Violeta Castillo/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-agosto 30/2018) El juicio en contra del exalcalde de Tarija, Óscar Montes Barzón, y su esposa, la concejal Ruth Ponce Pérez, inició el lunes, pero en el transcurso del mismo sufrió una nueva suspensión temporal a pedido del Ministerio Público.
La fiscal departamental, Maggi Corrillo Romero, informó que esta petición la hizo en virtud a que esta investigación requiere de la declaración de testigos que permitiría esclarecer los hechos de supuesto enriquecimiento ilícito por parte de Montes y Ponce.
“El artículo 335 del Código de Procedimiento Penal establece que se puede determinar una suspensión en razón a que se pueda hacer comparecer a los testigos que se requiera para este caso”, informó la fiscal departamental.
En la audiencia de ayer, los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia a cargo del juicio habrían llamado la atención al Ministerio Público por el retraso que implica este pedido en el avance del juicio, refiriendo que ya se habría dado un plazo para la presentación de testigos.
Sin embargo, la Fiscalía habría argumentado que estas personas radican en otras ciudades, pero que ya las estaría notificando para que puedan presentarse.
“Se está citando a estas personas, pero los mismos no tienen domicilio en Tarija. Al estar en otros departamentos se complica el trabajo de notificación, pero ya se habría confirmado su presencia”, declaró.
Para los acusados este juicio tiene en realidad un fin político, digitado por el actual alcalde, Rodrigo Paz Pereira. (eP).
ElAPUNTE:
Estado del juicio
El proceso oral por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Montes y Ponce se encuentra en la etapa de judicialización de las pruebas.
El Ministerio Público presentó el martes al Tribunal el cúmulo de documentación probatoria. Para hacer la revisión de esta evidencia, tanto la defensa como la parte querellante realizaron la contratación de peritos que puedan validar los documentos.
Este juicio es producto de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el que cuestiona un incremento patrimonial que no condice con los ingresos de Montes y Ponce, mientras fungía como alcalde el primero y como fiscal la segunda.
