LO QUE RESTA DEL DÍA
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó a la Gobernación de Santa Cruz que el cien por ciento del campo Incahuasi está en territorio cruceño, aliviando de este modo la tensión natural y la incertidumbre sobre las regalías departamentales pero al mismo tiempo generando una sensación de derrota y abandono en Chuquisaca. La verdad es que el resultado del informe estaba cantado, fundamentalmente, desde una perspectiva política. Tal y como escribí en esta misma columna, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está enfocado en la campaña política de cara a las elecciones generales del año que viene y le interesa mantener contento al departamento oriental que es, además, el motor del desarrollo del país. Si uno echa un vistazo al padrón no hay duda de que esta afirmación se sostiene sin demasiado esfuerzo. Lo que preocupa es el destino de Chuquisaca.
El departamento hermano, con mucha afinidad social con Tarija, no tiene una economía diversificada. La explotación petrolera es el único sustento donde apenas existe industria (Fancesa y varias fábricas de excelentes chocolates), y el área rural, a pesar de los programas estatales, genera productos casi exclusivamente para la demanda interna. Por cierto, aunque se han iniciado programas de promoción turística no son suficientes para captar un mercado. En otras palabras, Chuquisaca necesita más que Santa Cruz las regalías de Incahuasi; pero no es sólo una cuestión de necesidad perentoria, sino de equidad entre los departamentos ricos y aquellos no tanto, o más bien pobres. La cuestión es cómo Chuquisaca, Beni, Pando y Potosí pueden ir a un pacto fiscal en igualdad de condiciones; al final acabarán aceptando los acuerdos del eje central, como siempre ha sucedido en la historia de Bolivia porque aún andamos en pañales cuando se trata de profundizar el desarrollo de las autonomías como concepto de descentralización administrativa.
En todo caso, el movimiento cívico chuquisaqueño no quiere dar brazo a torcer. Para esta semana se anuncia un paro cívico en un contexto de ánimos muy caldeados donde se llegó incluso a agredir al gobernador Esteban Urquizo, acusado de traidor. El Comité Cívico tiene claro que el Gobierno es el responsable de todo este pifostio; de hecho, no sabido canalizar el descontento hacia una conciliación con Santa Cruz y todo apunta a que juega a dos bandas de un modo muy avieso, con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como cabeza de turco. Aquí, como en tantas otras actuaciones del Gobierno, ha faltado claridad y capacidad de decisión. Dependiendo de cómo se levantaba de la cama el gobernante de turno, el curso viraba a Chuquisaca o Santa Cruz generando malestar y descontento, a tal punto que unos y otros coinciden en que la administración de Evo Morales se ha metido en un jardín sin límites perimetrales establecidos y no tiene la más pastelera idea de cómo salir del embrollo.
Aventurarse a un resultado de este conflicto es temerario e irresponsable. Sólo queda esperar a lo que resta del día.
