En una sociedad no tan atrincherada en los protocolos ni normas estrictas, vivimos experiencias únicas que cada vez parecen más difíciles de repetir, una de ellas era celebrar cuando un parque de diversiones llegaba a la ciudad, con unos cuatro autos chocadores, una rueda de la fortuna que oscilaba de un lado a otro cada vez que giraba y un barco vikingo que chirriaba en cada sube y baja… tampoco podemos olvidar la montaña rusa de cinco carritos que no demoraba ni veinte segundos por vuelta. Lo que menos mirábamos era qué tan seguros eran esos juegos, no nos importaba que un fierro enganchado en ambos extremos sea lo que nos separaba del vacío cuando quedábamos detenidos arriba por algunos segundos… o aquella rueda de la muerte que tenía como jaulas, dentro de las que íbamos nosotros y se movían de acuerdo a nuestro propio impulso, dependía de nosotros quedar por momentos boca abajo mirando el piso. O las hamacas voladoras que a gran velocidad nos exponían a la indisposición y el vomito.
Volviendo atrás reconocemos que tal vez estuvimos al borde de la catástrofe muchas veces, éramos niños, éramos jóvenes y ni pensábamos en eso. La improvisación con la que se armaba cada juego nos exponía al extremo, aunque sucedieron accidentes, no recordamos que hayan sido fatales o alguien se haya lastimado seriamente. Hoy en día aparentemente los mismos errores se siguen cometiendo y no se toman las previsiones debidas. El municipio no supervisa el armado de los juegos, el estado de los mismos, muchos son antiguos y tienen un marcado desgaste sin olvidar que son «made in Bolivia», tampoco se cuenta con las garantías de seguridad que debe brindar la empresa a los usuarios, por lo menos se le debería exigir presentar una póliza de seguro en caso de accidente, porque quien visita el parque va de la mano de Dios. Antes de otorgar el permiso para operar y de cederle un espacio para instalarse, deberían establecerse requisitos rigurosos que velen por el bienestar de los usuarios, que al fin de cuentas, son ciudadanos que merecen la protección del Estado a través de sus instituciones.