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Las protestas de hoy son fruto de la falta de soluciones a las demandas del pasado

Verdad con Tinta

(elPeriódico-octubre 15/2019)Una vez más los médicos están de paro. En esta ocasión los profesionales de salud exigen la institucionalización de cargos, la abrogación de la Ley 1189, la inclusión en la Ley General del Trabajo, la declaración del Sistema Nacional de Salud como sector estratégico y la participación en la reglamentación de la Ley del Cáncer- esta última ya concedida por el Gobierno.

Si bien, cada una de estas demandas será explicada en las siguientes páginas, para comprender los traspiés que afronta el sistema de salud en la actualidad, cabe comprender que la tensión entre ese sector y el Gobierno no es cosa de los últimos 55 días de paro, sino fruto de una crisis irresuelta de largo aliento.

“Existe falta de insumos, de recursos humanos, no hay estabilidad laboral y no hay una remuneración justa”, explica Zoraida Navarro, quien es presidente del Colegio Médico de Chuquisaca. Sin embargo,  estos aspectos en particular, son lo que caracterizaron paros y huelgas de manera constante desde el año 2012 hasta la fecha.

La migración de especialistas en busca de mejores oportunidades, hospitales y salas de emergencia colapsadas, así como unidades especializadas como las de diálisis y falta de ítems, son moneda corriente en lo que se refiera al complejo panorama del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, para entender este conflicto de largo aliento, resaltar las crisis más agudas que vivió el sector en los últimos 8 años, marcadas por el aumento de la  jornada laboral en 2012, con el manejo “arbitrario” de la Caja Nacional de Salud (CNS) que empezó a finales de 2016, el polémico código penal de 2017 –que se prolongó hasta 2018- y la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en 2019.

2012

Los primeros meses del año estuvieron marcados por las protestas médicas en contra del aumento de la jornada laboral de los médicos de 6 a 8 horas.

La polémica giraba en torno al Decreto Supremo N 1126 del 24 de enero de 2012, a través del cual el presidente Evo Morales Ayma, pretendía dejar inválido el Decreto N 424 de 1970, extendiendo la jornada laboral de los médicos de 6 a 8 horas.

Pronto empezaron los paros en el sector de la salud y finalmente, los médicos salieron a las calles a hacer escuchar su rechazo contra el decreto, argumentando que aquella jornada laboral de 6 horas era una conquista social a la que no estaban dispuestos a renunciar.

Los médicos ya en aquel entonces pedían ser incorporados a la Ley General del Trabajo, algo que hasta la fecha continúan exigiendo sin éxito.

Aquel 2012, la incorporación a la Ley General del Trabajo era parte de las negociaciones para aceptar la jornada de 8 horas, pero finalmente, luego de 38 días de marchas, bloqueos y enfrentamientos, el Gobierno suspendió el Decreto Supremo 1126, dejando intactas las 6 horas de trabajo, pero sin conceder a los médicos el ingreso a dicha normativa.

En la actualidad, siete años después, su incorporación a la Ley General del Trabajo es uno de los puntos que forma parte del pliego petitorio de los profesionales de salud, que ya cumplen más de 50 días de paro nacional.

2016

En 2016 el conflicto médico tuvo como protagonista a la Caja Nacional de Salud-(CNS). Todo empezó cuando la entonces ministra de salud, Ariana Campero Nava, posesionó como gerente de la institución al ingeniero comercial Juan Alfredo Jordán, una jugada que los médicos tildaron de “arbitraria y política”.

Lo que agravó la situación fue que pronto salió a la luz que Jordán pretendía utilizar los recursos económicos de la CNS para el Seguro Universal de Salud (SUS).

A esto se sumó una denuncia de la Contraloría General del Estado en mayo de 2016, por daño económico de Bs 36 millones en hospitales públicos y cajas de salud por la compra de trajes para administración y pago de aguinaldos, entre otros. En Tarija el monto ascendía a Bs 256.200.

Desde entonces, los médicos piden que las personas que manejen las instituciones de la salud sean de la rama médica, así como también piden que la institucionalización de los cargos base, medios y jerárquicos, algo que se encuentra en su pliego petitorio actual.

“Queremos la institucionalización de cargos para que no sean los colores políticos los que manejen a la institución, sino la capacidad de cada profesional en su carrera como profesional médico, no como políticos”, expresó Zoraida Navarro.

2017-2018

Tal vez, este sea el conflicto entre médicos y Gobierno más fresco en la memoria colectiva, no solo por ser uno de los más recientes, sino también porque fue uno de los más largos y polémicos de los últimos años, atrapando inclusive la mirada internacional por la gravedad de la situación.

Y es que los ánimos se caldearon a raíz del artículo 205 del Código Penal, el que establecía en su primer párrafo que:  La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamento o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales”.

La norma establecía sanciones de hasta 6 años de prisión y reparaciones económicas, pero también daba pie a interpretar que todas las actividades profesionales pueden ocasionar daños en la salud e integridad física de las personas. Esto llevó a que pronto la voz de los médicos se convirtiera en la  de todos los profesionales, pidieron la derogación del artículo en cuestión.

Los médicos también reclamaban que el Gobierno quería regular las tarifas de las consultas médicas.

Finalmente, los primeros días de enero de 2018, el presidente derogó el artículo 205 del Código Penal. Posteriormente, la Ley 1027, promulgada el 25 de enero, en su artículo único, establece que “se abroga la Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017 “Código del Sistema Penal”, dejando así invalidada toda la norma.

2019

Este  2019, el Sistema Único de Salud (SUS) fue el nuevo punto de quiebre  en la relación del sector de la salud con el Gobierno.

La demanda de socialización de la ley del SUS, derivó en un pliego petitorio de 11 puntos, que hoy se reduce a 4 demandas que se explican en las siguientes páginas.

Pero retornando al conflicto inicial, los médicos expresaron su rechazo al SUS argumentando que  carecen de insumos, especialistas e infraestructura para dar respuesta a la demanda que generaría la propuesta del Gobierno.

Por su parte, el Gobierno argumentaba que dotarían de insumos y construirían nuevos centros de salud para satisfacer la demanda.

Tras semanas de reuniones entre ambos sectores, el Gobierno aprobó el SUS en febrero de este año, mismo que entró en vigencia desde el primero de marzo en algunos departamentos del país.

La decisión fue cuestionada, pues al momento de la aprobación del Sistema Único de Salud, se desconocía qué prestaciones iba a brindar o si estas se sobreponían a servicios ya brindados por otros seguros.

Además, el SUS provocaba una desestabilización en el sistema de salud, ya que atribuciones de los hospitales de tercer nivel a cargo de las gobernaciones, ahora pasaban a ser responsabilidad del nivel central.

Entre protestas y paros, pronto los hospitales empezaron a denunciar su colapso. En julio, a escasos cuatro meses de la aprobación  de la ley que dio vida al SUS, los médicos de la ciudad de La Paz denunciaron el colapso diario de los hospitales e inclusive reconocieron que se atendía -y se atiende- a pacientes en los pasillos y en el suelo.

Fruto de esta situación, en junio, el presidente promulgó la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS), que autoriza la construcción de 67 hospitales, pero los trabajadores de la CNS se opusieron, ya que las construcciones serían realizadas con los fondos de la seguridad social.

Por su parte, los médicos observaron que aunque la mayor parte de la demanda de los asegurados requiere atención en hospitales de tercer nivel, de los 67 centros que pretende construir el Gobierno, solo dos son de esta categoría.

La abrogación de esta ley también forma parte del pliego petitorio actual de los médicos.

Los datos

La incorporación a la Ley General del Trabajo es uno de los puntos que forma parte del pliego petitorio de los profesionales de salud, que ya cumplen más de 50 días de paro nacional.

El conflicto entre los médicos con este Gobierno dataz del 2012, con la intención de incrementar la carga horaria a este sector.