La ley fue trabajada por un equipo de 22 personas de las cuales pocas venían de cargos públicos. Carlos Hugo Molina, Roberto Barbery, Rubén Ardaya, Iván Arias, Alfonso García, Fernando Medina, son algunos de los nombres de aquel grupo que buscó romper con el centralismo a través de la “municipalización” del país.
La Ley 1551 de Participación Popular fue abrogada después de la aprobación de la Ley de Autonomías. No obstante, su larga sombra aún se proyecta en la historia del país.
La Ley de Participación Popular fue promulgada durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tuvo una vida legal de 16 años antes de ser abrogada.