cartagena, Víctor Balderrama, Delfor Burgos, Niels Carmona, Johnny Pardo, Jaime Barrón y René Joaquino. Barrón y Joaquino ganaron las alcaldías de Potosí y Sucre, respectivamente, pero fueron destituidos en cumplimiento de la Ley de Municipalidades que establecía que todo alcalde y concejal que tenga en su contra un auto de procesamiento ejecutoriado “será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones durante toda la sustanciación del proceso para asumir su defensa”, Art. 48 de la Ley de Municipalidades. El ex alcalde potosino René Joaquino fue sentenciado a tres años de cárcel por la compra “irregular” de vehículos, a esa fecha enfrentaba otro proceso por la presunta “designación ilegal” de funcionarios. El ex alcalde de Sucre Jaime Barrón fue recluido en la cárcel de San Roque de Sucre, supuestamente por haber “instigado” agresiones racistas contra campesinos del MAS el 24 de mayo de 2008. También fueron procesados los gobernadores de Tarija Mario Cossío, de Beni Ernesto Suárez Satori y de Santa Cruz Rubén Costas por la comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y desacato, entre otros. Las Fiscalías de Distrito de Beni y Santa Cruz imputaron formalmente a Ernesto Suárez y a Rubén Costas por haber convocado, administrado y ejecutado Referéndums Autonómicos ilegales entre mayo y junio de 2008, idéntica figura para Mario Cossío y sus más cercanos seguidores tarijeños por haber organizado los Cabildos Autonómicos, entre los que se encontraban nueve miembros del ex Consejo Departamental imputados formalmente por haber “utilizado irregularmente” 5,6 millones de bolivianos para la realización de un referéndum autonómico “supuestamente ilegal”. El 15 de diciembre de 2010, Cossío se declaró en huelga de hambre junto a los asambleístas de su partido y dirigentes cívicos, los cuales convocaron un paro regional movilizado de 48 horas en defensa del voto ciudadano, era víspera del fatídico 16 de diciembre de 2010. Este movimiento no prosperó porque preveía desencadenar un desorden mayor donde el pueblo sufriría mayores embates represivos.
En La Paz, el Juez V de Instrucción Cautelar Ricardo Maldonado fue el encargado de imputar formalmente al Alcalde paceño Luis Revilla del partido opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) imputándolo formalmente el 10 de diciembre por los delitos de falsificación de documentos, apropiación de dinero y daño económico al Estado durante su gestión como presidente del Concejo municipal entre 2005 y 2010. En el mes de diciembre de 2010 la Comuna paceña recibió 13 nuevas solicitudes de información específica de la Contraloría, 10 notas del Ministerio de Transparencia y también la declinación de audiencias de Ministros en las que se debían negociar proyectos en beneficio de la ciudad de La Paz. Cossío ocupó el primer lugar entre las autoridades departamentales denunciadas por hechos de corrupción, sobre todo, malversación de recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH). El año 2008 se emitieron 58 denuncias contra algunos prefectos, en el siguiente orden: Mario Cossío, con 18 denuncias de corrupción, seguido por el entonces prefecto de La Paz, José Luis Paredes y el gobernador del Beni Ernesto Suárez Sattori con 17, Manfred Reyes Villa de Cochabamba con 8, seguidos por el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, con 6 y Rubén Costas, de Santa Cruz con 3.
Entre 2010 y 2018, varias autoridades electas sufrieron un acoso marcado por parte de muchas reparticiones del Estado. Parecía que estas autoridades y otros funcionarios jerárquicos estaban frente a un concurso de funcionarios públicos para ver quién quedaba mejor con su partido, quien hacia mejor buena letra planteándoles acciones, procesos e investigaciones. Parecía que hubiese recompensas de alguna naturaleza, por la manera de actuar de ministros que estaban tras “encontrar algo” a alcaldes, asambleístas departamentales, gobernadores, sumándose en esa carrera de denunciar a troche y moche funcionarios judiciales que oficiosamente se daban a esas tareas. Una demostración del sometimiento de este Poder del Estado a un partido político. Ante tales hechos contra toda naturaleza jurídica, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay manifestó su preocupación por la falta de un Poder Judicial “independiente” en Bolivia y sobre todo por la violación de los derechos humanos de indígenas y políticos de la oposición. “Uno de los tres pilares de una sociedad democrática es un Poder Judicial independiente, eso es lo que pongo en énfasis para Bolivia, además del respeto por el Estado de Derecho y de un juicio justo”, “Las acciones tomadas en contra de los miembros de la oposición son sujeto de preocupación y por ello insisto en un debido proceso para que los individuos contra los que se sospecha no sean suspendidos, si no que tengan un debido proceso”, recomendó la comisionada de la ONU, Pillay. (ABI 21/11/2010), aludiendo directamente a los procesos judiciales que enfrentaban varios políticos opositores acusados de “corrupción”. Nadie esperaba que todo el clamoroso sentimiento y pensamiento autonomista desembocara en la tragedia del “proceso de cambio”. Si bien el 2002 ante los primeros ruidos atronadores del Mallku contra la Ley 1715 INRA y la “guerra del agua” en Cochabamba y “octubre negro” en La Paz, 2003, no se avizoraba para más adelante el Hotel Las Américas, TIPNIS, Porvenir, ni en Tarija, ese fatídico amanecer del 16 de diciembre de 2010, pero esas realidades inimaginables, habían llegado para quedarse según establecía el documento secreto del MAS denominado “Los Protocolos de Orinoca” que en 2006 junto al G2 de Cuba y la inteligencia venezolana pusieron en ejecución al pie de la letra y lo acontecido con Mario Cossío y otros referentes del proceso autonómico sufrieron como parte de la ejecución de ese diseño político e ideológico, al que la “clase política” no le dio importancia, “ingenuamente” o por excesiva confianza en sí mismos, o, por una miopía y falta de criterio político en perspectiva.
El proceso autonómico tenía que responder a las necesidades de proporcionar al país en su conjunto, con las oportunidades para una realización plena, mediante instrumentos que hagan posible un efectivo desarrollo y progreso individual y colectivo; además, tenía que significar innovación, inventiva, imaginación, modernización y adecuación al ritmo del desarrollo tecnológico, industrial y del conocimiento en el nuevo contexto de la globalización. Al truncarse las autonomías nada se eso vino, solo judicialización de la política, represión, sometimiento, híper corrupción, narcotráfico, desinstitucionalización, un contrabando asfixiante, continuo del sometimiento a las transnacionales del petróleo y gas, intervención y depredación de áreas protegidas y santuarios naturales a la voracidad extractivista, que no han permitido la famosa y cacareada industrialización. Desde entonces, el aire de libertad, democracia, institucionalidad, equidad y justicia que siempre estuvo respirando Tarija, sufrió un golpe cruel, abusivo, injusto y con visos totalitario e irrespetuosos de la Ley y se enseñoreó campante con lo ignaro más tozudo que pudo imaginarse, precisamente de la mano de las leyes que esgrimían para esta nueva época un contenido de integración, tolerancia y respeto para enmarcar las acciones para el desarrollo del nuevo Estado Plurinacional con Autonomías.
Ante los hechos de persecución y la judicialización de la política contra Cossío, hubo respuestas prontas de parte de los partidarios de Camino Democrático para el Cambio en ejercicio ligados a Cossío, quienes accionaron una serie de movimientos jurídicos de defensa y que han significado que durante la defensa estratégica de estos últimos ocho años han desmoronado los procesos instaurados por el aparato judicial masista -en retirada- y que se avizora, por estos estados jurídicos, que sus propios adherentes partidarios judicializados, así como él, especialmente, Mario Cossío muestre la solvencia para su retorno a la vida social y política que él no suspendió desde su refugio en el Paraguay, fue perseverante y fiel a su condición ciudadana tarijeña y, como lo que es, un político de madera chonta.
El porqué del ensañamiento contra Mario Cossío tiene que ver con que se perfilaba como candidato para enfrentar a Evo Morales en las elecciones nacionales del 2015. Fue el opositor que ganó cinco elecciones consecutivas en Tarija. Mario Cossío logró 100.000 votos en las elecciones de abril de 2010, logrando el mayor número de votos en la historia de Tarija, y fue el político más votado en toda Bolivia; este apoyo significaba más del 50% de los tarijeños y, en ese momento, se comenzó a hablar de su perfil presidenciable, lo que molestó y exacerbó al régimen gobernante del MAS. Era alguien que estaba con una imagen preponderante para la política boliviana. La firmeza y contundencia de la posición de Mario Cossío para no renunciar a ser el primer Gobernador Electo por Voto Popular en Tarija, tiene que ver con la certidumbre que fue sometido a un juicio político fuera de lo establecido en el contexto de toda la normativa específica boliviana, sometido a una persecución sañuda y perversa en un sainete que pretendía ponerlo en calidad de trofeo político y ejemplo del escarmiento para los líderes de la Media Luna y, además, fundamentalmente, para impedir su retorno y que su imagen siga creciendo con miras a las justas electorales a las que pudiese presentarse con gran solvencia política y gran caudal electoral a su favor.
En la actualidad, el anunciado retorno de Cossío, sin duda reconfigurará el escenario de la política tarijeña, será parte de la dinámica que se reinicia en nuevo proceso de recuperación democrática boliviana y que requiere de la incorporación de referentes e iniciativas proactivas, que, pasada la experiencia del falso discurso del Socialismo del Siglo XXI, se hace necesario rediseñar la nueva convivencia ciudadana, democrática, pacifica, sin racismo, sin exclusiones sociales, discriminaciones y fundamentalmente en respeto a la ley y la CPE. En este contexto, seguramente existirán actores locales muy preocupados de este retorno, pero también, sin duda, estarán muchos, muchísimos ciudadanos, esperando gritar como lo hacían el 2010: Gobernador..!!, Gobernador..!!