Laura Vidaurre/ Bolinfo/ Tarija
(el Periódico, febrero 02/2019) «Lamentable pero cierto, si el lago San Jacinto aumentó su caudal es por los desechos que se arrojan», denunció el representante de la cuenca del cantón Tolomosa, Clemente Ugarte Burgos.
Explicó que incrementaron en los últimos tres años los trabajos de movimiento de tierras en las comunidades de Tablada y Tolomosita, afectando el ecosistema del lago. «Terrenos tan lindos que están siendo ‘loteados», lamentó.
También mencionó a los asentamientos que están cerca de las comunidades de Turumayo, que no tienen alcantarillado y de donde botan sus desechos al lago.
«Cuando llueve todo se va al lago, no sé a qué altura estará, pero si aumentó su nivel, sería por los desechos que se arrojan. Todo lo que es corriente abajo llega al lago», denunció.
Pero no solo los desechos de los asentamientos desembocan en el lago, también ocurre con las cabañas ubicadas a sus orillas.
En ese entendido, el Concejo Municipal emitió un pronunciamiento interinstitucional junto al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía, la Central Sindical Única de Comunidades Campesinas de Cercado, la Subcentral de Tolomosa, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Proyecto Múltiple San Jacinto dependiente de la Gobernación.
El pronunciamiento surge tras una serie de reuniones para tratar los problemas generados por el loteo indiscriminado en la zona como la creación de urbanizaciones clandestinas en el área rural, pese a estar prohibidos por la Constitución Política del Estado como las leyes vigentes.
A este problema le sigue la tala indiscriminada de árboles y bosques que, además afecta a la identidad, los usos y costumbres campesinas, generando la contaminación de los recursos hídricos, de áreas de recarga, de fuentes de agua para el consumo humano como el riego, causando un daño irreparable a las comunidades.
Las comunidades afectadas por esta contaminación son: Tolomosa, Pinos, Guerrahuayco, Lazareto, San Andrés y Bella Vista respectivamente.
Las instituciones referidas acordaron proteger la pequeña propiedad y solar campesino, que son indivisibles que constituyen un patrimonio familiar inembargable de acuerdo a la Constitución Política del Estado.
Acordaron realizar todas las acciones necesarias para eliminar las urbanizaciones rurales en defensa de los recursos hídricos, el medio ambiente, los usos y costumbres de las comunidades campesinas, la función económica, social y agraria de las zonas con vocación agrícola como pecuaria, otorgando atención prioritaria a sus requerimientos de apoyo. (eP).