La información brindada por el ambientalista Gonzalo Torres dice que
cuando presentó la demanda ante el Tribunal de Garantías en Tarija,
pidiendo la suspensión de obras de la construcción del puente 4 de
julio, este la rechazó de plano. Torres argumentaba que se estaban
violentando una serie de leyes y que el daño que se le estaba haciendo
al Rio Guadalquivir era casi irreversible, incluso había una quebrada de
por medio sufriendo también las consecuencias. Nada de eso valió para
este tribunal en nuestras tierras.
A tropezones y porrazos, la demanda llegó a Sucre y ahí todo cambió,
hasta se cuestiona el accionar del tribunal tarijeño porque no se la
podría haber rechazado de la manera en la que se hizo, sin ninguna
consideración o análisis siquiera. Lo cierto es que ahora se le debe dar
curso a la demanda y eso abre la puerta para que el accionar de Torres
avance, aunque él dijo que aún no sabe si seguirán pidiendo la
paralización de obras porque están muy avanzadas y hay mucho dinero
invertido ahí, aseguró que sí se enjuiciaría a los jueces que no dieron
curso a su demanda, un antecedente funesto para la justicia local.
El puente 4 de julio estuvo y estará en la tormenta, como varias de las
obras de la actual gestión municipal, la falta de socialización, la
obstinación, la ausencia de humildad y la soberbia de no querer
escuchar. Sellos inconfundibles de la administración de Rodrigo Paz.
Millones de recursos de la gente en tela de juicio y muy posiblemente
diluyéndose en proyectos muy criticados y sin apoyo social. El puente
costará más de Bs. 80 millones, hay quienes dicen más de 100, no
resolverá un problema de fondo que es la congestión vehicular en el
cruce del Guadalquivir de un lado a otro, lo malo es que se le advirtió
al alcalde y no quiso escuchar a nadie y menos hacer lo que otros le
sugirieron. El puente avanza apostando a convertirse en un problema más y
no la solución, se pierde tiempo y dinero por malas decisiones, la
postergación continúa arrastrando a su víctima… la gente.
