Dos temas como que fueron agobiando el fin de año del presidente de la Asamblea Departamental, Guillermo Vega, el del subgobernador de Padcaya y el de redistribución de regalías. Ambos sensibles sin duda y que anuncian una dura próxima gestión para esta autoridad.
En el problema surgido por la ley del 45% , Vega tuvo en su manos por demasiado tiempo una papa caliente sin sentido o sin saber qué hacer, ya que debería haberlo pasado al pleno del ente legislativo en vez de soportar los embates de la gobernación que hábilmente le derivó la factura, mientras el Chaco, Arce y O’ Connor presionaban a su manera con discursos incendiarios. El informe del Servicio Estatal de Autonomías SEA, le cayó como anillo al dedo porque de repente le quitó el peso de los hombros ya que establece que el ente legislativo tarijeño no tiene competencia para modificar una ley nacional, la, lo que no quiere decir que las partes interesadas vayan a cesar en sus pretensiones, usando los caminos que vean necesarios.
En lo relativo al conflicto por la subgobernación de Padcaya, la dubitación en la Asamblea permitió que el gobernador Adrian Oliva se anticipe y nombre por decreto a la nueva autoridad, Percy Escalante, ante la desaparición del titular. Aún así, el ente presidido por Vega se tomó demasiado tiempo para aprobar una ley designando a William Guerrero como subgobernador. Mientras tanto, Escalante sentado y trabajando en el cargo. Hoy, por lo visto no será lo legal lo que despeje la controversia porque son presiones sociales, de sectores, que pugnan por un espacio de poder. Hasta ahora nadie aclaró qué es lo que corresponde en el nombramiento de esta autoridad, si una ley o un decreto, claro que la primera tiene supremacía pero no precisamente quien hace leyes puede aprobar lo que sea ni quien tiene la potestad de emitir un decreto, puede incluir cualquier cosa en ese documento.
Se debe entender que por haber derivado los problemas al 2019 no significa que se hayan solucionado o superado, por el contrario, consideramos que volverán y con más fuerza por tratarse de una gestión plenamente electoral y las motivaciones cambiarán radicalmente, quien pagará será aquella autoridad que no sepa qué hacer y cuando hacerlo, no ubicarse en el momento político que le toque a cada asunto, será un error de duras consecuencias.