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Manuel Oliva/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-marzo 06/2019) Según información emanada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las gestiones 2015 y 2016, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija realizó una ejecución del 67% del presupuesto destinado al programa 25 “Defensa y Protección de la Mujer a nivel nacional” que era superior a los Bs 150 millones.

En la gestión 2017,  el presupuesto inicial destinado a este propósito fue menor al millón de bolivianos con una ejecución presupuestaria del 0% y en la gestión 2018,  asignaron un presupuesto de Bs 657.088 y aún no cuenta con la información oficial de su ejecución, debido a que el informe del gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar,  no es público.

Los feminicidios en el departamento de Tarija llegaron a ser tan frecuentes que se registraba casi uno  por semana en la gestión pasada, previo a esta situación, no existía una dirección o secretaría departamental encargada de velar por este tipo de casos.

Ante ello,  gracias a las gestiones realizadas por los colectivos femeninos,  lograron que la Gobernación emita un decreto departamental de alerta por los casos que venían registrando, que luego se convirtió en la Ley Departamental 368.

La representante del colectivo Ni Una Menos, Alba Van Der Valk, explicó que desde el año pasado, estuvieron haciendo presión para que sea declarada la alerta por violencia contra las mujeres en razón de género.

Con ese objetivo, fue promulgada la ley mencionada.

Con la ley en vigencia, fue elaborado de manera participativa un plan de alerta, que incluye un conjunto de acciones para reducir y prevenir la violencia.

Para la  implementación de la citada normativa, fue constituida una instancia específica, la Dirección Departamental de Género y Generacional,  que no estaba en el organigrama de la Gobernación hasta ahora.

La Gobernación comprometió un presupuesto cercano a los Bs 5 millones.

“Estas medidas son fundamentales, pero no son suficientes, seguimos esperando que el plan se implemente, y en esta etapa, la burocracia de las instituciones públicas es la principal dificultad con la que tropezamos”, reveló la activista.

El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Edgar Guzmán Jáuregui, resaltó la constitución de la Dirección de Género Generacional a pedido del colectivo de mujeres, por lo que este tipo de acciones buscan prevenir fundamentalmente la acción en base a un programa de concientización en los colegios y en todos los círculos de la sociedad civil.

El objetivo de esta dirección es de dar  prioridad a la prevención a los casos de violencia.

La delegada de la oficina del Defensor del Pueblo en Tarija, Carola Romero Pacello, indicó que existe una re-victimización, cuando se carece de ambientes necesarios, íntimos y alejados para  recibir denuncias o testimonios.

Refirió que  se incide en una suerte de re-victimización, de la misma manera,  el hecho de tener acciones recurrentes y no efectivas, da lugar a ello, recalcando la importancia de ir fortaleciendo estos aspectos.

Con esta normativa, lo que esperan desde las instituciones que trabajan en los derechos de las mujeres es de llegar a las comunidades más alejadas a través de la Fiscalía Móvil para que las víctimas puedan ser atendidas por cada una de las instancias llamadas por ley.

En ese entendido, todas las entidades territoriales autónomas cuentan con el mandato legal de incluir un programa específico, que contenga acciones y recursos suficientes para la atención como la protección a mujeres en situación de violencia.

Este mandato ha sido desarrollado a través de la adopción de políticas públicas y la elaboración de las normativas departamental como la municipal.

El Estado Plurinacional de Bolivia desde la promulgación de la Ley N° 348 del año 2013, asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género, para lo que los órganos estatales y las entidades territoriales autónomas tienen la obligación de adoptar medidas además de políticas necesarias.

Este accionar es mediante la asignación de  recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

Dicha asignación presupuestaria es destinada a cumplir la Ley N° 348 en departamentos y municipios, que denota la voluntad política de las entidades territoriales autónomas en cuanto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La estructura del presupuesto según el  “clasificador de gastos por finalidad y función del 2017” cuenta con la partida presupuestaria referente al código de finalidad Nº 10 de “igualdad de género, equidad y protección social”. (eP).

Nota de apoyo

19 feminicidios en el territorio boliviano

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, expresó su preocupación por el incremento de la violencia hacia los sectores vulnerables como son las mujeres, los niños y adolescentes, lo que muestra que no basta hacer leyes, sino trabajar desde el seno mismo de la familia inculcando valores de respeto a la vida de las personas.

“En lo que va del año, tenemos 19 casos registrados de feminicidios, haciendo cálculos, cada dos días una mujer es victimada. Exhortamos a que en las escuelas y principalmente en la familia se inculquen valores como la cultura de paz, el respeto a las personas”, sostuvo Lanchipa.

El fiscal general informó que, del primero de enero al 24 de febrero del 2019, de acuerdo al sistema integrado de gestión de causas penales, el Ministerio Público registra 19 casos de feminicidios en el territorio boliviano.

“Los datos oficiales registrados en nuestro sistema  muestran 6 casos  en La Paz; 5 en Santa Cruz; 3 en Cochabamba; uno en Potosí; uno en Oruro; uno en Tarija; uno en Beni y uno en Pando”, detalló.

De acuerdo a este sistema, el año 2013 registraron 26 casos de feminicidio en todo el territorio boliviano, 71  el 2014, 110 el 2015, 111 el 2016, 109 el 2017 y 128 el 2018, haciendo un total de 555 a partir de la promulgación de la Ley 348.

De los 555 casos registrados, 220 fueron cerrados con la obtención de sentencias condenatorias, 324 se encuentran en proceso, mientras que 11 fueron recalificados o extinguidos.

En cuanto a los 128 casos registrados la gestión 2018, La Paz ocupa el primer lugar con 33 de feminicidio; 27 en Cochabamba; 26 en Santa Cruz; 12 en Tarija; 12 en Oruro; 7 en Potosí; 6 en Chuquisaca; 3 en Beni y 2 en Pando.

El apunte

2015-2018 ejecución presupuestaria no alcanza el 61%

Es importante remarcar que el presupuesto inicial asignado a los gobiernos autónomos departamentales durante la gestión 2015, ascendía a un total de Bs 2.344.952.537, que fue reducido a Bs 12.426.213, previstos para la gestión 2018, lo que represente el 99,47% menos que el previsto hace tres años.

Es decir que para el año 2018 solo,  habrían otorgado un 0,53% del total de los ingresos. Por otra parte, del análisis presupuestario realizado en la intervención de la Defensoría del Pueblo  que abarcó a 9 departamentos y 54 municipios se observa que el presupuesto designado ha ido disminuyendo durante las gestiones 2015 – 2018, de contar con más de Bs 59 millones en la gestión 2015, en el 2018 se cuenta con Bs 35 millones, siendo además un punto crítico la ejecución presupuestaria, ya que en ninguna de las gestiones se alcanza una ejecución mayor al 61% del presupuesto total nacional asignado.

DATOS

  • Del 1 de enero al 24 de febrero del 2019, el Ministerio Público registra 19 casos de feminicidios en el país.
  • El presupuesto del 2017 fue menor al millón de bolivianos con una ejecución presupuestaria del 0%.
  • El 2013 se registraron 26 feminicidios, 71 el 2014, 110 el 2015, 111 el 2016, 109 el 2017 y 128 el 2018.