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VALERIA METZELAR/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico-mayo 15/2019) La secretaria  de la Asamblea Departamental, Sara Armella Rueda, cuestionó ayer la inversión que está haciendo el ejecutivo en la provincia Gran Chaco con recursos del 55%  que recibe el Gobierno Departamental por concepto de regalías por hidrocarburos.

La asambleísta consideró que  debería entrarse al debate del pacto fiscal para tener una postura y saber si alcanzan los recursos en base al 45% y no así del 55% que pretende contemplar las modificaciones presupuestarias del proyecto de  ley.

“Los municipios que no tenemos recursos propios, estamos fregados”, declaró la legisladora.

Respecto a  la advertencia del ejecutivo regional del Gran Chaco, José Quecaña Quispe, sobre los procesos a   los asambleístas que quieran “tocar” el 45%, Armella respondió que no está preocupada, porque considera que esta postura es “netamente política”.

“Cuando queramos debatir, debemos debatir”, respondió desafiante en alusión al ejecutivo chaqueño, quien al igual que ella, también es de la línea del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Armella invitó  a Quecaña a “rendir cuentas” al departamento de Tarija por el manejo  de los recursos en el Gobierno Regional, y en qué  están invirtiendo los mismos.

Explicó que analizaron la pertinencia del proyecto de ley del pacto fiscal, propuesta presentada  por el asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza Peláez.

Sin embargo,  Lea Plaza ha retirado su propuesta, al considerar que existe “mucha irresponsabilidad” y un “abuso” al dejar en el “congelador” este tema “tan importante” al no haber consenso.

Para la asambleísta también de UDA, María Lourdes Vaca Vidaurre, el pacto fiscal era la mejor forma de saber cuántos recursos tenemos y cuál será el mejor criterio de distribución por población, por pobreza y por territorio.

Vaca recordó que existe una demanda de las provincias Arce y O’Connor del 45%, también está el 45% del Chaco, el 12% para la Ley de Incentivos, el 8% de las alcaldías más las confiscaciones, entonces,  no sería responsable  establecer porcentajes sin saber cuánto tiene  el departamento y en qué invertir, “por más legítimas que sean las demandas”.

La Gobernación por medio de la Secretaría de Economía  argumenta que primero debe existir un acuerdo económico nacional para saber cuántos ingresos tendrá el departamento,  pero  la entrevistada, dijo que esperar una respuesta del Gobierno  es “darle largas” al asunto pues, de acuerdo al Estatuto Autonómico, Tarija es dueña de sus recursos con libertad  de debatir sobre esos temas.

Vaca insta a debatir esta situación a nivel técnico y no político.

El asambleísta Lea Plaza Peláez aseveró que el proyecto de ley del pacto fiscal departamental contemplaba un escenario de debate, en el que las provincias impulsoras como detractoras  del proyecto de redistribución de regalías llegarían a un punto medio.

Esta ley no solo reclama la participación de una o de otra provincia, va más allá, por que asigna lo que recibía cada una y otorga además el 50% de ese dinero, siendo que las alcaldías ya tienen la Ley del 8 %. (eP).

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El presidente del legislativo, Guillermo Vega Flores, recordó que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA),  niega la competencia de la Asamblea Departamental para  modificar la Ley nacional 3038 y secundó la salida del pacto fiscal abierta por el asambleísta Lea Plaza.