Gabriel Morales/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-abril 10/2019) El 24 de mayo del año 2018, se firmaba un convenio entre el Gobierno Municipal de Tarija con el Tribunal Departamental de Justicia, donde se establecía dar curso a los mecanismos, acciones, como compromisos institucionales requeridos para la transferencia a título gratuito de un terreno ubicado en el barrio Lourdes en favor del Órgano Judicial, donde se había previsto construir el nuevo Palacio de Justicia.
El terreno en cuestión, está ubicado entre las calles 24 de julio, Suipacha, 16 de Julio y avenida Cristóbal Colón, barrio Lourdes.
El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, declaró que la firma del convenio respondía a la política de reordenamiento de la ciudad, un pilar fundamental del Plan de la Gente.
El acuerdo que se llevó adelante en el despacho del ejecutivo municipal, que además contó con la participación de la decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz Sosa como el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Hermes Flores, gozó de cierta relevancia en la opinión pública.
Con este convenio interinstitucional se pretendía aliviar el tráfico en el centro de la ciudad, desconcentrando las oficinas del Órgano Judicial, que a ciencia cierta, al desarrollar sus funciones involucra a otros sectores de carácter legal como civil.
No obstante, el proceso de aprobación del proyecto se prolongó debido a constantes observaciones realizadas por la Comisión Jurídica del Concejo Municipal, presidida por la concejal Ruth Ponce Perez.
Las observaciones referían que no se había presentado el proyecto de resolución, para continuar con el procedimiento señalado de acuerdo al artículo 158 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y se viabilice la transferencia a título gratuito del predio en favor del Tribunal Departamental de Justicia.
Cabe recalcar que el Órgano Legislativo es la instancia competente para autorizar, a través de una resolución municipal, el enajenamiento de terrenos del nivel municipal.
La construcción de las normas administrativas, municipales como legislativas corresponden al Órgano Legislativo, contemplado así por la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP).
La directora jurídica del Gobierno Municipal, Dielka Dekker Rubin de Celis, asegura que las observaciones señaladas han sido remitidas en cuatro ocasiones a la Comisión Jurídica del Concejo, con la finalidad de viabilizar el proyecto, de vital importancia, no solo para el público litigante sino también para la ciudadanía.
“De acuerdo al Decreto Supremo Nº 181 hay requisitos que cumplir, sin embargo la autorización del proyecto es un condicionamiento previo. Creo que los intereses políticos se respiran en el aire, casi 10 meses estuvimos en idas y venidas con el trámite”, señaló.
De acuerdo a la CPEP, el órgano ejecutivo como el legislativo comprenden una relación “matrimonial”, si hubiese una dejadez del Gobierno Municipal quien fiscaliza este comportamiento es el Concejo, si la alcaldía incumple con el envío de la documentación solicitada para la aprobación de un proyecto existen mecanismos para que se complemente
El Gobierno Municipal no había resuelto el envío del proyecto de resolución a la Comisión Jurídica, a tanta insistencia, el día 29 de marzo a las 18.30 horas se remitió la respuesta de las observaciones correspondientes al Concejo.
El día lunes 1 de abril, en horas de la mañana, la Comisión Jurídica se reunió con autoridades de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), donde se puso en conocimiento a las partes asistentes la nota remitida por el Órgano Judicial, presentada al alcalde Rodrigo Paz Pereira con fecha 25 de marzo del presente año.
La nota estipulaba la solicitud del Tribunal Departamental de Justicia de anular el convenio con el Gobierno Municipal donde se establecía el enajenamiento de un terreno ubicado en el barrio Lourdes.
El presidente del TDJ, Hermes Flores Egüez, indicó que la decisión de dar marcha atrás con el convenio nace en virtud del retraso en la ejecución por parte del Gobierno Municipal, además de que los terrenos sujetos al enajenamiento no cumplían con las condiciones requeridas.
“Uno de los factores que ha tomado en cuenta la parte técnica del TDJ es que el terreno es atravesado por una quebrada casi en su totalidad, además ya es casi un año de que se ha firmado el convenio y no se ha avanzado en su consolidación”, explicó.
Paz Pereira ha responsabilizado a la Comisión encabezada por Ponce Perez, de perjudicar proyectos tan importantes como la construcción del nuevo Palacio de Justicia por cuestiones políticas.
Según señala Ponce, la Comisión Jurídica ha seguido trabajando dentro del plazo para evacuar el informe respectivo.
“El informe estaba en manos del alcalde para poner en conocimiento el pronunciamiento oficial de la institución en relación a la petición de resolución del Órgano Judicial”
Hasta la fecha, el Concejo no ha recepcionado una respuesta oficial de la solicitud realizada en fecha 1 de abril, donde se requería al alcalde poner en conocimiento su postura ante la manifestación del Órgano Judicial.
elApunte
El presidente del Concejo Municipal, Francisco Rosas Urzagaste, considera que tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo no han podido desarrollar de manera eficiente la aprobación del proyecto para el enajenamiento de terrenos a favor del TDJ.
“Se ha pedido a la presidenta de la Comisión Jurídica que se realicen los trámites de manera pronta, yo como concejal veo muy importante esta inversión, se ha apoyado para que esto suceda sin embargo no ha sido posible”, detalló.
El Concejo ha mantenido reuniones con representantes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), dirigentes del distrito 8 como del barrio Lourdes para acelerar el trámite, sin embargo, las negociaciones no prosperaron.
TDJ garantiza los recursos para la construcción de la nueva Casa Judicial
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Hermes Flores Egüez, informó que, gracias a las gestiones realizadas, el Órgano judicial garantizó los recursos para poner en marcha la construcción de la nueva Casa Judicial.
Flores no descartó la adquisición de terrenos para viabilizar la materialización de dicho proyecto.
“La dirección del Órgano Judicial, garantizará los recursos para la construcción del nuevo Palacio de Justicia. Se está haciendo las gestiones administrativas para lograr un lote de terreno”, explicó
Sobre esa base, la autoridad departamental aseveró que, en el mejor de los escenarios, el Órgano Judicial podría establecer un acuerdo interinstitucional para la dotación de un predio a su favor.
“Gratamente les puedo asegurar que los recursos se quedan en Tarija, se van a invertir en la infraestructura que se ha comprometido y el Órgano judicial está trabajando activamente en lograr el terreno”, declaró.
En caso de la conseguir la dotación de un nuevo terreno, el TDJ centraría sus esfuerzos en la pre inversión como edificación de la nueva Casa Judicial.
“Dada la espera, de casi un año en conseguir este objetivo, se está analizando otros mecanismos, inclusive la compra podría ser una alternativa”, acotó Flores.
losDatos
- El terreno sujeto al virtual enajenamiento cuenta con 8.000 metros cuadrados.
- El artículo 158 de la CPEP establece que Órgano Legislativo es el responsable de aprobar la enajenación de bienes inmuebles de propiedad del municipio.