Omar Garzón/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico, julio 26/2019) En la audiencia cautelar realizada ayer por la tarde, el juez cautelar segundo en lo Penal, Gustavo Taboada, emitió un arraigo nacional para el gobernador, Adrián Oliva Alcázar, en el caso de cemento asfáltico, donde el Ministerio Público señala que existiría un daño económico de Bs 700 mil, que es la suma de la compra de este material.
El caso se refiere a la compra de cemento asfáltico para el tramo caminero Santa Ana – Yesera, pese a que ya estaba asfaltado desde el año 2016.
El fiscal Rolando Sarmiento, recordó que solicitaban la detención preventiva, pero el juez ha establecido medidas sustitutivas, argumentando que existe probabilidad de autoría del gobernador, así como los suficientes elementos de la probabilidad, como también peligro de obstaculización y de fuga.
“El juez ha resuelto el arraigo nacional. También la presentación de dos garantes. El gobernador deberá presentarse en el Ministerio Público una vez al mes, además de no contactarse con otros implicados”, dijo el fiscal.
Las otras personas implicadas serían funcionarios del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).
El gobernador Oliva, dijo que no tiene “nada que ocultar” y aclarará todas las denuncias.
“Me apena la decisión del juez, y esto afectará las gestiones que tengamos en otros países”, declaró al salir de las instalaciones del Palacio de Justicia.
Oliva respondió que están forzando el argumento de que fue realizada una contratación posterior a la entrega de la obra, pero en los hechos, utilizaron el asfalto de otros proyectos para dicho tramo Santa Ana – Yesera.
Oliva se considera un perseguido político por el Gobierno Nacional.
Sarmiento sostuvo que son cinco imputaciones y nueve procesos que pesan contra el gobernador Oliva por diferentes hechos de presunta corrupción. (eP).