Violeta Castillo/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-enero 30/2019) El caso del abogado cochabambino Jhasmani Torrico, abrió un amplio debate a nivel nacional sobre la falta de control, debido a que el Gobierno le quitó peso a los entes colegiados que marcaban las líneas éticas.
Los colegios de abogados de Bolivia y de Tarija emitieron pronunciamientos en los que responsabilizan al Gobierno Nacional por restarles poder de control a los profesionales.
“El Ministerio de Justicia ahora tiene la facultad de registrar a los abogados bajo su dependencia, de manera obligatoria y esa es la facultad que nos ha privado (…) no podemos tener control sobre las actividades que puedan caer en el ámbito de las faltas éticas”, declaró la presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Isabel Moreno Cortéz.
En respuesta a estos pronunciamientos, el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, negó que esta situación sea evidente, pues estarían ejerciendo mayor control que los colegios departamentales y convocó a los abogados a entablar un debate sobre el tema.
“Es totalmente falso, es una situación que hemos lamentado. Yo hablé con el doctor Centellas (Hugo, presidente del Colegio de Abogados de La Paz) sobre esta situación y cuando quiera estaría dispuesto de hablar y conversar públicamente con la presidenta del Colegio de Abogados de Tarija”, respondió.
En respuesta a esta convocatoria, Moreno indicó que más allá de un debate, debe existir una mesa de diálogo en la que puedan converger reformas que permitan resolver la problemática del sistema judicial
“Debatir no siempre significa tener criterios contrarios, yo creo que el ministro tiene buenos criterios en muchas cosas, ahora que la política estatal sea quitarle las facultades a un colegio determinado, porque les incomoda que tengan es otra cosa. Pero obviamente puedo sentarme a conversar con él sobre la situación de la justicia, encantada y cuando quiera”, declaró.
Arce dijo que este tipo de situaciones escapan al control que pueda realizar cualquiera de las dos instituciones, pero que sí están tomando las acciones legales contra Torrico, que ahora está en el penal de Chonchocoro de La Paz. (eP).
ElAPUNTE:
Antecedentes
El caso del “abogado extorsionador” en el que el principal involucrado es Jhasmani Torrico, reveló una red de corrupción en el sistema judicial de Cochabamba, se trata de un consorcio en el que estarían incluidos policías, fiscales y jueces.
Al respecto, el Colegio de Abogados de Bolivia se pronunció indicando que este tipo de hechos se dan, debido a la puesta en vigencia de la Ley de la Abogacía en el año 2013.
Con esta normativa, se establece la obligatoriedad del registro de los abogados ante el Ministerio de Justicia y no así a los colegios departamentales de profesionales.
Los profesionales manifiestan que esta situación responde a un interés del Gobierno Nacional de quitarles poder de control a posibles acciones irregulares de sus colegas a favor de determinadas instituciones o autoridades.