VALERIA METZELAR/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico- agosto- 25- 2019) Un análisis de la problemática específica al caso de la reserva nacional de flora y fauna de Tariquía, por la Fundación Jubileo, indica del ingreso masivo que se fue dando por medio de decretos de la estatal petrolera a zonas protegidas.
La reserva natural de Tariquía fue creada por demanda de grupos ecologistas con el objetivo de proteger la flora y la fauna, además de regular los caudales hídricos en las cuencas de los ríos Bermejo y Grande Tarija.
Otro de los objetivos era de planificar el uso racional sostenido y sistemático de los recursos naturales renovables existentes en el área.
La Ley de Hidrocarburos establece asignaciones de áreas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a ser licitadas por el Ministerio de Hidrocarburos.
El reglamento de consulta y participación para actividades de hidrocarburos, reconoce dos momentos de la consulta previa, uno antes de la licitación, autorización, contratación, convocatoria, y aprobación de las medidas las obras o los proyectos.
La segunda previo a la aprobación de los estudios de evaluación del impacto ambiental.
La Constitución Política del Estado, establece que YPFB, ejerce el monopolio en las operaciones de exploración y explotación, todas las áreas serían reservadas y adjudicadas de manera directa para esta empresa.
Como consecuencia, bajo la interpretación del Ministerio de Hidrocarburos, la consulta previa, ha quedado resumida solo al momento anterior a la aprobación de evaluación de impactos ambientales y al inicio de actividades obras o proyectos, por tanto, el nivel central define las áreas.
No existe una consulta previa a la definición de espacios que permita al territorio decidir si desean incluirse en la lista de áreas reservadas, explicó el investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.
El Gobierno emite cada año nuevos decretos avanzando aún más en el desarrollo de la explotación y exploración.
Las flexibilizaciones de las normativas realizadas por el nivel central, no han sido bien recibidas por los territorios indígenas que no concluyen con la lógica de la extracción.
A cambio de una pequeña afectación se darán beneficios a través de compensaciones económicas o dinero proveniente de la explotación petrolera, bajo está lógica asumida por el Gobierno Nacional, el órgano ejecutivo fue emitiendo una serie de decretos supremos a favor de YPFB que afecta más de 100 áreas de reserva. (eP).
EL apunte:
La consulta previa
El ejercicio de la consulta previa, la definición de áreas reservadas para actividades de hidrocarburos, debe ser entendido por el Gobierno Nacional y sus operadores gubernamentales como un elemento articulador que permita avanzar en la construcción del Estado Plurinacional. Este proceso, debería apuntar a que la consulta sea desarrollada no solo cuando se prevea realizar una actividad petrolera, sino también para la definición del derecho de participación política.