La investigación de este caso inició el año 2017 en contra del exdirector del Sedeca, Omar Molina Ávila, el gobernador Adrián Oliva Alcázar, y otras autoridades.
La imputación fue ampliada a los ciudadanos citados.
En este caso es investigada la compra irregular de cemento asfáltico para un tramo caminero que ya estaba entregado, generado un presunto daño económico al Estado de Bs 686.200.