Omar Garzón/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico, julio 23/2019) Desde el año 2015 hasta la fecha, el departamento de Tarija le aportó al Estado, por disposición de la ley de Incentivos, más de 190 millones de bolivianos, recursos que son destinados a fomentar la exploración petrolera a las empresas transnacionales; ese dinero, según el Gobierno Nacional retornará a los gobiernos regionales, pero con intereses como resultado de esta inversión. Sin embargo todavía no se tiene resultados favorables.
La Ley 767, Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera, dispone la creación de un fondo para los incentivos, que es financiado con el 12% de los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) de las gobernaciones, universidades y alcaldías.
La norma fue promulgada el 11 de diciembre de 2015.
Autoridades departamentales como el gobernador, Adrián Oliva Alcázar y el alcalde, Rodrigo Paz Pereira, decidieron aceptar la aplicación de dicha normativa en un acuerdo anterior; sin embargo, en el trascurso de estos últimos años tomaron conciencia sobre las disposiciones de la norma y expresaron su rechazo.
Los recursos retenidos a las gobernaciones, alcaldías y universidades del país van destinados a un fondo o una cuenta del Ministerio de Hidrocarburos o de YPFB.
El secretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, indicó que el Gobierno Nacional ha guardado total silencio por la norma, agregando que no se encontraron nuevos pozos petroleros y que las entidades subnacionales (Gobernación, alcaldías y a la Universidad Juan Misael Saracho) no recibieron las ganancias prometidas.
En tanto, el presidente de la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Abel Guzmán Murguía, manifestó que solicitaron a Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) información sobre el destino de dichos recursos.
Desde el Ministerio de Hidrocarburos, sostiene que con esta Ley se consolidaron proyectos exploratorios en los pozos de Los Monos/Aguaragüe, Jaguar-X6, Iñiguazu y Boyuy, además de los de Caigua, Sábalo y Caipipendi, con una inversión asociada de aproximadamente 400 millones de dólares.
Actualidad
El secretario departamental de Hidrocarburos, sostuvo que en el caso particular del departamento de Tarija, desde que se aplicó esta norma, “se confiscaron más de 190 millones de bolivianos, entre la Gobernación, alcaldías y la UAJMS, los mayores afectados son las alcaldías”.
Con respecto al visto bueno a la ley, que dieron las autoridades en un acuerdo previo con el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, Castrillo defendió que cuando las autoridades nacionales “hacían campaña” para la aprobación de esta ley, prometieron a la Gobernación, a los municipios y a la universidad, sobre todo a los alcaldes, que por cada boliviano “confiscado”, se les iba a devolver cinco, en el caso de la Gobernación iba a recibir ocho bolivianos y la Universidad 4 bolivianos.
Según la autoridad, dichos recursos iban a ser devueltos a partir del año 2017, pero a la fecha no ha retornado “absolutamente nada”.
“Lo peor, es que ese fondo no dio ningún resultado positivo. En cuanto a exploración, no tenemos nada, no tenemos descubrimientos desde el año 2004. Este Gobierno no ha descubierto una sola molécula de gas en todo el territorio. Y en cuanto a explotación, nuestros campos han declinado su producción absolutamente todos, a excepción del campo Incahuasi”, detalló Castrillo.
El secretario departamental refirió, que ante esta realidad, no corresponde al Gobierno seguir reteniendo recursos económicos al departamento.
En esa razón, Castrillo afirmó que han solicitado información al Ministerio de Hidrocarburos.
“Desde la Gobernación de Tarija hemos solicitado información. Desde el Consejo nacional de departamentos productores junto a autoridades nacionales, solicitamos la devolución de esos recursos en la proporción que fueron comprometidos. Lamentablemente solo recibimos información por medios de comunicación, que esos recursos se van a devolver en obras. Nunca hubo una respuesta formal”, dijo.
Por su parte el asambleísta Guzmán, indicó que solicitaron información a YPFB sobre el destino que se ha dado a esos recursos, pero lamentó la posición de Castrillo que siempre ataca al Gobierno.
“Para él (Castrillo) mejor si se acaba Margarita, los pozos petroleros, cuando debería ver de manera objetiva. Es evidente que hay pozos en declinación, y nosotros también solicitamos información al respecto”.
Guzmán remarcó que en su momento, las autoridades del departamento de Tarija, como el gobernador, el alcalde y Rector de la UAJMS, aceptaron esta norma.
“La Gobernación tiene los mecanismos de conocer sobre esta norma y la situación de los campos petroleros. Nosotros por nuestra parte, hemos solicitado información a YPFB de todo el movimiento de los hidrocarburos en el departamento de Tarija, como la Ley de Incentivos, la situación de los campos petroleros, los nuevos, exploración y explotación y demás cuestiones”, manifestó.
Guzmán indicó que de no encontrarse resultados positivos en cuanto a exploración, pues no se generarán ganancias las entidades subnacionales, y por lo pronto habrá que esperar el informe solicitado a YPFB.
Resalta que esta ley tiene como finalidad, promocionar las inversiones que permitan incrementar las reservas y producción de hidrocarburos en el país, mediante incentivos económicos para garantizar la seguridad, sostenibilidad y soberanía energética en el país.(eP)
NOTA DE APOYO:
Cívicos no descartan convocar al Ministro de Hidrocarburos
Ante el silencio de autoridades nacionales sobre los recursos económicos retenidos al departamento de Tarija, los cívicos no descartan convocar al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez para que brinde una explicación sobre el tema, y así mismo, la situación de los campos petroleros actuales y las proyecciones a futuro.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Carlos Dávila, manifestó que se debe tener una información minuciosa y saber destino de los recursos.
“Vamos a convocar al Ministro y conocer que ha pasado con esos recursos económicos, los cuales están retenidos a nivel nacional, no generando ningún tipo de movimiento, y no trayendo ningún beneficio al departamento”, indicó.
El Comité Cívico en varias ocasiones busco la presencia del Ministro Sánchez a la casa cívica, pero nunca asistió, ante ello, Dávila sostiene que volverán nuevamente a convocarlo, argumentando que una autoridad debe responder a las demandas e inquietudes de la población.
Dávila también informó que se debe también conocer la determinación final que tomará el Gobierno Nacional en cuanto a la reserva de flor a y Fauna Tariquía, donde se pretende explorar y explotar recursos hidrocarburiferos.
“Nuestra postura de nosotros es clara, la defensa de Tariquía. Pero en este marco, tenemos que saber y conocer que determinaciones tomará el Gobierno. Por ahora hay una resistencia de los comunarios y de la población, y eso debe continuar”, refirió.
Para hoy martes está previsto una reunión de directorio del Comité Cívico, donde tratar estos temas, y así también los débitos automáticos que realizan los alcaldes a la gobernación, y a la conclusión de la reunión, emitirán resoluciones.
LA CIFRA:
12%
Ese es el porcentaje de retención del Gobierno Nacional que hace a las gobernaciones, alcaldías y universidades de forma mensual, en cumplimiento a la Ley de Incentivos
LOS DATOS:
La Ley 767, Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera, dispone la creación de un fondo para los incentivos, que es financiado con el 12% de los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) de las gobernaciones, universidades y alcaldías.