Tarija, un departamento “ingobernable”

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Gabriel Morales/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-mayo 15/2019) En la administración estructural de un país o de una región, el órgano legislativo como el ejecutivo, comprenden una suerte de “matrimonio” en la creación de normativas, aprobación de presupuestos y, entre otras cuestiones, de plasmar en el papel las necesidades básicas que viven los ciudadanos.

Una gestión a contramano

El actual gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, quien ganó las elecciones como candidato de la alianza Unidad Departamental Autonomista (UDA), no cuenta con mayoría representativa en la Asamblea Legislativa Departamental, lo que naturalmente se traduce en un conflicto recurrente en el normal desenvolvimiento de su gestión.

Además de contar únicamente con nueve asambleístas por UDA, en el legislativo, la máxima autoridad ejecutiva del departamento, ha sufrido en carne propia el desmarque de quienes, en su momento, eran sus aliados.

 “El gobernador es la cabeza de este Gobierno Departamental, no solamente lo hemos elegido para tomarse fotos, para que viaje al exterior, esté en las inauguraciones o para que le pongan guirnaldas, sino para que gobierne y sea el padre de familia del departamento y no está ejerciendo el rol, parece uno de los hijos más”, declaró el asambleísta por UDA, Mauricio Lea Plaza Peláez, quien se ha desligado de la alianza.

En reiteradas oportunidades, el legislador ha manifestado que considera “ausente” el protagonismo del gobernador en su papel de mediador en conflictos que atingen al departamento.

“Hoy por hoy tenemos un liderazgo que hace un despliegue monumental de propaganda, lo vemos a don Adrián Oliva, matiné, tanda y noche en la televisión, en infinidad de pases, pasa lo mismo con la prensa escrita, pero eso no convence a la población, lo que le convence son los son los hechos concretos”, indicó el asambleísta.

El asambleísta señala que la conducta de una autoridad, es el criterio que dota de aprobación o desaprobación al gobernador, apelando al liderazgo como proyección hacia el futuro.

La unidad de criterios como la unidad de fuerzas políticas, particularmente en el país agiliza la voluntad legislativa para  las autoridades ejecutivas que responden a los mismos colores políticos, más allá de si esta actitud es buena o mala.

“El actual gobernador no tiene mayoría en la Asamblea, al no tenerla, se originan los problemas permanentes en la gestión, (…) hay una minoría muy precaria dependiendo de los colores políticos, inclusive un tipo de acuerdo muy pequeño, pero se necesitan gobiernos fuertes”, asegura el subgobernador de Cercado, Johnny Torres Terzo, quien singularmente, también postuló en las elecciones subnacionales pasadas con UDA, pero se separó de la línea de Oliva.

Para Torres, se debe cambiar un problema de fondo, que lleva a la médula espinal del departamento.

“¿Qué va a pasar con la representación política?, el Estatuto Autonómico Departamental, como toda norma, necesita ajustes, porque ha sido hecho bajo una lógica de pensamiento político, esas normas están hechas para que el que gana no tiene mayoría en la Asamblea y el que pierde tiene esa mayoría permanente”, explicó Torres, quien es  jefe departamental del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

El Estatuto Departamental de Tarija, en el artículo 69, establece que la Asamblea Departamental debe  conformarse por veintinueve legisladores elegidos mediante sufragio universal; doce en base al principio de igualdad territorial de las provincias, catorce por población y tres representan a los pueblos indígenas, estos últimos elegidos por usos y costumbres.

“Yo soy un convencido de que el gobernador, tendría que ser el llamado a convocar a una mesa de diálogo a los tarijeños, incluidos los chaqueños, porque a los problemas no se les puede dar la espalda, lo que debemos hacer, es que tengamos la capacidad de asumir los problemas departamentales”, analizó el asambleísta, César Mentasti Padilla, también de UDA, pero igualmente desmarcado de la línea de la actual gestión de la Gobernación.

Para el legislador, temas como el proyecto de ley del 45%, la creación de empresas estratégicas del departamento y las competencias otorgadas a las instituciones de la provincia Gran Chaco, necesitan un “mediador”.

“Desde el ejecutivo departamental se trata de escaparle a los problemas y nadie los asume, ahí empiezan los radicalismos, el gobernador llama a la Asamblea a resolver, está bien que lo haga, pero no es lo mismo que la primera autoridad política ejerza su competencia”, indicó.

El asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza Peláez, criticó la pasividad del gobernador en temas trascendentales.

El pedido público del asambleísta por UDA, hoy distanciado del eje político del gobernador, se apoya en instar  a demostrar al ejecutivo como a sus secretarios que tienen la “amplitud” de llamar a una mesa de concertación de debatir temas álgidos.

“Aquí no podemos ni sacarle la lengua al gobernador porque nos llenamos de procesos, pese a que hay una norma que prohíbe la persecución política, hay que ser miserable para actuar de esa manera”, declaró el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ervin Mancilla Olarte, quien hizo demandas públicas de fiscalización al órgano ejecutivo.

Pero hasta la fuerza mayoritaria de la Asamblea como es el MAS, sufre una fuerte división interna, especialmente cuando son tratados temas regionales como la redistribución de recursos departamentales por las regalías de los hidrocarburos. (eP).

losDATOS

  • Los ingresos de la Gobernación ascendieron a Bs 750 millones durante la gestión 2018.
  • La Asamblea Departamental cuenta con 9 asambleístas de UDA, alianza que postuló a Oliva, pero la misma se disgregó. 
  • Los asambleístas distanciados de la línea política del gobernador, han denunciado falta de protagonismo de Oliva Alcázar.

elAPUNTE

Gobierno Departamental en “emergencia”

El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Manuel Figueroa de los Ríos, observó la Ley 206, sancionada y promulgada por la Asamblea Departamental, que establece que de manera obligatoria el Gobierno Departamental debe transferir hasta el 8% de sus recursos a los gobiernos municipales.

“La Gobernación del departamento tenía programado recibir Bs 64 millones cada mes y hemos llegado a recibir Bs 34 millones, entonces, estamos trabajando de manera muy ordenada, viendo cómo se asigna cada peso a instancia, la Gobernación financia 629 ítems de salud que deberían ser financiados por el Gobierno Nacional”, refirió.

Para Figueroa, asignar recursos de manera mensual, cuando hay una disminución considerable en los ingresos es “complicado”.

“La normativa aprobada por la Asamblea atenta contra los intereses, no de la Gobernación, sino de la población en general”, aseguró.

El asambleísta departamental, Ervin Mancilla Olarte, uno de los principales críticos de la actual gestión departamental.

Nota de apoyo

Mancilla denuncia “persecución política”

El asambleísta departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Ervin Mancilla Olarte, denunció públicamente ser “víctima” de una persecución política ejecutada desde la Gobernación de Tarija, tras haber sido notificado de una imputación formal por incumplimiento de deberes y obstaculización.

“Estos mentirosos, rosqueros, vende humos están utilizando la justicia para acallarme, pero yo les aseguro que voy a fiscalizar hasta el último día, porque la Gobernación debe rendir cuentas de sus cuatro años de gestión a la ciudadanía”, respondió el legislador oficialista.

Mancilla  Olarte solicitó un informe sobre inversiones y el estado del tramo carretero Tolomosa – Camacho, al Gobierno Departamental de Tarija.

 “Mientras el exdirector de Sedeca (Servicio Departamental de Caminos) tiene un daño económico de casi medio millón de bolivianos, está libre, ese proceso está estancado, por eso quiero hacer la denuncia pública, porque se debe transparentar la gestión”, enfatizó el asambleísta.

En la reunión sostenida entre las asambleas departamentales de todo el país en Cobija, Pando, Ervin Mancilla,  propuso introducir en la nueva ley de fiscalización, que sea instalada en un plazo de 60 días que prevé la destitución de secretarios departamentales en caso de incumplimiento de funciones.

Ervin Mancilla fue imputado por el delito de incumplimiento de deberes, por supuestamente encubrir los trabajos de investigación que involucran a su hermano, quien habría estado a cargo de un proyecto caminero en la gestión del entonces gobernador, Lino Condori Aramayo entre el 2010 y 2015.