Jesús Vargas Villena/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-octubre 29/2018) Manchado, así se encuentra el nombre del Ministerio Público en Tarija, donde el principal argumento de sus representantes es la falta de condiciones y la sobrecarga procesal.
Mujeres que no pueden dormir porque sus hijos no están más a su lado, lo peor, no saben qué pasó realmente con ellos, ni quiénes son los responsables de sus desapariciones e incluso, padres que murieron sin saber qué ocurrió.
La Justicia nunca aclaró estos casos, la Fiscalía no logró llegar a sostener argumentos sólidos, en gran parte, terminó por cerrarlos; archivarlos.
Más de 2200 causas tiene el Ministerio Público de Tarija para unos 32 fiscales, este es el mayor argumento desde las oficinas del edificio de la Fiscalía, indicando que la sobrecarga hace casi imposible dar la misma atención a cada proceso.
Por día ingresan aproximadamente unas 20 causas a la Fiscalía de Tarija.
Sin embargo, hay fallas que van más allá de la sobrecarga, como la contaminación de las pruebas o evidencias. La pérdida de documentación, pericias u objetos que pudieron en su momento esclarecer hechos van más a la negligencia o encubrimiento, según denuncias de víctimas o de allegados a los imputados en diferentes procesos.
Para colmo, la información es escasa con el pretexto de que los procesos se encuentran en “reserva”, siendo casi nulos los datos proporcionados por los fiscales, pero especialmente, por la fiscal departamental, Maggi Corrillo Romero.
“Nunca se ha dado una instructiva en cuanto a prohibiciones, en lo absoluto”, declaró la fiscal cuando fue encarada por los periodistas sobre el silencio que mantuvo por más de una semana sin emitir declaraciones a los medios, situación similar ocurrió en ese tiempo con los demás fiscales.
Lo cierto es que hay mucho por esclarecer y cada vez, son menos las voces que aclaran sobre lo que ocurre al interior de la Fiscalía tarijeña.
Esta situación se evidencia con una serie de casos emblemáticos que resumen lo que pasa al interior de dicha institución que perdió credibilidad entre los pobladores.
Caso Mariscal
El periodista de la red Plus Tv, Cristian Osvaldo Mariscal Calbimontes, desapareció en la madrugada del 20 de enero de 2014, hace 4 años, sin que la Fiscalía logre esclarecer qué pasó con él, pues inició un proceso por asesinato sin un cadáver que sustente su muerte.
En este proceso se contaminaron las evidencias, se perdieron teléfonos celulares y mensajes que pudieron dar la respuesta de lo que realmente ocurrió. “Más de 65 mensajes se enviaron entre dos de los principales imputados en la madrugada que desapareció Cristian”, había declarado en su momento el abogado de la familia Mariscal, Tamer Medina Hoyos.
Extrañamente, el perito técnico que se hizo cargo de los teléfonos celulares de los imputados, desapareció, teniendo que ser buscado por la Policía. Sus domicilios en Sucre fueron allanados y pasó a estar entre los procesados. Tras reaparecer, negó toda culpabilidad, pero no presentó el informe.
El informe de esos mensajes nunca apareció, las presuntas muestras de sangre sacadas en la casa de la exenamorada de Mariscal fueron contaminadas y no pudieron develar nada. Todo lo que no debió hacerse se hizo.
El padre de Cristian, murió sin conocer la verdad de lo que le ocurrió a su hijo.
“Todo lo ocurrido con Mariscal, viene a ser la muestra de cómo se manejaron casos semejantes”, analiza el abogado Tamer Medina Hoyos en contacto con elPeriódico.
Por este y otros casos sin resolver, fue creada la Asociación de Víctimas de la Impunidad, donde Medina es uno de sus representantes.
Otro caso singular es la muerte de la joven Daniela Martínez de 16 años, cuyos restos fueron encontrados el año 2015 en la zona de El Temporal. Los restos de la joven fueron hallados con otros huesos que pertenecerían a una segunda víctima, que hasta la fecha no es identificada.
Por más de dos años la madre de Daniela, Sofía Martínez, tuvo que esperar para que le entreguen los restos de su hija. “Pido que se me devuelvan los pocos restos que tienen de mi hija para darle una cristiana sepultura”, clamó la mujer.
Los restos óseos de Daniela estuvieron por más de dos años en el laboratorio de investigación sin que se tenga una respuesta de qué pudo haber ocurrido. Si de Daniela no se supo nada, peor de aquellos huesos de alguna joven víctima de feminicidio, que ni siquiera develaron su identidad. Justicia, no la hubo. Impunes quedaron los asesinos.
“Nunca se ha sancionado a los autores, pese a que había la posibilidad”, aseguró Medina.
¿Por qué había posibilidad? Pues al momento de hallar los restos, las investigaciones y los exámenes médicos podían dar con evidencias en la zona, que terminaron por ser destruidas, según el abogado.
Otra madre que llora la impunidad es Alcaira Fabiana Montenegro, por el asesinato de su hijo, el deportista Omar Cruz.
Omar fue asesinado a finales del año 2013 y su cuerpo descuartizado lo encontraron en diferentes bolsas nylon en enero del 2014 por la zona de San Jacinto.
Tras el juicio, fue sentenciada una joven que acompañaba al deportista el día de su muerte, pero las características del asesinato, hacen entrever que es casi imposible pensar que la mujer pudo haberlo descuartizado sola.
Los otros implicados esperan ser absueltos de toda culpa, en un proceso que no parece tener fin. “Acá también hubo una serie de fallas en los allanamientos, pericias y otros elementos que reflejaron la negligencia con la que fue realizada la investigación”, declaró un abogado allegado a Omar, quien pidió mantener en reserva su identidad.
También ingresa entre los casos emblemáticos el doble asesinato de Eloida Delgado y su padre, Eleuterio Delgado ocurrido en noviembre de 2014.
En este proceso, el autor confeso se encuentra en libertad. Esta situación según Medina, se da por una serie de errores cometidos en el proceso de investigación, especialmente con las evidencias encontradas en el vehículo en el que ocurrieron los asesinatos.
“En el caso del padre y la hija, debía realizarse la comparación de las evidencias, pero no se pudo rescatarlas, parecería que fueron destruidas o alteradas”, reveló.
Estas evidencias estuvieron por más de seis meses en un laboratorio.
Uno de los procesos que también despertó dudas es la investigación por la muerte de la joven Dayana Alemán. La joven de 23 años falleció en febrero de 2017 al interior de un motel en Tomatitas.
El juicio fue trasladado para finales de 2018, siendo la espera, toda una tortura para los familiares de la víctima.
En tanto, la familia del principal imputado, Elías Garzón, develó también una serie de irregularidades dentro del Ministerio Público por este proceso.
La principal irregularidad, tiene que ver con la idoneidad del médico forense, quien no tendría un título que le avale para asumir un cargo de ese tipo.
Solventando las acusaciones de la familia Garzón, el diputado potosino Víctor Borda Belzu, presentó una denuncia en contra del forense de la Fiscalía de Tarija, Walter Daza, por el delito de falsedad ideológica. El médico fue destituido, pero al mismo tiempo, sus procesos quedaron en una congeladora.
El exforense, también tenía una denuncia por acoso sexual. La querella fue presentada por una pasante que trabajaba en el Ministerio Público. El fiscal de turno desestimó la querella.
Así suman las irregularidades al interior de la Fiscalía tarijeña, agregando que otra funcionaria de esta institución fue denunciada por el delito de estafa.
La víctima de nombre Delia Sanabria, acusó a la psicóloga forense de la Fiscalía de haberla estafado a ella y a su pareja por la suma de 18 mil dólares americanos, al darle una casa en anticrético que no era de su propiedad.
Según la ciudadana paraguaya, la funcionaria aprovechando la influencia que tiene en esta institución, no dio cabida a su denuncia.
La Fiscalía desestimó este caso, indicando que la querellante no cumplió con todos los requisitos al formalizar la denuncia. La psicóloga forense se mantiene en el cargo.
Estos casos son una pequeña muestra de lo que ocurre en el Ministerio Público de Tarija, en el que la tarea principal del nuevo fiscal departamental, será de cambiar una imagen que viene bastante deteriorada. El reto es grande. (eP).
Apunte
Casos de corrupción
Gran parte del tiempo de los fiscales se va en los cientos de procesos de corrupción que ingresan; aunque la realidad no cambia, la retardación y la impunidad se mantienen mayoritariamente.
Más de 13341 denuncias por presuntos casos de corrupción son recibidas por el Ministerio Público de Tarija, de estas, menos de 50 llegaron a una sentencia.
Para colmo, la mayoría de estos procesos están caratulados en “reserva”, por ende, muy poca información es revelada a la sociedad.
Los mismos procesados en presuntos casos de corrupción, reclaman por la retardación en las investigaciones y fallas técnicas.
El nuevo fiscal general, Juan Lanchipa Ponce, anunció que cambiaría a los nueve fiscales departamentales, como muestra de un cambio que está impulsando al interior de la institución, dando una señal de esperanza para miles de personas que esperan una respuesta de este brazo importante de la justicia.
Los datos
Por día ingresan más de 20 causas a la Fiscalía de Tarija.
Unos 32 fiscales trabajan en todo el departamento de Tarija.
