El Comercio
El Gobierno de Chile expulsará a más de 2.000 extranjeros que permanecen de forma irregular en el país, un proceso que comenzó este fin de semana con la expulsión de 59 reclusos bolivianos y peruanos que ya habían cumplido sus condenas.
Así lo informó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que en declaraciones al diario El Mercurio precisó que el proceso se realizará en tres etapas y se extenderá hasta el 31 de agosto.
«Vamos a pasar las 2.000 expulsiones este año. Esa es una señal clara e inequívoca de que nos tomamos en serio el concepto de ordenar la casa», sostuvo Ubilla, que añadió que el proceso se enmarca en la regularización de inmigrantes irregulares que el Gobierno inició el pasado abril.
En ese entonces el Gobierno calculó en 1.119.000 el número de extranjeros residentes, de los que 300.000 estaban en situación irregular.
El Gobierno abrió un proceso de inscripción para permitir la regularización, que en una primera fase tuvo 137.000 inscritos, aunque quienes aún no lo hayan hecho tienen plazo hasta el 22 de julio.
La primera etapa de expulsiones consiste en identificar a los reclusos que ya cumplieron sus condenas y por ley deben ser expulsados. Lo mismo se está haciendo con quienes están cumpliendo una pena, de tal manera que cuando la terminen, inmediatamente serán deportados, explicó Ubilla.
La segunda fase estará enfocada en los extranjeros que son infractores de la ley migratoria porque están en el país en situación irregular pero no tienen antecedentes penales.
Según el subsecretario del Interior, son personas a quienes las autoridades chilenas exigieron que abandonen el país, pero apelaron la medida por vía administrativa o judicial, y que están representados por organizaciones no gubernamentales (ONG) que los apoyan.
Actualmente hay 400 personas en esa situación y su expulsión está en proceso, puntualizó Ubilla.
Agregó que la tercera fase comenzará el 23 de julio, un día después del cierre de la inscripción en el proceso de regularización migratoria, con aquellos extranjeros que no se registraron dentro del plazo.
«Se asume que quienes no se inscriban es porque probablemente tienen antecedentes penales. A ellos se les buscará para deportarles», señaló el funcionario.