El debate está en las calles y especialmente en las redes sociales sobre la sanción impuesta en contra del campesino, unos apoyan la medida, otros la critican
Fineza Marquez García/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico septiembre 20/2019) El fiscal de materia Diego Toro Flores, informó que el proceso que inició en contra de Mario López, fue por los delitos de incendio, deterioro a riquezas nacionales y daños calificados, los que están enmarcados en el Código Penal, argumentando el pedido de detención preventiva ante el juez.
El Ministerio Público ha realizado la imputación formal y está en etapa preparatoria de investigación y se tienen 30 días para dar una resolución conclusiva.
Según la nueva Ley de Abreviación Procesal, cuando la sentencia es menor a seis años, no corresponde una detención preventiva, pero en determinados casos, esa ley aún no está en vigencia.
“No existen presiones de ninguna índole por parte del Ministerio Público, ya que se trabaja, acorde a los actos investigativos”, respondió el fiscal ante las críticas.
El asambleísta oficialista Abel Guzmán Murguia, Indicó que Mario López debería ser sancionado bajo las normas y procedimientos propios de la comunidad.
“Considero que las autoridades de la jurisdicción campesina son las que deben resolver la situación jurídica de este ciudadano que es comunario de San Lorenzo”, declaró.
El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, dijo que debería cambiarse la medida preventiva en contra de esta persona.
“Vamos a respetar lo que indique la justicia, pero lo que quisiera proponer, que este caballero, dependiendo a la sentencia que se le dé, si es de orden social y no de cárcel, queremos hablar con él para que vaya a unidades educativas, a centros comunarios, a explicar por lo que él pasó por qué se inicia el fuego, por las consecuencias de aquello que está prohibido por ley”.
Según explicó el alcalde, la idea es que sea un “ejemplo” para el resto de la sociedad, si se diera un espacio comunitario social, la Alcaldía apoyaría, según explicó Paz.(eP).
El Apunte
Justicia comunitaria
En Bolivia, se tienen sistemas jurídicos vigentes que permiten remitir esos antecedentes a la jurisdicción campesina para que la misma proceda a su resolución bajo normas y procedimientos propios.
De no hacerlo, las autoridades de la administración campesina, deben acudir a la vía constitucional, para plantear un conflicto de competencias y sea esa instancia la que resuelva la situación.