Ya tienen la foto y alguno saca pecho, lo que es natural considerando los anticuerpos que genera José María Leyes, el alcalde de Cochabamba, acusado de presuntos actos de corrupción relacionados con una dudosa licitación de mochilas y material escolar de origen chino. Hay quien festeja la imagen del burgomaestre enmanillado rumbo a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por la cuenta que le trae; Leyes es una de las figuras más visibles de la oposición política al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y eso en la Bolivia de hoy pasa factura, de un modo u otro, por activa o por pasiva.
No va a ser un servidor quien saque cara por el cuestionado alcalde porque, primero, no me corresponde ni me interesa y segundo, porque existe evidencia contrastada que pone de manifiesto que existen serios indicios que apuntan a la comisión de varios delitos, más allá de aspectos eminentemente administrativos que la Justicia deberá investigar, analizar y procesar en su momento. Sin embargo, el hecho de que una autoridad pase la noche en una celda es una anomalía de un sistema de administración de justicia en el que prevalece la presunción de culpabilidad en vez de inocencia, un contrasentido en toda la regla que no somos capaces de resolver.
En Bolivia seguimos manteniendo la prisión preventiva como un recurso efectivo destinado a evitar que el presunto culpable se dé a la fuga, pero al mismo tiempo como un mecanismo represivo del Estado para condenar antes de un debido proceso, lo que es una violación manifiesta de los derechos humanos. Eso es, precisamente, lo que sucede en el caso Leyes. Aquí se constata cómo se da rienda suelta a un linchamiento mediático que a su vez genera una respuesta desproporcionada en la calle de parte de los partidarios de la autoridad edil a partir de una alarmante falta de prudencia, porque de momento no hay una sentencia y todo Cristo apunta al alcalde como el cabecilla de “una organización criminal”, Héctor Arce, ministro de Justicia, dixit.
Insisto en este aspecto. Es muy probable que José María Leyes sea culpable, pero hasta no tener sobre la mesa el fallo de un juez competente no se le puede ni debe crucificar tras un auto de fe tan riguroso como procedimentalmente irregular.
Estamos, pues, ante un momento delicado desde una perspectiva institucional. El munícipe ha sido sentenciado de antemano; éste, en vez de responder las acusaciones en su contra con pruebas de descargo apunta a una persecución política; el Gobierno aprovecha la coyuntura para hacer leña del árbol caído; la opinión pública reacciona airadamente llevándose las manos a la cabeza ante la corrupción como si el asunto Leyes le hubiera abierto los ojos; la prensa se divide una vez más entre la condena pura y dura y el análisis. Usted y yo, por supuesto, nos limitamos a contemplar desde el palco cómo el cáncer ha hecho metástasis y no hay Dios ni hombre capaz de detenerlo
