La Razón
A poco de conocerse si la Fiscalía General del Estado acusa o no a Carlos Mesa por el caso Quiborax, el expresidente enumeró seis “graves hechos” con los que nuevamente apunta al Gobierno como responsable del pago de $us 42,6 millones y la pérdida del arbitraje con un fin político para, aseguró, afectarlo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó el fin de semana que este lunes se cumplirá el plazo de 30 días que tiene el fiscal Ramiro Guerrero para pronunciarse por el pedido del procurador Pablo Menacho de procesar a Mesa por la irregular reversión de las concesiones a la transnacional chilena en 2004.
A juicio del exmandatario, “el gobierno de (Evo) Morales hizo todo lo posible para perder el arbitraje y cumplir así su objetivo político: mi procesamiento judicial en un claro camino en el que está hace ya tiempo; la criminalización de la política”.
El expresidente se cuestiona cómo el Decreto Supremo de diciembre de 2005 del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, “que ratifica la expulsión de Quiborax avalando plenamente la Resolución de la Superintendencia de Minas dictada en mi gobierno, no es sujeto de un proceso por daño económico al Estado”