Agencias
De ratificarse el veredicto de responsable contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín por la muerte de ocho víctimas en octubre de 2003, en Bolivia se anticipa que se desatará una dura pugna por los 10 millones de dólares de indemnización.
El dictamen del jurado dispuso de forma específica que son ocho los beneficiados. Sin embargo, Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, asegura que hay un convenio interno firmado entre las víctimas que obligaría a distribuirse el dinero entre las 64 familias que conforman la Asociación una vez se cubran las deudas con los abogados que patrocinaron y los gastos del viaje y la estadía de las víctimas en Estados Unidos.
“Nos han indicado que en Estados Unidos se estableció que es para las ocho personas, pero acá en Bolivia es para toda nuestra organización. Así lo hemos entendido porque hemos firmado acuerdos y todo eso se hará prevalecer en el tiempo que se puede acceder a eso (el pago)”, declaró ayer en Plaza Murillo, después de conocer el veredicto del jurado atendió el juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
Reveló que incluso existe un convenio interno con los abogados de Estados Unidos, a los que se deberá pagar primero. El monto aún no se conoce y, por tanto, no existe una cifra para decir cuánto tocará a cada una de las 64 personas, de las cuales 4 son por familiares heridos y 60 por fallecidos.
Para Rogelio Mayta, abogado de las víctimas, es prematuro hablar de cuánto recibirán las familias afectadas porque se debe esperar que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín se refugien en recursos legales que pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de EEUU.
“Hablar de dinero es prematuro, buscamos justicia; esto es un hecho que ya no se puede cambiar”, remarcó
El proceso fue impulsado en base a acuerdos con diferentes instituciones de EEUU para financiar el patrocinio de los abogados, entre ellos el programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Centro de Derechos Constitucionales, y una firma de abogados que no solamente aportaron con su trabajo, sino facilitaron el traslado y la estadía de las víctimas en Estados Unidos, explicó Mayta.
Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, a través de una declaración firmada por sus abogados, expresaron su desacuerdo en el veredicto de la Corte Federal de Florida que los encontró “responsables” por las muertes en octubre de 2003.
“No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado y creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado. Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente”, dice la declaración escita por abogados Stephen Raber y Ana Reyes.
La compensación
El jurado consideró que el padre de la niña Marlene debe recibir una compensación de un millón de dólares. La madre de Marlene un millón y medio de dólares. Sonia Espejo con medio millón de dólares. Herman Apaza Cutipa con un millón y medio de dólares. Bernabe Calizaya con medio millón de dólares. Gonzalo Mamani con medio millón de dólares y los otros familiares con montos variables: Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa.