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SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico – enero  06/2018) Los médicos a nivel nacional continúan con su paro indefinido asumido hace 46 días, pero  fuera de exigir la anulación nuevo Código de Procedimiento Penal, piden también la renuncia de la ministra de Salud,  Ariana Campero Nava.
Los profesionales rechazaban inicialmente, la implementación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada mediante decretos por el Gobierno, y después la aprobación del artículo 205 del nuevo Código Penal, que sanciona la negligencia médica, pero ahora su petición,  va más allá.
El presidente del Colegio Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo, dijo que no consideran “prudente” que la ministra Ariana Campero continúe a la cabeza de esta área tan delicada, porque a su criterio demostró incapacidad para resolver una serie de  situaciones.
“Estamos pidiendo la anulación total del nuevo Código, pero además, queremos que la ministra renuncie a sus funciones, además que las bases determinaron no suspender las medidas de presión”, dijo Oquendo.
Colegio Médico de Bolivia
El Colegio Médico de Bolivia devolvió el acuerdo que envió el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, y observó que no se haya incluido un punto acordado en el acta del preacuerdo.
La dirigencia insiste en una cita con el ministro de Gobierno, y descartan levantar las medidas de presión hasta que no firmen el documento.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz, detalló que el acuerdo enviado por Romero no incluye el «cese a la persecución a universitarios y dirigentes», el cierre de farmacias, descuentos y despidos a médicos que están en paro. La dirigencia de este ente colegiado,  exige una reunión con el ministro Romero para analizar este punto. (eP).
Apunte
Antecedente del conflicto médico
Los médicos del país acatan un paro indefinido desde el 23 de noviembre en rechazo al artículo 205 del nuevo Código de Procedimiento Penal, que a juicio de los profesionales “criminaliza” su profesión, además refutan la instauración de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto supremo.
A nivel nacional son realizadas una serie de movilizaciones, en contra del Gobierno y la ministra de Salud, argumentando que no temen a los descuentos anunciados.