Por Israel Adrián Quino Romero
Es Abogado y Periodista
La familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto; son los núcleos sociales que se ven afectados por la sensación de inseguridad tras ejecutarse despiadadamente acciones vulneratorias de los Derechos Humanos infundiendo, simultáneamente, el terror en los ciudadanos como principal estrategia de algunos poderes público – estatales en el mundo para las desapariciones forzadas. Desde 1980 hasta el 2017 según NNUU se contabilizaron más de 43 mil casos de desapariciones mundiales, los países con mayor registro: Iraq, Sri Lanka y Argentina.
Es inadmisible que para este tiempo todavía existan noticias de esta índole; por ello sensibilizar, concienciar, llamar la atención señalando que existe un problema sin resolver, tan importante y pendiente para las familias afectadas, son el principal mecanismo para exhortar inequívocamente a los poderes público – estatales, donde se lamentaron estos registros, para que tomen medidas al respecto.
En el país tras reconquistar la democracia se cerró una página de la historia que todavía tiene una serie de secuelas para las familias de las víctimas del periodo dictatorial de noviembre de 1964 hasta el 10 de octubre de 1982, existe una gran expectativa por los resultados de la Comisión de la Verdad tras sus investigaciones.
A partir de las disposiciones normativo-constitucionales del Art. 218 al 224 y la Ley 870, dentro nuestro Estado Constitucional Democrático, Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario; se instituye a la Defensoría del Pueblo como la encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los Derechos Humanos individuales y colectivos; por ello a partir del 2011 en Bolivia tras la Resolución 65/209 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (21/12/10) se conmemora el 30 de agosto como “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”; exigir la verdad, justicia y, además honrar la memoria de los desaparecidos, es el propósito principal de esta celebración mundial.