Los bosques están siendo sacrificados, sin que las instituciones se pronuncien, incluyendo las reservas naturales
SAÚL CARDOZO/ BOLINFO/ TARIJA
(elPeriódico- mayo 26/ 2018) La tala y el tráfico ilegal carcomen los recursos maderables de los bosques del país y los traficantes han hallado otro método para burlar el control de las instituciones, por ello, se abren los pasos por diferentes lugares hasta llegar a la ciudad de Tarija por las regiones de Tupiza y Villazón, del departamento de Potosí.
En Bolivia, más de mil hectáreas de bosques por día, y alrededor de trescientas mil al año son deforestadas, según el informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
Según la información del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Bolivia pierde cada año más de 270.000 hectáreas de áreas boscosas a causa de la tala indiscriminada de árboles y quemas, además de la expansión de las tareas agrícolas.
El director departamental de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Omar Ortiz, aseguró que están realizando un diagnóstico de la tasa de deforestación.
Dijo que es “complicado” tener un índice; pero hasta junio tendrá el diagnóstico de todo el departamento.
El precio de la madera y los muebles incrementó en los mercados de Tarija en un 100 por ciento o más, lo que provocó una baja en la oferta y como en la demanda a causa de una escasez de la materia prima, pero especialmente por el contrabando.
Por este motivo, la mayoría de los muebles que hacen los productores locales son de melanina, que viene a ser el producto más barato.
Los carpinteros de Tarija, refirieron que los precios de la madera y los muebles subieron por nuevas medidas del Gobierno, por la falta de un control al contrabando, que sigue, pese a que se dice lo contrario.
“El pie cuadrado de cedro subió de Bs 6,50 a Bs 18, y la mara ya no existe, y todo lo que se tiene es de la exportación, mientras que el roble también se extinguió”, dijo Juan Carlos Mena, carpintero del barrio La Loma.
En Tarija, la ABT regional abrió un total de 30 procesos sumarios administrativos, es decir, 15 menos de la anterior gestión por explotación, transporte, aprovechamiento, almacenamiento y comercio ilegal o contrabando de madera.
Resaltó la sentencia de siete personas por los delitos de aprovechamiento ilegal o desmonte, sin tener la debida autorización.
“La tala ilegal se da en un número importante en O’Connor, la provincia Arce, parte de Avilés y Cercado, además del municipio de Culpina que pertenece a Chuquisaca”, dijo.
Explicó que en el tema del Gran Chaco, la tala ilegal disminuyó, porque tomó la medida de realizar las autorizaciones.
“Tenemos varios problemas con las provincias que están cerca de Culpina”, añadió.
Ortiz, dijo que la madera ilegal llega en gran parte a los mercados de la ciudad de Tarija, y de acuerdo a lo que trabajaron, conoce que la madera también llega a Tupiza como a Villazón en Potosí.
Opiniones
En las quebradas y riberas de los ríos, las comunidades rurales acostumbraban a plantar árboles como el sauce, el molle y la qewiña para crear defensivos naturales y evitar el desborde o los desmoronamientos.
“Estas prácticas se están perdiendo, porque la gente ya no trabaja, antes cada familia tomaba sus previsiones o se organizaba a nivel comunal. Ahora solo esperan que las autoridades hagan todo”, mencionó el ingeniero agrónomo, Rolando Cárdenas.
Los árboles servían además de cortina rompevientos, su eliminación ha derivado en la aparición de un nuevo fenómeno que aqueja a la ciudad: los vientos huracanados.
La absorción del dióxido de carbono en el aire, es otra de las principales funciones para evitar el daño en la capa de ozono y las afecciones a la salud.
“Si no hay absorción del dióxido de carbono, el daño a la capa de ozono se agrava, con ello el calentamiento global, y provoca el deshielo, consecuentemente la escasez de agua”, explica Cárdenas.
Hectáreas deforestadas
En Tarija, 2000 hectáreas fueron deforestadas. Hay casos de incendios que fueron atendidos por la unidad forestal de la Gobernación. El 80 por ciento de las áreas forestales corresponden a pajonales, y el 20 por ciento de árboles como arbustos.
El molle continúa siendo el más afectado, pese a que es el único árbol que tiene una ley específica que lo protege.
La norma que protege al molle, es la Ley 1278 del 22 de octubre de 1991, pero le falta un reglamento que impide sancionar a los infractores.
Ortiz, dijo que la institución se encarga de hacer cumplir los requisitos, además de verificar las zonas donde hará el desmonte, porque existe un mapeo del departamento que especifica qué áreas pueden ser intervenidas y cuáles no.
Hay ciertas medidas de protección que debe cumplir el propietario que quiere hacer la tala de árboles.
Explicó que el dueño debe dejar una barrera rompe vientos, que la deforestación no sea efectuada al lado de un afluente, entre otros.
El ambientalista Gonzalo Torres Terzo, indicó que la deforestación es irreparable, y que si bien hay acciones de reforestación, no se da de manera adecuada, ni de las especies que son taladas, lo que genera que existan especies en peligro de extinción.
Indicó que si bien, en algunos lugares plantan árboles, nadie se encarga de que estos se desarrollen, indicó que los mismos terminan secándose. (eP).
EL APUNTE
Los delitos forestales según la Ley 1700
Constituyen delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de funciones, según los artículos 159, 160 y 161 del Código Penal, con un año de reclusión, los actos en contra de inspectores y auditores forestales acreditados por la autoridad competente como el incumplimiento de las resoluciones de la autoridad forestal.
Son circunstancias agravantes de los delitos de los artículos 198, 199, 200 y 203 del Código Penal con seis meses y seis años de privación de libertad, cuando los actos de falsedad material o ideológica, o el uso de instrumentos falsificados, estén referidos al plan de manejo forestal y sus instrumentos subsidiarios, programas de abastecimiento de materia prima, declaraciones juradas, informes y documentos de los profesionales o técnicos forestales, pliegos de cargo o recomendaciones de las inspecciones, informes y dictámenes de auditorías forestales como demás instrumentos establecidos.
NOTA DE APOYO
Denuncian la tala de árboles en Tariquía
Comunarios de la comunidad de San José ubicada en el Distrito 8 de Tariquía, denunciaron la tala de madera en la reserva, y que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), “no hace nada” para controlar esta deforestación, según ha informado la representante de la zona, Cecilia Chavarría.
“Se considera esta institución como aliada del Gobierno Nacional, porque hasta ahora no ha hecho nada por defender a Tariquía de la tala de árboles, incluso, ha dado el visto bueno para la incursión de las petroleras a la región, pase a que su función es precautelar el cuidado de los recursos naturales en la zona”, acusó la dirigente.
Entre las especies que se encuentran en peligro de extinción en la zona, están el cedro y la quina, porque estos árboles se encuentran en los más profundos del bosque, y es en esos lugares, donde se tiene más evidencia de la tala de árboles.
“Se ha concientizado a los comunarios para que eviten la caza de animales, porque esta era considerada como un método de subsistencia, y ahora se han planteado nuevas alternativas para evitar esta práctica que atentaba con las especies de la zona”, mencionó.
La reserva de Tariquía ha sido un tema de discusión en estos meses, debido a la intención que existe de ingresar con las empresas petroleras a realizar la exploración de la zona en busca de gas, lo que según los ecologistas, puede causar un desequilibrio en el ecosistema.
DATO
El área protegida tiene una propia administración que es Sernap, que opera con guardabosques.
DATO
El paso de la madera ilegal es de Entre Ríos, Culpina hacia los municipios de Tupiza y Villazón.
DATO
La deforestación constituye delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de funciones
CIFRA
7 personas fueron sentenciadas con la privación de libertad en la pasada gestión por el contrabando de madera.