Jesús Vargas Villena/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-octubre 15/2018) Las leyes marcan el rumbo de una sociedad, la refleja e incluso cambian el curso de vida de sus habitantes.
Con la creación desde el año 2009 de las asambleas departamentales en los nueve departamentos, pareciera que en determinadas regiones solo incrementó el aparato burocrático, pero lejos se quedó de romper el esquema centralista.
En el caso específico de Tarija, se interponen las leyes declarativas por encima de las orgánicas, sin que la gente pueda notar un cambio sustancial en sus vidas.
Quizá el momento más determinante de la Asamblea Departamental, fue a finales del año 2010, cuando el pleno decidió hacer el cambio de gobernador, instante en que esta institución mostró su poder por encima del ejecutivo que había sido elegido por el voto popular.
En dicha ocasión, el legislativo eligió a uno de sus asambleístas como gobernador interino, suspendiendo al titular, quien tenía un proceso judicial por resolver.
La Asamblea en esa ocasión, había decidido que Lino Condori Aramayo con 852 votos de apoyo ocupe el cargo de gobernador, en lugar del titular, Mario Cossío Cortez, que había recibido 97.726 votos.
Esta determinación se dio gracias a la alianza del Movimiento Al Socialismo (MAS) con Poder Autonómico Nacional (PAN), que en ese entonces lideraba Wilman Cardozo Surriable, quien ahora es asambleísta opositor.
De aquella vez, pasaron unos ocho años sin que se volviera a tener una normativa que refleje algún cambio sustancial en la vida de los tarijeños.
Las leyes orgánicas son aquellas que marcan una regulación, modificando el estilo de vida de las personas.
También están las leyes financieras, que son aquellas que aprueban presupuestos o partidas que se requieren para la vida orgánica de las instituciones.
Las normas declarativas generalmente señalan fines intangibles y permanentes contenidos en la Constitución.
Estas leyes pretenden cuidar el patrimonio cultural o resaltar personalidades de la sociedad.
Estas últimas normativas, si bien no son malas en la práctica, porque pueden cuidar el patrimonio, cosa que tampoco está sucediendo en Tarija, están anteponiéndose a las orgánicas, como los ejemplos que se van a citar.
La Ley del Rosquete fue promulgada el 2017, la misma se antepuso al proyecto de la que pretende dar pie a la creación de las empresas público-privadas.
La Ley del Rosquete tiene tres artículos, en los que insta al Gobierno Departamental a fomentar la preservación de este producto regional.
“La finalidad de la presente ley es la preservación, el fomento, el rescate, la revalorización, la difusión y la conservación del rosquete como patrimonio cultural”, dice en uno de sus artículos.
Esta normativa se antepuso al proyecto de diversificación económica productiva del departamento, elaborado por la Agencia del Desarrollo dependiente de la Gobernación, contando con asesoramiento del sector empresarial, como también de expertos internacionales o financiadores.
La finalidad de la norma, según explicó el director de la Agencia para el Desarrollo, Oscar Farfán Mealla, al suplemento Verdad con Tinta, es de desarrollar el marco normativo de las asociaciones públicas privadas; de las empresas públicas departamentales de servicios; de la sociedad de inversiones para financiamiento de capital en empresas; del fondo fiduciario para la preinversión, del fondo de estabilización y previsión para el desarrollo.
Este proyecto sigue durmiendo desde el año pasado en la Asamblea.
Otra de las leyes que llaman la atención es del campeonato de fútbol Copa Integración Campesina, la que obliga a la Gobernación a realizar anualmente el desembolso de Bs 20 mil para cubrir los montos mínimos de este torneo.
El torneo es organizado por la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas. “Sabemos que se cuestionará, nunca han querido apoyar a los indígenas o a los campesinos, esta normas son para fortalecer a nuestras comunidades campesinas”, argumentó tras su aprobación, la asambleísta Sara Armella Rueda.
Otra de las normativas cuestionadas es la Ley de apoyo al Festival internacional de la Copla, aprobada la anterior semana, la que se antepuso al tratamiento del proyecto de ley electoral.
Como la del torneo de fútbol, la ley aprobada dispone recursos departamentales para el apoyo a este evento cultural en pro de la preservación del patrimonio cultural.
En tanto, el proyecto de ley electoral está previsto para normar en el marco de la autonomía las próximas elecciones departamentales para gobernador, asambleístas, subgobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales y ejecutivo regional del Gran Chaco.
Para el presidente de la Asamblea, Guillermo Vega Flores, normas como la ley electoral, requieren de un mayor tiempo de análisis técnico, siendo ese el motivo por el retraso de proyectos de esta magnitud.
Esta normativa debe definir el número de escaños por municipios y determinar el futuro de la figura del subgobernador, que solo se tiene en Tarija. Los asambleístas se dieron un nuevo plazo de 30 días que ya empezó a regir desde el 11 de octubre.
Normativas como la ley electoral definirán el futuro de los tarijeños, aunque en el legislativo, por ahora existen otras prioridades. (eP).
Los datos
Entre 2017 y 2018 pudo comprobarse que hubo cientos de nombramientos de “personalidades ilustres”, o leyes de declaraciones como la del rosquete.
La Asamblea promulgó este 2017 una ley a favor de un campeonato rural, de donde deberán salir anualmente Bs 20 mil.
La cifra
Bs 28,9 millones.
Es el gasto aproximado que representa la Asamblea Departamental a Tarija.
elApunte
La autonomía convertida en gasto
Para el analista en derecho autonómico, Freddy Esteban Ortuño Cassón, con la producción de este tipo de leyes, la autonomía se vuelve un gasto y no una inversión.
“No peleamos por la autonomía, para que se elaboren la ley del rosquete, la copla o del bollo. Luchamos por la autonomía para tener servicios básicos de calidad, para tener fuentes de trabajo, para ya no sufrir crisis económicas”, refirió.
Para el analista, es necesario que los tarijeños se pregunten cuánto les cuestan este tipo de leyes.
“Calculen sueldos de los asambleístas y sus asesores, personal administrativo, entre otros, es un descaro gastar tanto dinero para decir que la copla es tarijeña o que la taba es un juego chapaco”, reflexionó.