La transparencia se ha convertido en un valor irrenunciable. Y exigible. Ya está en vigor la Ley 11/2018 que obliga a centenas de empresas españolas a reportar detalladamente sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, el respeto de los derechos humanos o la lucha contra la corrupción y el soborno. Es lo que determina la nueva transposición, publicada el 29 de diciembre, de la Directiva Europea 2014/95/UE sobre Divulgación de Información No Financiera y de Diversidad.
La consultora especializada en sostenibilidad SUST4IN ha organizado recientemente en Madrid la III Conferencia sobre Información No Financiera, que reunió a autoridades de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), ONG, sindicatos, analistas, inversores y empresas para debatir sobre la nueva ley y las dificultades y los beneficios de la conformidad, así como para analizar las últimas tendencias en la comunicación de la sostenibilidad. Una regulación que no deja a nadie indiferente. Así lo aseguro el fundador y director de SUST4IN, Marcio Viegas, que adelantó que «la nueva ley presenta novedades incluso para empresas que llevan años publicando memorias de sostenibilidad».
«Los emisores de valores ya han tenido que elaborar y publicar un estado anual de información no financiera en 2018, en relación con el ejercicio 2017. Para el ejercicio 2018, la nueva ley aumenta el contenido y calidad de los desgloses y obliga a las entidades a que esta información sea objeto de revisión por un prestador independiente de servicios de verificación. Adicionalmente, los emisores y otras entidades estarán obligadas a presentar este estado de información no financiera como un punto separado del orden del día para su aprobación en la junta general de accionistas», introdujo Eduardo Manso, director del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien presentó el contexto histórico y el entorno europeo ante la nueva ley. «La nueva ley contribuirá a una mejora de la calidad de la información y a que las entidades adopten un enfoque más centrado en la sostenibilidad beneficiando a los inversores, consumidores y ciudadanos», incidió el experto.
Marcio Viegas: «La nueva ley presenta novedades incluso para empresas que llevan años publicando memorias de sostenibilidad»
Laura Prieto, directora de la Alianza 2030, un programa de Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España (RTVE), moderó la primera mesa redonda, con los abogados Carlos de Miguel Perales, Socio en Uría Menéndez y Daniel Vázquez García, Socio en Dentons, que destacaron, además de algunas de las novedades adelantadas por Manso, el mayor nivel de detalle de la información que debe divulgarse, no si antes explicar la legislación ya existente y las potenciales consecuencias de un hipotético incumplimiento, como una impugnación de cuentas. El periodista Tomás Díaz, periodista de El Economista, moderó la segunda mesa redonda, con representantes de la sociedad civil. Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace, José Carlos González Lorente, responsable Federal de Sostenibilidad de Comisiones Obreras (CCOO), Mar Asunción Higueras, responsable del Programa de Clima y Energía de WWF y Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, celebraron la nueva ley y, a pesar de que todavía pueda ser incompleta para algunos, como en la ausencia de criterios de verificación, esperan su efectiva aplicación.
Para finalizar, en una mesa con empresas e inversores, Elena Blanco, gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Enagás, Gema Esteban, directora de Inversiones y Analista ESG de Telefónica, Javier Garayoa, director General de Spainsif, David Menéndez Carbajosa, director de Responsabilidad Social Corporativa de Bankia y Ana Peña Laseca, jefe de Calidad, Medio Ambiente y Cambio Climático de Ferrovial, hicieron hincapié en el contenido ampliado de la nueva ley, la exigencia de la aprobación del nuevo informe por el consejo y la junta de accionistas y en los plazos como los principales desafíos, pero también como una oportunidad de nivelar la información y, especialmente para los inversores, facilitar su comparabilidad. Así, confirmaron también que las normas de GRI (Global Reporting Initiative) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son las referencias más importantes, matizando que las empresas deberían seleccionar los ODS realmente más significativos para la propia empresa y sus partes interesadas, evitando el SDG Washing. Como nuevas tendencias, destacaron el uso de la web para comunicar la sostenibilidad, bien como el uso de infografía, para facilitar el entendimiento y resumir la información.
En el cierre del evento, Viegas destacó otras novedades de la ley, que es retroactiva desde 2018, como la ampliación inmediata del alcance a cualquier gran empresa o entidad que formule cuentas consolidadas (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y otras), no solo a las “entidades de interés público» y, en tres años también a empresas con más de 250 empleados, las obligaciones de verificar y de dar publicidad a los informes, entre otras.«La nueva ley no ha sido una sorpresa, pero lo que antes era voluntario, luego bastante ambiguo, ahora es obligatorio, para más entidades y cada vez más específico», concluyó.
