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El ministro de Justicia, Héctor Arce, acordó el lunes con los decanos de las carreras universitarias de derecho del país la capacitación de magistrados, vocales, jueces, fiscales, policías y abogados, con miras a la aplicación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

    «El objetivo es consolidar un amplio programa de formación, un amplio programa de capacitación para fiscales, jueces, magistrados, fiscales, policías y abogados en cuanto hace a la implementación de la Ley de Abreviación Procesal Penal (…), vamos a sellar una alianza con la universidad boliviana para la implementación de la ley», informó en un acto realizado en la ciudad de Cochabamba.

    Según Arce, la instrucción de los actores para la aplicación de la nueva norma será obligatoria, en el grado de diplomado, para los servidores del Órgano Judicial y se ejecutará en los próximos cuatro meses.

    Recordó que la aplicación de la nueva norma será importante porque es un instrumento legal que «va a transformar profundamente nuestra la justicia penal».

    Explicó que la ley de abreviación penal tiene importantes preceptos que harán posible proteger la libertad de las personas, la introducción de mecanismos informáticos y tecnológicos para el desarrollo de audiencias y procesos penales, además de cambios en el uso de la detención preventiva, para que deje de ser «la regla y se convierta en excepción».

    «Son una serie de mecanismos incluso referidos a la digitalización de audiencias, el evitar que suspendan audiencias judiciales», agregó.

    La autoridad manifestó que el programa de capacitación deberá culminar de manera previa a la implementación de la nueva norma, que está prevista para octubre de este año.