Noticias El Periódico Tarija

Quién iba a pensar de que aquella propuesta hecha ley de hace años atrás, enfrente a autoridades e instituciones por su administración. La canasta alimentaria para el adulto mayor que se entrega en todo el departamento no fue vista con buenos ojos al principio, pero hoy es la manzana de la discordia que se disputa hasta en escenarios judiciales y legales.

Fue el entonces asambleísta Departamental Marcelo Poma, aquel al que cuestionaron porque supuestamente quería cambiar el himno y hasta el escudo de Tarija, aquel al que tildaron de «orureño» y en más de una ocasión lo botaron y mandaron a su tierra natal, el que hizo la propuesta de entregar este beneficio a las personas mayores. Lo calificaron de pre vendalista, de asistencialista y por su militancia masista, peor aún. Lo cierto es que se aprobó e hizo una ley Departamental, asignándole la responsabilidad a los ejecutivos seccionales que se volvieron luego subgobernadores. Se presentaron problemas al principio, definir presupuesto, productos, formas de adquisición de los productos, almacenamiento y entrega o distribución. Estas unidades que son parte del gobierno Departamental, de la noche a la mañana, tuvieron en sus manos responsabilidades para las que no estaban preparadas pues no contaban con el personal suficiente ni la logística para comprar, recibir ni entregar una larga lista de productos, a miles de adultos mayores. Con solo decir que no tenían tampoco donde almacenar los productos ni donde entregarlos, basta para palpar la situación.

Una vez que se consolidó el beneficio y los beneficiarios le vieron su buen lado, nadie más lo cuestionó ni se acordó de Marcelo Poma. Al inicio de la gestión de Adrian Oliva y Jhonny Torrez, surgieron problemas relacionados a su administración, varios millones en juego, gestión y política de por medio. La gobernación intentó quedarse con la canasta pero Torrez, a través de una acción legal, que le dio la tutela, consiguió conservarla, luego de meses es el Tribunal Constitucional el que corrige y le asigna a la gobernación toda la potestad y responsabilidad. Poco o nada podrá hacer el subgobernador ahora. Mientras tanto, nos encaminamos a lo que promete ser una encarnizada etapa preelectoral, en la que nadie olvidará nada y todos querrán cobrar su factura.